Sentencias destacadas - Books and Journals

Sentencias destacadas

Editorial:
Fundación Libertad y Desarrollo
Fecha publicación:
2018-03-22

Últimos documentos

  • La necesidad de un análisis de riesgo como presupuesto para la gestión ambiental y la ponderación de derechos. STC Rol Nº 9418-20

    La sentencia del Tribunal Constitucional que se analiza, corres- ponde al requerimiento de inaplicabilidad del artículo 8° inciso primero de la Ley No 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con relación al reclamo de ilegalidad presentado ante el Tercer Tribunal Ambiental “Unidad Vecinal No 33 Puntra Estación con Superintendencia del Medio Ambiente”. El comentario analiza el modelo de evaluación ambiental que subyace a la normativa, y el rol del análisis de riesgo para un correcto análisis de la cuestión constitucional controvertida. Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional rechaza el requerimiento, pero con una perspectiva más enfocada en la legali- dad, mientras las disidencias plantean más bien una ponderación de derechos también bajo un análisis de riesgo.

  • ¿Cuánto es «suficiente»? Separación de funciones, proporcionalidad y criterios de graduación de sanciones administrativas a propósito de la potestad sancionadora del Consejo Nacional de Televisión. STC Rol Nº 9167-20-INA

    El presente comentario analiza críticamente la sentencia de 1° de abril de 2021 mediante la cual el Tribunal Constitucional volvió a declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 33 No 2 de la Ley No 18.838 de 1989 –que establece la facultad del Consejo Nacional de Tele- visión de imponer multas– en atención a la insuficiencia de los criterios de graduación de multas consagrados en dicha norma. A partir de este análisis, se argumenta que el problema de la adecuada predeterminación normativa de sanciones administrativas supone un ejercicio de ponderación de distintos valores, principios y derechos constitucionales en tensión, que puede resolverse de forma jurídicamente más consistente reivindicando el rol del principio de proporcionalidad como estándar de razonabilidad en un contexto de separación de funciones estatales en materia sancionatoria. En este sentido, se proponen distintos criterios o parámetros para evaluar la suficiencia de la determinación legal de sanciones administrativas.

  • Efectividad del modelo de prevención de delitos. Algunas consideraciones a propósito del «caso Corpesca». STJOP 3º Rol Nº 309-2018. SCA Rol Nº 2.100-2021

    En el presente trabajo se revisan los requisitos de un modelo de prevención de delitos para exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica, a propósito de la sentencia condenatoria a la empresa Corpesca S.A. Primero se abordan algunas cuestiones generales sobre un modelo efectivo y sus posibles efectos, para luego distinguir entre diversas etapas relevantes en la evaluación de dicha efectividad, analizando lo referido por la sentencia res- pecto de cada una de ellas.

  • Control jurisdiccional sobre la administración del Estado en materia de políticas públicas: el caso de la vacunación obligatoria. SCA Valparaíso Rol Nº 12.061-2021

    Este trabajo tiene por objeto analizar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 22 de junio de 2021, dictada en causa Rol No 12.061-2021. En términos generales, se busca extractar y analizar criterios empleados por jurisprudencia nacional y comparada en casos similares en que se ha requerido a la jurisdicción controlar la discrecionalidad de la Admi- nistración del Estado en materia de políticas públicas de obligatoriedad de vacunaciones.

  • Legítima defensa y violencia contra la mujer. SCA Antofagasta Rol Nº 648-2021

    El texto analiza la sentencia de la I. Corte de apelaciones de Anto- fagasta que absuelve a una mujer del delito de homicidio frustrado. Tras haber sido condenada por el delito en cuestión, el tribunal de alzada estimó que no era sostenible analizar el caso soslayando el historial de violencia constante al que la víctima sometió a la mujer; en particular, el fallo declaró configurada la legítima defensa no obstante el hecho que entre el término de la agresión del hombre contra la mujer y la conducta homicida de esta había mediado un lapso de aproximadamente dos horas. El argumento de la Corte reposa en que esta causa de justificación ha de abordarse “desde una perspectiva de género”, lo que supondría una flexibilización cronológica del requisito de la actualidad o inminencia de la agresión.

  • Uso de armas de fuego menos letales durante manifestaciones: el caso «Pavón con Zenteno». SCA Valparaíso Rol Nº 37406-2019

    El comentario se enfoca en la sentencia “Pavón con Zenteno” dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para analizar el modo en que la práctica judicial chilena ha procesado los conflictos sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros durante las protestas recientes.

  • De nuevo sobre la interrupción civil de la prescripción y la necesidad de un comportamiento procesal efectivo del demandante. SCS Rol Nº 4310-2021

    en este comentario se analiza un caso de demanda de daños y perjuicios de un particular en contra de un establecimiento público de salud, el que en primera instancia se rechaza por haberse acogido la excepción de pres- cripción extintiva. Así, en lo sustancial, el comentario busca determinar desde cuándo se produce la interrupción civil de la prescripción, exponiendo un giro jurisprudencial de la Corte Suprema en mayo de 2016 y los ajustes que intro- dujo la Ley No 21.226 en las normas procesales con ocasión de la pandemia de COVID-19.

  • Uso de drones en espacios privados para fines periodísticos, ¿el fin justifica los medios? SCS Rol Nº 17.473-2021

    este comentario revisa la sentencia Rol No 17.473-2021 de la Corte Suprema, que rechaza el recurso de protección interpuesto por la gra- bación de imágenes del domicilio de un senador sin su consentimiento, y su posterior exhibición en televisión. Se cuestiona que la Corte Suprema estime que tales conductas se amparan en la libertad de información y dar noticia sobre el pago del impuesto territorial por parte de los parlamentarios, lo cual sería de interés público. Se postula en cambio, que la Corte debió amparar la vida privada y la inviolabilidad del hogar, y que la libertad de información fue ejercida en forma ilegítima.

  • Juicios orales realizados a través de videconferencia y su compatibilidad con la garantía del debido proceso. SCS Rol Nº 31.702-2021

    en este comentario se revisa una sentencia de la Corte Suprema para identificar por una parte la compatibilidad de los juicios orales con el debido proceso y la posibilidad de ejercer ciertos derechos, cuyo reconoci- miento resulta esencial para la vigencia de un proceso realizado de conformi- dad a la Constitución y a los tratados internacionales vigentes. En segundo lugar se analiza cómo la interacción de los testigos con terceros puede vulnerar el debido proceso, debido a la restricción de la posibilidad de confrontar la prueba que se rinde durante la audiencia de juicio oral.

  • Una feliz derrota para el activismo persecutor: el caso del delito de puesta en peligro de la salud pública durante la pandemia de covid-19. SCS Rol Nº 125436-2020

    se comenta aquí la sentencia Rol No 125436 de la Corte Suprema en materia del artículo 318 del Código Penal (el tipo penal más utilizado y dis- cutido en el marco de lo que podría denominarse el “combate penal chileno” a la pandemia de Covid-19). Tal sentencia tuvo el indudable mérito de descartar la tipicidad de los supuestos de mera infracción al toque de queda, para lo cual se valió de las nociones de delito de peligro hipotético y delito de peligro abstracto-concreto. Se examinan aquí aquellos conceptos, contrastándolos con las fuentes doctrinarias comparadas y nacionales. El trabajo examina luego –críticamente– la tipicidad de las aglomeraciones no autorizadas, hipótesis cuya tipicidad bajo el art. 318 del Código Penal es explorada en obiter dicta por la aludida sentencia. En fin, en las conclusiones se pondera el valor de la senten- cia, colocándola en un contexto más amplio: es decir, caracterizándola como una feliz derrota para el activismo persecutor, lo que en este caso coincide con una derrota para la denominada administrativización del derecho penal.

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