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• Ne bis in idem, acumulación de sanciones penales y administrativas por un mismo hecho y nuevo artículo 78 bis del Código Penal

  Los casos de acumulación de sanciones penales y administrativas por un mismo hecho, cuya legitimidad ha sido cuestionada por la jurisprudencia principalmente desde la perspectiva de la prohibición de bis in idem, han aumentado significativamente en las últimas décadas. En agosto de 2023, la Ley 21.595 incorporó un nuevo artículo 78 bis al Código Penal, norma cuyo objeto es regular la acumulación o compatibilidad de sanciones penales y administrativas respecto de un mismo hecho. Este trabajo tiene por objeto analizar la aplicación de la prohibición de sanción múltiple en Chile, con especial referencia al nuevo artículo mencionado.

• El análisis económico del derecho y la multa contra las personas jurídicas: Visión crítica y propuestas de reorientación

  Este artículo aborda las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 en el régimen de penas para las personas jurídicas en Chile, con un enfoque en la implementación de un sistema de días‑multa y su impacto en la prevención especial frente a empresas delictivas. El objetivo fundamental es examinar críticamente la aplicación de penas económicas como principal herramienta disuasoria, señalar sus limitaciones prácticas con respecto a penas estructurales, y proponer alternativas sancionatorias más idóneas para lograr los fines preventivos. La metodología empleada consiste en un análisis dogmático-jurídico del sistema de días-multa, a partir de los soportes teóricos del análisis económico del derecho y el modelo del actor racional, y la racionalidad limitada y los modelos de toma de decisiones. El resultado principal indica que, aunque la Ley 21.595 pretende disuadir la criminalidad organizacional mediante un régimen sancionatorio robustecido, existen desafíos significativos que cuestionan su efectividad práctica y justifican la exploración de enfoques más estructurados y adaptativos en el diseño de sanciones corporativas.

• La prohibición penal del aporte electoral de personas jurídicas

  El artículo analiza las disposiciones legales que configuran un sistema de financiamiento electoral que proscribe y sanciona el aporte económico de personas jurídicas. A tales efectos, la investigación revisa el origen histórico de ese modelo de financiamiento y su contraposición con el de la Ley 19.884 original. El resultado principal de la investigación ha sido identificar el objeto de protección de las normas de comportamiento que prohibieron el aporte de personas jurídicas al financiamiento de campañas electorales y, a partir de esa determinación, realizar la tarea hermenéutica de precisar el alcance de los términos utilizados por el legislador en la configuración del delito de financiamiento electoral activo y pasivo.

• La noción de delito económico como mera categoría clasificatoria: Análisis crítico desde un punto de vista sustantivo y procesal

  El presente trabajo se propone problematizar la noción de delito económico introducida por la Ley N°21.595 en lo que atañe a su consideración de mera categoría clasificatoria y de remisión dispuesta para hacer aplicable el régimen especial de determinación de pena respecto de personas naturales en los casos de los denominados delitos de segunda, tercera y cuarta categoría. Para estos efectos, el trabajo cuestiona la asunción de dos tesis como esencialmente problemáticas: de una parte, aquella que considera el criterio de “involucramiento corporativo” como un mero factor condicionante de la calificación de delito económico para remitir a un régimen especial de determinación de la pena; y, de otra parte, aquella que sobre la base del supuesto sentido de sentencing del nuevo estatuto, afirma que el debate sobre la calificación de un delito como económico debe verificarse en la audiencia de determinación de la pena del artículo 343 del Código Procesal Penal. En este sentido, la investigación ofrece una valoración crítica de ambas aserciones, tanto desde una perspectiva sustantiva como procesal, para concluir promoviendo la consideración del criterio de involucramiento corporativo como un elemento típico agregado a los delitos bases involucrados como solución interpretativa superadora de tales críticas con el objetivo de que la nueva categoría pueda ser legítimamente aplicada.

• Superposición internacional de competencias persecutorias en casos de responsabilidad penal corporativa

  El artículo ofrece una reconstrucción de la superposición de persecuciones y sanciones en casos de derecho penal corporativo que involucran a empresas multinacionales. En casos de esta clase, autoridades penales de distintos países asumen que tienen competencia para investigar y sancionar a una misma empresa por los mismos hechos. El artículo entrega cinco proposiciones que resumen las razones por las que esta configuración es probable, da cuenta de tres formas que tienden a tomar los casos, reconstruye las ventajas y desventajas asociadas a esta configuración y entrega prescripciones sobre el modo de abordarla en el derecho chileno.

• La responsabilidad penal de la sociedad matriz por el delito de su filial

  El presente artículo analiza la posibilidad de sancionar penalmente a una sociedad matriz por los delitos cometidos por alguna de sus filiales, a la luz de la Ley de Delitos Económicos. Se abordan así algunas cuestiones generales referentes a los modelos de atribución de responsabilidad penal para las personas jurídicas, para luego ahondar en los principales supuestos en los que podría configurarse la responsabilidad penal de la sociedad matriz. Realizado lo anterior, el artículo examina qué debe entenderse por carencia de autonomía operativa como requisito para responsabilizar a la matriz por el hecho de su filial.

• La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Alemania

  En Alemania no existe un verdadero Derecho penal para las personas jurídicas. En cambio, la ley permite imponer sanciones administrativas o “parapenales”. Una comparación jurídica de modelos del ordenamiento jurídico angloamericano y de conceptos discutidos en España y América Latina revela otras particularidades y muestra que el Derecho alemán ‑al menos en su forma legalista y su justificación dogmática‑ es cada vez más singular. Una mirada a la historia jurídica muestra que estas peculiaridades se basan principalmente en coincidencias históricas, no en necesidades dogmáticas. Las reformas son urgentemente necesarias.

• Graduación de la culpabilidad en la determinación de la pena del delito económico

  El objetivo principal de este artículo es examinar el régimen de adaptación y concreción de las penas privativas de la libertad vigente en la Ley de Delitos Económicos, particularmente en lo que respecta a los efectos asociados a la graduación de la culpabilidad. El método empleado es el dogmático, a través del cual se analizan y sistematizan disposiciones que regulan un catálogo específico y exclusivo de circunstancias modificatorias para el delito económico, junto con la ponderación de sus efectos en la determinación del marco penal, la fijación de la cuantía exacta de la pena y la procedencia de penas sustitutivas. El resultado principal de este estudio es la constatación de que el actual régimen vigente para el delito económico es especial y más gravoso para el imputado que aquel previsto en el Código penal chileno y que la graduación de la culpabilidad prevista en la ley trae aparejados problemas de diversa naturaleza.

• El delito de receptación: Bien jurídico ofendido y problemas de imputación subjetiva a la luz del artículo 456 bis A del Código Penal chileno

  El artículo tiene por objetivo principal abordar dos aspectos concretos del delito de receptación: el fundamento de su castigo y los problemas de imputación subjetiva que surgen bajo el Código Penal chileno. Para tales fines, el método empleado es examinar separada y críticamente las principales tesis acerca del bien jurídico ofendido, así como las distintas interpretaciones ofrecidas en la doctrina chilena sobre el alcance que tendría la cláusula «no pudiendo menos que conocer» del artículo 456 bis A. Como resultado de lo primero, se concluye y defiende la tesis de que la receptación pone en riesgo los mercados lícitamente establecidos, lo que se compagina con el estatus de delito económico que puede llegar a exhibir bajo la Ley 21.595. En cuanto al segundo problema, se concluye que la función de aquella cláusula es operativizar una imputación de dolus ex re, cuyas dificultades son ilustradas a partir de los casos de ignorancia deliberada.

• Nueva Ley de Delitos Económicos

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