Ius et praxis - Books and Journals

Ius et praxis

vLex
Editorial:
Universidad de Talca
Fecha publicación:
1970-10-28
ISBN:
0718-0012

Número de Revista

Últimos documentos

  • Fundamentos y alcances del régimen sancionador de derecho urbanístico

    Esta investigación tiene por objeto analizar críticamente el régimen sancionador urbanístico regulado en la LGUC, con el propósito de identificar déficits de tipicidad, criterios de graduación, distinción entre sanciones y medidas de restablecimiento, e insuficiencias en prescripción. Luego de un estudio dogmático de las normas vigentes y del análisis de jurisprudencia de diverso orden se advierte que el referido régimen presenta: i) tipos infraccionales abiertos y heterogéneos; ii) ausencia de pautas objetivas de graduación y de estándares claros de motivación; iii) uso indistinto de sanciones y medidas de restablecimiento de la legalidad; iv) institucionalidad fiscalizadora fragmentada y con incentivos débiles; y v) reglas complejas en materia de prescripción. Bajo tal contexto, se advierte la urgencia de una reforma integral que fortalezca la institucionalidad, incorpore incentivos al cumplimiento y establezca sanciones más robustas y proporcionales

  • La materialización del derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados en Colombia

    La participación de niñas y niños en los procesos de toma de decisiones que afectan directa o indirectamente sus vidas constituye un derecho fundamental, expresamente reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano. Gracias a este, se imponen obligaciones concretas a las autoridades judiciales y administrativas para garantizar su cumplimiento. No obstante, la efectividad de este derecho se ve limitada por enfoques paternalistas, adultocéntricos y estereotipados que perciben a la infancia como un grupo vulnerable, manipulable, incapaz de comprender su realidad, de manifestar una opinión clara e informada sobre lo que más les conviene o de valorar las consecuencias futuras de sus decisiones. Este artículo analiza dichas tensiones a partir de una revisión doctrinal y jurisprudencial que incluye literatura académica especializada, el marco constitucional y legal colombiano, instrumentos internacionales en materia de derechos de la infancia y adolescencia, así como decisiones relevantes de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia colombianas. Se concluye que, a pesar del reconocimiento normativo del derecho y de los esfuerzos desplegados para su protección real y efectiva, aún queda un largo camino por recorrer para afirmar que Colombia reconoce a cabalidad sus compromisos internacionales en materia de protección de la infancia y la adolescencia

  • Protección de datos y vulnerabilidad socioeconómica: los desafíos de la automatización en la asistencia social

    Este artículo evalúa la suficiencia de las salvaguardas de la Ley de Protección de Datos Personales chilena frente a la elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado de datos sensibles en la asistencia social. Tomando el Registro Social de Hogares como caso de estudio, se destaca que su digitalización expone a grupos socioeconómicamente vulnerables a riesgos desproporcionados, dada la naturaleza sensible y masiva de sus datos. La investigación concluye que el marco normativo chileno presenta una serie de limitaciones entre las que destaca la omisión de salvaguardas esenciales cuando el tratamiento es realizado por órganos públicos. La doble vulnerabilidad de los beneficiarios—tanto socioeconómica como digital—exige una revisión normativa urgente para que la tecnología no amplifique las desigualdades estructurales

  • "Olvidado en el olvido": Caracterización jurisprudencial administrativo del derecho al olvido en el Perú

    En este estudio, investigamos el desarrollo jurisprudencial del derecho al olvido en el Perú, centrándonos en el análisis de las decisiones administrativas de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) entre los años 2018 y 2022, periodo inmediatamente anterior al primer reconocimiento de este derecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A través de un análisis cuantitativo y cualitativo de 43 casos encontrados sobre derecho al olvido, identificamos que los factores del tiempo y el interés noticioso son los principales aspectos considerados por la ANPDP, pero su evaluación es inconsistente y aún no se han definido por completo estándares objetivos que hagan más predecible la aplicación de este derecho, en ausencia de una legislación expresa sobre la materia. Nuestros hallazgos nos permiten concluir un sólido reconocimiento del derecho al olvido en el Derecho peruano, pero una falencia en criterios claros para determinar cuándo procede la eliminación, desindexación o actualización de información en línea. Estos hallazgos pueden servir de línea de base para investigaciones posteriores sobre la evolución de este derecho, en especial en países en los que su reconocimiento ha surgido desde los tribunales

  • Ius resistentiae y desobediencia laboral. Ante el riesgo grave e inminente

    Esta investigación analiza las posibilidades de autodeterminación que se confieren a la persona trabajadora en aquellos supuestos de riesgo grave e inminente contemplados en el artículo 184 bis del Código del Trabajo. En tal sentido, se examinan los supuestos de hecho contenidos en la precitada norma, luego se formulan y justifican las similitudes distinciones entre la desobediencia laboral y el ius resistentiae. Finalmente se delimitan los campos de acción en los que opera cada uno de estos institutos

  • La abstención de la Contraloría General de la República y el voto disidente de la Corte Suprema: competencias indisponibles y confianza legítima en el empleo público a contrata

    Este comentario analiza una sentencia de la Corte Suprema de Chile que confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en un recurso de protección interpuesto contra la Contraloría General de la República. El conflicto se originó en el dictamen mediante el cual la Contraloría decidió abstenerse de conocer reclamaciones vinculadas a la aplicación del principio de confianza legítima en las contratas del sector público. La Corte de Apelaciones desestimó la acción, decisión ratificada por la Corte Suprema, aunque esta última eliminó los considerandos que avalaban sin matices la abstención del órgano de control. El comentario se centra en el voto disidente, favorable a acoger la acción, el cual ofrece una lectura más consistente sobre la aplicación del principio y sobre el equilibrio entre control judicial y control administrativo de la actividad estatal

  • La plausibilidad en la oposición a la demanda monitoria de arrendamiento: un estándar probatorio

    El objetivo de este trabajo es justificar que la exigencia de “fundamento plausible” para la oposición en el juicio monitorio de arrendamiento puede (y debe) ser leída como una regla de estándar probatorio. Para tales efectos, se identifican los sentidos que pueden atribuirse al vocablo empleado por la disposición legal como un contexto obscuro, que –para ser clarificado– requiere adaptarse al diseño normativo del procedimiento, los objetivos de la modificación legal y la distribución adecuada del riesgo de error en esta materia. En concreto, se propone que la plausibilidad del fundamento de la oposición se alcanza cuando sus premisas fácticas son, a la luz de la limitada prueba disponible, en algún aspecto relevante, más probablemente verdaderas que las que sustentan la pretensión del demandante, aunque no necesariamente robustas

  • Artículo 529.1 del COIP: una mirada constitucional sobre las tensiones entre la presunción de inocencia y la exposición mediática

    El presente trabajo analiza la constitucionalidad del artículo 529.1 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que autoriza la identificación pública de personas aprehendidas en situación de flagrancia por determinados delitos. El estudio examina las tensiones que dicha disposición genera respecto de la presunción de inocencia, el principio de igualdad procesal y las garantías del debido proceso, a partir de los efectos de estigmatización y exposición mediática que produce. Para ello, se desarrolla un análisis dogmático y constitucional del concepto de flagrancia y del estatus jurídico de inocencia, así como una revisión de la arquitectura normativa del precepto, con especial atención a su formulación abierta y a sus impactos diferenciados. El trabajo incorpora el precedente Barberán Queirolo de la Corte Constitucional ecuatoriana, relativo a los límites de la exposición pública por parte de autoridades estatales, y aplica un test de razonabilidad y proporcionalidad a los fines invocados por el legislador, como la transparencia y la disuasión penal. Se concluye que la exhibición pública de personas no condenadas carece de idoneidad probada, no resulta necesaria frente a alternativas menos lesivas y es desproporcionada en sentido estricto, al ocasionar afectaciones irreparables a la dignidad personal y al ejercicio del derecho a la defensa

  • Algunos desafíos y necesidades que enfrentan las revistas científicas frente al devenir de la investigación jurídica
  • Tribunales Ambientales en Chile: la especialización jurisdiccional en peligro

    El presente trabajo busca demostrar que la justicia especializada instaurada en nuestro país para el conocimiento de las controversias ambientales presenta importantes deficiencias tanto en su diseño competencial como en su estructura orgánica, lo que ha impedido maximizar las ventajas propias de la especialización. Esta situación resulta especialmente preocupante si se considera la necesidad de contar con interpretaciones uniformes, técnicamente fundadas y coherentes, que promuevan una mayor observancia y eficacia de las normas ambientales. Asimismo, las interpretaciones jurisprudenciales adoptadas por la Corte Suprema han profundizado esta problemática, en la medida en que han permitido la intromisión de jueces generalistas en decisiones que exigen un alto grado de comprensión jurídica y técnica. Esta apertura tensiona el principio de especialidad que inspira a los Tribunales Ambientales y también genera un escenario de fragmentación interpretativa, debilitando la coherencia del sistema jurídico ambiental y afectando la previsibilidad de las decisiones jurisdiccionales

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