Ius et praxis - Books and Journals

Ius et praxis

Editorial:
Universidad de Talca
Fecha publicación:
1970-10-28
ISBN:
0718-0012

Últimos documentos

  • Análisis de la exhibición documental de terceros y la disclosure against a person not a party en el proceso civil

    Una de las cuestiones que más preocupación genera en el ámbito de la prueba documental es la aportación al proceso de los documentos que no se hallen en disposición de la parte que los quiera utilizar para alcanzar la tutela judicial deseada. Ello sucede cuando esta fuente probatoria se encuentra en manos de otra parte procesal o incluso de un tercero ajeno al proceso judicial. El ordenamiento jurídico español regula esta realidad a través de la exhibición documental en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC)4, aunque con algunas lagunas y deficiencias. Es por este motivo, y dada la relevancia que supone para el órgano decisor disponer de todos los elementos probatorios para la consecución de la anhelada justicia (art. 1.1 de la Constitución Española, en adelante CE), y para las partes utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 CE), que hemos querido acudir al derecho comparado para analizar el tratamiento jurídico que recibe esta institución procesal. A tal fin, y por su especial trascendencia en el common law, nos hemos fijado en la institución jurídica de la disclosure, regulada en la Civil Procedure Rules (en adelante CPR)5. En el presente trabajo nos proponemos examinar los elementos esenciales propios de cada una de las referidas instituciones procesales, dedicando especial atención a la aportación documental de terceros en el proceso judicial para, en última instancia, detectar sus puntos de encuentro y desencuentro.

  • El deber contractual de información del abogado

    En el presente trabajo se analiza el contenido del deber de información del abogado con relación a su cliente en dos escenarios: cuando el encargo consiste en gestiones judiciales en donde el primero asume la defensa de los derechos del segundo, y, cuando los encargos consisten en gestiones no judiciales que pueden ser variados en su objeto.

  • El reconocimiento de la terrritorialidad aymara mediante la propiedad ancestral indígena como Derecho propio

    Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de fecha 12 de febrero de 2020, pronunciada en autos rol No. 12.988-2019, caratulados “Huanca Alave, Martín con Dirección General de Aguas”, sobre regularización de derechos de aprovechamiento de aguas al tenor de lo dispuesto en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas

  • Liquidación y ejecución de sentencias condenatorias en el proceso colectivo chileno de consumidores y usuarios

    La liquidación y ejecución de sentencias colectivas en materia de consumo suelen resultar complejas en atención a la indeterminación inicial de los montos indemnizatorios y de los afectados que pueden solicitar una reparación. Por ello, las herramientas previstas para estos efectos en el Código de Procedimiento Civil por sí solas serían insuficientes sin un adecuado marco regulatorio especialmente previsto para la liquidación y posterior ejecución tanto de las sentencias condenatorias como de aquellas denominadas estructurales en materia de derechos colectivos y difusos. Lo anterior justifica entonces la incorporación de mecanismos como los fondos de reparación, que aseguren que el monto de las indemnizaciones no quede en manos del infractor, y que sean destinados a la reparación individual de los consumidores afectados o en subsidio, a cumplir con algún otro objetivo establecido por la ley.

  • La pre-action disclosure y las diligencias preliminares: un estudio comparado

    A veces, quizás más de lo deseado, las partes acuden a los tribunales de justicia sin contar con todas las herramientas necesarias para poder afrontar el proceso de manera eficaz. Siendo esto así, ¿es posible que las futuras partes puedan llevar a cabo alguna actuación previa para iniciar el proceso en mejores condiciones, o incluso llegar a evitarlo? Como es bien sabido, la respuesta es afirmativa en el caso español, que regula las diligencias preliminares, si bien de manera incompleta, en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC)4. Con el objetivo de alcanzar el propósito inicialmente indicado, se hace necesario ahondar en el análisis de otras instituciones procesales afines existentes en el derecho comparado para intentar mejorar el funcionamiento de las diligencias preliminares. Una figura similar es la pre-action disclosure del ordenamiento jurídico inglés, que se encuentra regulada en las Civil Procedure Rules (en adelante CPR) y sus respectivas Practice Directions (en adelante PD)5. El presente trabajo tiene como finalidad examinar las notas características de ambas instituciones procesales, así como sus puntos de encuentro y desencuentro a la luz de la doctrina judicial española e inglesa6.

  • Una institución particular. La pena de muerte en Estados Unidos en la era de la abolición David Garland (traducción de María Luisa Piqué), Buenos Aires, ediciones Didot, 2013, 463 pp.
  • Los fundamentos históricos del derecho del consumo

    En este trabajo estudiamos el origen histórico del Derecho del Consumo, desde el Derecho Romano pre- clásico hasta el Derecho Común. A lo largo de este devenir ponemos de manifiesto que los orígenes de la protección a los consumidores y usuarios puede situarse en tiempos más pretéritos al siglo XIX o XX, como suele afirmarse. Esto nos conduce a considerar el sistema de protección que dictaba el Derecho clásico, postclásico y la compilación de Justiniano. Así como, aproximarnos al Derecho Real de Castilla. Lo cual, nos va a permitir determinar las reminiscencias de aquellos Derechos que aún perviven en nuestro actual Derecho del Consumo.

  • Las facultades colegislativas de los gobernadores en el constitucionalismo subnacional argentino

    De acuerdo a Mainwaring y Shugart (2002), los poderes ejecutivos en un sistema presidencialista pueden ser clasificados en fuertes y débiles a partir de dos variables: los poderes partidarios y los poderes de legislación. Ambos se refieren a la habilidad de los ejecutivos de implementar políticas públicas y en particular a su relación con el poder legislativo, en tanto principal instancia de decisión de políticas públicas. El presente trabajo intenta llevar los términos de la discusión al análisis comparativo al nivel subnacional en Argentina. Con este objetivo en mente, se analizarán los poderes legislativos conferidos a los poderes ejecutivos por las constituciones provinciales en un análisis comparativo de las 24 jurisdicciones provinciales. El objetivo del trabajo es determinar con qué poderes legislativos cuentan los gobernadores y en función de ello determinar el grado de fortaleza o debilidad dentro de la estructura institucional formal-constitucional.

  • Libro Blanco de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial. Un enfoque europeo hacia la excelencia y la confianza
  • Relaciones de cuidado y representación legal de niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental en Chile

    Este trabajo identifica las relaciones de cuidado de niños, en especial, la medida de protección que les separa de su familia; concluyendo que el cuidado que surge de ella no está siempre asociado a la representación legal, lo que dificulta la aplicación de leyes que exigen la notificación y/o concurrencia de tales representantes o la defensa de intereses del niño.

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