Las fronteras de la criminalización
| Autor | John Lea |
| Cargo del Autor | Profesor de Criminología de la Universidad de Middlesex |
| Páginas | 75-96 |
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DELITOY MODERNIDAD. NUEVASARGUMENTACIONESE N LA CRIMINOLOGÍA REALISTA DE IZQUIERDA
CAPÍTULO III
LAS FRONTERAS DE LA CRIMINALIZACIÓN
El capítulo previo intentó ilustrar algunos de los factores implicados en el
desarrollo de las relaciones soci ales del control del delito durante el siglo XIX. El
ejemplo estuvo limitado a un país, In glaterra, y estuvo preferentemente abocado al
establecimiento del control del d elito en las comunidades de la clase obrera. S in
embargo, estos des pliegues ilustraban la tenden cia más general por extender y
consolidar la s r elaciones de gobernancia dur ante ese periodo. El éxito de estas
intenc iones, segú n ya se argumen tó, se debió a la co nfluencia d e la ofensiva
modernizadora de los sectores ilustrados de la burguesía y las tendencia s predomi-
nantes del desarrollo capitalista.
El proceso no estuvo libre de conflictos y contradicciones. Ya he apuntado las
dos tendencias contrastantes de la liberación y el disciplinamiento implicadas en la
modernización. Por una parte, el Estado de derecho, la extensión de derechos y el
proceso legal establecido fueron de provecho general para la expansión de la j usti-
cia penal; pero esto implicaba, por otra parte, la transferencia al Estado de la reso-
lución de conflictos y la par ticipación e n su solución. Más aún, la extensión del
control del delito era parte de un proce so más amplio de regulación de la vida
social y el espacio público, que reforzaba las concepciones de conducta clasistas y
de género. La persistente función del sistema de justicia penal como agente directo
de represión de la clase obrera a favor de la burguesía, del trabajo a través del
capital, constituye una dimensión posterior.
Pero el control del delito no era la única forma de gobernancia en el trabajo;
en cam bio sí lo era u na varied ad de estr ategias d e goberna ncia diri gidas al
disciplinamiento y la socialización de la población. Otras incluían diferentes princi-
pios y formas de funcionamiento. Por ejemplo, el welfare state estaba orientado al
manejo y mantenimiento de los problemas y las patologías social es, y hasta cierto
punto socavaba las nociones jurídicas de responsabilidad individual inherentes a la
criminalización. Los dos sistemas eran capaces de alcanzar un acomodamiento, par-
ticularmente en las áreas de la delincuencia juvenil, donde las nociones de respon-
sabilidad individual se podían modificar sustancialmente (ver, por ejemplo, Wootton,
1959). Esto facilitaba la incorporación de lo jurídico dentro del espectro de las ins ti-
tuciones reguladoras del Estado (ver Foucault, 1979, p. 144).
Otros modos de gobernancia y regulación sentaron restricciones más severas
al desplieg ue de la criminalización. En este capítulo, me centraré en tres ejemplos.
El primero surge de la necesidad de garantizar autonomía al capital privado en la
regulación de los asuntos económicos. E l resultad o fue una seria restricción a la
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JOHN LEA
penetración de las relaciones sociales del control del delito dentro de las institucio-
nes claves de acumulación de capital: las empresas comerciales. La segunda concier-
ne a la preservación de la familia como la institución arcaica de autoridad privada
y regulaci ón. El tercer ejemplo se aboc a a l d esarrollo desig ual del capitalismo
como sistema económico global, con la resultante preservación, e incluso intensifi-
cación, de varias formas arcaicas de soberanía en la periferia geográfica del desarro-
llo capitalista. Desde el comienzo, la modernización ha sido un proceso complejo,
precario y contradictorio.
Las formas conflictivas de la gobernancia
Las relaciones sociales del control del delito constituyen un mecanismo de
gobernancia que se sustenta en las acciones autónomas y en el funcionamiento de
los grupos sociales: la denuncia de delitos, la voluntad de la mayoría de los sectores
de la población de brindar información a la policía , la aparición en los tribunales
como testigos, etc. -en breve, permitir y apoyar directamente el funcionamiento de
las instancias del sistema de j usticia penal. Las a cciones de la población permiten la
existencia de los discursos legales y las instituciones estatales. Ocurre de otro modo
con aquellas estrategias de gobernancia donde la función del Estado es fomentar y
apoyar el funcionamiento autónomo de l os sistemas de autoridad privada, como en
los casos de las empresas comerciales y la familia . La empresa, y los aspectos que
surgen de su operación, tales como la salud y la seguridad de los trabajadores, la
violación de la propiedad legal, como en el caso de fraude, los efectos urbanos y
ambientales de los procesos productivos, etc., tienen que reg ularse de tal modo que
se pueda minimizar la interferencia con los procesos de acumulación de capital -el
funcionamiento del mercado- y la autorida d autónoma de los propietar ios y direc-
tivos para responder a sus demandas. La gobernancia implica el establecimiento en
el lugar de «mecanismos de seguridad» que establezcan las bases legales de un
régimen de autorregulación o de «gobernancia a la distancia». La importancia de la
autoridad privada del capital tiene su origen en la naturaleza del propio proceso de
producción capitalista. Tal como lo explicaba Marx, el traba jador y el capitalista
cierran su trato -salario por tiempo laboral- como individuos jurídicamente libres
en el mercado, que es «el mismo edén de los derechos innatos del hombre. Es el
reino exclusivo de la Libertad, la Igualdad, la Propiedad y el Utilitarismo» (Marx,
1976, p. 280). Pero una vez que h a comprado el tiempo laboral del obrero a cambio
del salario, el capitalismo pone a trab ajar s u nueva posesión. En este punto, los
tratos en tre iguales se reemplazan por la autoridad del amo sobre el sirviente. De
este modo, el capitalismo requiere la coexistencia de los conflictivos principios de
la libertad y la subordinación, la liberación y el disciplinamiento (ver Lea , 1979). La
autoridad del patrón para manejar su empresa como quiere, y dirigir a sus opera-
rios, constituye un obstáculo para su apariencia como ente legal e ig ual pa ra el
obrero .
De manera similar, la familia como cuna de la reproducción y el aprendizaje
de l a auto ridad priv ada, e scud ada po r la ig uald ad leg al (y l a cal idad d e
criminalizable) de los ciudadanos en la esfera pública, tiene sentido en términos de
los requerimientos del capital. Como l o señala Ellen Meiksins Wood :
la concepción patriarcal de jerarquía y autoridad se adaptaba de manera con-
veniente a los requerimientos del capital, pues podía sostener una desigual-
dad considerable sin ser en principio incompatible con la igualdad jurídica
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