Sentencia nº Rol 165 de Tribunal Constitucional, 19 de Enero de 1993
| Fecha | 19 Enero 1993 |
| Materia | Derecho Constitucional |
ROL Nº 165
REQUERIMIENTO FORMULADO POR DIVERSOS DIPUTADOS PARA QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA INHABILIDAD DE LOS SENADORES QUE SEÑALAN, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 82, N° 11°, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICASantiago, diecinueve de enero de mil novecientos noventa y tres.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
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Que la jurisdicción se define generalmente como el poder-deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro del territorio de la República y en cuya solución les corresponda intervenir;
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Que en uso de la facultad que ella otorga de conocer, juzgar y hacer cumplir lo juzgado, los tribunales establecidos en conformidad al artículo 74 de la Constitución Política tienen jurisdicción y competencia para conocer de los conflictos de intereses de carácter jurídico que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República;
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Que los conflictos de intereses pueden producirse entre particulares, entre éstos y el Estado y entre los poderes públicos. Estos últimos escapan del control jurisdiccional de los tribunales ordinarios de acuerdo al principio de competencia establecido en el artículo 7° de la Carta Fundamental;
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Que la Constitución vigente ha sometido determinados conflictos entre poderes públicos al conocimiento de tribunales de rango constitucional que por tal circunstancia pasan a tener jurisdicción y competencia para resolverlos.
Entre los tribunales con estas facultades la Constitución contempla los siguientes:
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El Tribunal Constitucional, que tiene jurisdicción y competencia para pronunciarse sobre las materias contempladas en el artículo 82 de la Constitución Política. Entre ellas, el N° 11° establece que el Tribunal está facultado para "Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios".
En relación con esta facultad pueden precisarse los siguientes aspectos:
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El proceso debe iniciarse por acción entablada por el Presidente de la República o por 10 parlamentarios en ejercicio a lo menos, y
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El Tribunal Constitucional debe apreciar la prueba en conciencia cuando se trate de las causales de cesación del cargo de parlamentario y en derecho en los demás casos. Sin embargo, para resolver debe estarse a lo previsto en el artículo 31 de la Ley N° 17.997.
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