Informes de Auditoria - Doctrina Administrativa
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  • Informe Final N° 762-18 Revisión Al Movimiento de la Cuenta Corriente de Fondos de Terceros - Juzgado de Familia de Coquimbo

    Objetivos: La revisión tuvo por finalidad examinar los movimientos de la cuenta corriente N° 12700069956, denominada "Juzgado DeFamilia Coquimbo", que ese Juzgado mantiene abierta en el Banco Estado, en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de la presente anualidad.Asimismo, a través de esta revisión, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.En tal sentido, la revisión de esta Contraloría Regional se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justicia e InstitucionesSólidas.Muestra: No aplica.Conclusiones: Este Organismo de Control ha resuelto aprobar el movimiento de la cuenta corriente N° 12700069956, del Juzgado.de Familia de Coquimbo, correspondiente al período sujeto a examen. Asimismo, deberá adoptar las medidas pertinentes de manera dedar cumplimiento a las disposiciones del precitado artículo 515 del Código Orgánico de Tribunales.

  • Informe Final 188-18 Municipalidad de la Cruz sobre Auditoría a las Contrataciones de Personal, Nivel de Endeudamiento y Adquisiciones - Noviembre 2018

    Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría y examen de cuentas a las adquisiciones de bienes y servicios del año 2017, que pudieran afectar el endeudamiento de la Municipalidad de La Cruz, con el objeto de verificar su legalidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que la sustenta; determinar si el saldo que registran los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de dicho año es fidedigno; verificar el oportuno e íntegro depósito en cuenta corriente de los ingresos propios; comprobar que los procedimientos de contratación de personal realizados en dicha anualidad se hayan ajustado la normativa que la regula y, por último, constatar el número de solicitudes de información que ese ente edilicio ha recibido de conformidad a la citada ley N° 20.285, y sus respectivas respuestas.Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley N° 10.336, y la resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, que Fija Normas de procedimientos sobre Rendición de Cuentas.Muestra: Las partidas sujetas a examen obtenidas a través de muestreo analítico, que consideró principalmente criterios de riesgo y materialidad, incluyó las remuneraciones mensuales de 12 funcionarios de la gestión municipal, por la suma de $259.518.592; así como 636 transacciones asociadas a adquisiciones de bienes y servicios, por un monto de $1.699.467.359, e ingresos propios por la cantidad de $1.281.098.844, que se generaron en 3 meses del año 2017.Los montos y porcentajes examinados se muestran en el siguiente cuadro:MATERIA ESPECÍFICA UNIVERSO MUESTRA $ N° $ N° %Ingresos 4.205.903.374 12 1.281.098.844 3 30,46Total desembolsos año 2017 4.442.502.748 2076 1.699.467.359 636 38,25Subtítulo 21 Recursos Humanos (*) 626.404.737 57 259.518.592 12 41,43TOTAL 9.274.810.859 3.240.084.795 34,93Fuente: Elaboración propia sobre la base a la información proporcionada por la Municipalidad de La Cruz.(*) Monto incluido en el total de desembolsos año 2017A su vez, se analizaron como partidas adicionales del subtítulo 21, los pagos efectuados en el año 2017 a 4 funcionarios del Departamento de Salud, por un total de $43.371.238 y 24 transacciones contabilizadas en el año 2016 en el subtítulo 22, por la suma de $45.616.672, cifras que no forman parte del universo antes mencionado.Conclusiones: • Se comprobó que la Municipalidad de La Cruz pago honorarios por la suma de $16.000.008, por realizar asesoría financieras y contables, funciones que según el artículo 27, de la mencionada ley N° 18.695, son propias de la de la Unidad de Administración, por lo que esta Sede Regional, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la señalada ley N° 10.336, procederá a formular el reparo pertinente, debiendo ese municipio dejar sin efecto, a la brevedad, el aludido contrato, o bien, adecuarlo a los servicios que actualmente estaría prestando ese servidor, consistente en la actualización del sistema contable, medida que será comprobada por esta Sede Regional en una visita de seguimiento.• En cuanto a los pagos efectuados a un funcionario, por $11.111.110 -correspondientes a $2.222.222, por un resumen de la ley N° 20.965, sin que se advierta el objetivo de adquirir una asesoría para tal concepto; a $2.222.222, respaldados con un documento presentado por ese prestador de servicio, que, con excepción de dos párrafos, es una copia en distinto orden de alguno de los artículos del citado decreto N° 1.675, de 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; a $2.222.222, en que se acompaña un reglamento de convivencia escolar para los colegios de La Cruz, cuyo texto es idéntico al del Colegio Arturo Prat Chacón, de la comuna de Viña del Mar; a $2.222.222, respaldados por un resumen de la resolución N° 102, de 2017, del Consejo para la Transparencia, y adicionalmente acompaña antecedentes publicados en internet por el Fondo Nacional de Seguridad Pública; y a $2.222.222, que adjunta un texto denominado servicios de atención a vecinos de La Cruz Proyecto “Tarjeta Vecino Crucino”, que es prácticamente idéntico al reglamento de la “Tarjeta Vecino Municipalidad de Las Condes”-, esta Sede Regional procederá a formular el reparo pertinente, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la señalada ley N° 10.336.Además, se remitirá copia de este Informe Final a la Fiscalía Local del Ministerio Público, para los fines que estime pertinentes, por estimar que en la especie podrían configurarse hechos que podrían revestir caracteres de delito. • Se verificó que los informes que respaldan los desembolsos efectuados por ese municipio a otro servidor a honorarios, que alcanzan la suma de $13.333.336, por concepto de asesorías jurídicas, solo indican las labores realizadas, sin adjuntar documento que permita comprobar la efectividad de las mismas, comprobándose además que algunas actividades informadas son coincidentes con las pagadas a la Sociedad Alberdi Consultores Ltda. Por lo anterior, esta Sede Regional procederá a formular el reparo de dicha suma.• En lo referido a los montos indebidamente pagados a varios funcionarios por las sumas de $1.477.298, $2.747.109, $1.596.442, y $4.710.881, por concepto de planillas suplementarias que ya se habían absorbido completamente por el aumento de nivel de sus respectivas carreras funcionarias, y a esta última, además, por $2.205.000, por el exceso con que se calculó y pagó su asignación transitoria de salud, corresponde que ese municipio comunique el resultado de la gestión de cobro realizada a cada uno de ellos en el plazo de 30 días hábiles, caso contrario, esta Entidad de Control efectuará el reparo respectivo, conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.Además, se remitirá copia de este Informe Final a la Fiscalía Local del Ministerio Público, para los fines que estime pertinentes, por estimar que en la especie podrían configurarse hechos que podrían revestir caracteres de delito.• Se comprobó que las planillas suplementarias pagadas por el Departamento de Salud Municipal no se han ido absorbiendo en el tiempo, como lo ordena el artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.250, muy por el contrario, estas se han ido incrementando, las que, en el caso de funcionaria, que entre otras labores ingresa los datos necesarios para el cálculo de remuneraciones del Área de Salud Municipal, aumentaron en un 67,75%, correspondiendo que esa entidad afine el procedimiento sumarial que informa ha instruido sobre la materia, remitiendo copia del acto administrativo a este Organismo de Control. Además, se remitirá copia de este Informe Final a la Fiscalía Local del Ministerio Público, para los fines que estime pertinentes, por estimar que en la especie podrían configurarse hechos que podrían revestir caracteres de delito. • En lo relativo al desembolso de $10.075.730, decretos de pago Nos 902 y 946, ambos de 2017, por cena aniversario de bomberos y Carabineros de Chile, respectivamente, por tratarse de actividades que no están relacionadas con el cumplimiento de actividades municipales, así como tampoco están dirigidas a la comunidad local, sino a un grupo específico de personas, lo que no se aviene con las finalidades de las entidades edilicias contempladas en el artículo 1°, inciso segundo, de la citada ley N° 18.695, esta Contraloría Regional formulará el reparo pertinente.• Se determinó que esa entidad edilicia pagó la suma de $1.698.100, por servicio de cóctel y menús para funcionarios municipales que participaron en la fiesta religiosa de la Virgen de Pocochay y para una ceremonia de Carabineros de Chile, no existiendo disposición alguna que faculte a la Municipalidad de La Cruz, de forma expresa, a entregar alimentación a su personal ni para contratarla con particulares, por lo que esta Sede Regional procederá a formular el reparo de las cuentas.• Se verificó que la Municipalidad de La Cruz no contabilizó, al 31 de diciembre de 2016, sus compromisos pendientes de pago por la suma de $404.691.706, los que debieron haber sido reconocidos como deuda, aun cuando los bienes y servicios que los originaron fueron facturados por los respectivos proveedores y recibidos por esa entidad, tanto en dicho año como en el anterior, vulnerando con ello los anotados principios contables del devengado y de exposición, correspondiendo al ente edilicio arbitrar las acciones orientadas a evitar la reiteración de hechos similares.• La Municipalidad de la Cruz debe regularizar el vínculo contractual por el cual les corresponde regirse una serie de servidores que trabajan para ésta, según la naturaleza de sus funciones, observando lo expuesto en el dictamen N° 52.400, de 2015.• Sobre los cargos de Director del DAEM, de Director de Control y de Director de Administración y Finanzas, que no han sido provistos, corresponde que ese municipio dé cumplimiento a lo comprometido en la respuesta, en orden a que efectuará los respectivos certámenes, ya que la autoridad municipal no puede suspender indefinidamente en el tiempo la promoción de un servidor o la convocatoria a un concurso, como ocurre en la especie, pues ello importaría infringir el principio de la seguridad jurídica, en virtud del cual no pueden mantenerse indefinidamente en el tiempo las situaciones de incertidumbre en las relaciones, lo que atenta, además, contra la carrera funcionaria, consagrada en los artículos 38 de la Constitución Política de la República, 42 de la ley N° 18.695 y en el Título II de la referida ley N° 18.883. Lo contrario, podría importar un abandono de sus deberes o una desviación o abuso de facultades que, por cierto, pugnan con la forma en que deben interpretarse y aplicarse las normas de derecho.• Se constató que el ente edilicio auditado, durante el año 2017, recibió 104 solicitudes de información amparadas en la citada ley N° 20.285, de las cuales 43 fueron respondidas en los plazos establecidos en ese cuerpo legal.

  • Informe Final N° 539-18 sobre Auditoría a los Macroprocesos de Ingresos Propios, Control de Medicamentos y Funciones Institucionales del Hospital San Juan de Dios de Combarbalá

    Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría tanto a la correcta percepción de los ingresos de operación como deladecuado control de medicamentos del Hospital San Juan de Dios de Combarbalá, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.La finalidad de la revisión es determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, seencuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.Asimismo, verificar que el establecimiento presta la cartera de servicios definida por el Servicio de Salud Coquimbo para sufuncionamiento en materia de atención abierta, cerrada, de urgencias apoyo clínico, de conformidad con lo indicado en la norma general técnica N° 150, de 2013, del Ministerio de Salud, sobre criterios de clasificación de complejidad deestablecimientos hospitalarios.Muestra: Así, el número de registros determinados en muestreo estadístico totalizó 123 beneficiarios equivalentes a un 0,2% del universo antes indicado.Adicionalmente, se analizaron partidas claves correspondientes a 59 pacientes hospitalizados, de previsión FONASA C yD, e ISAPRE, equivalentes a un monto de $2.165.307, las cuales representan un 15,4% del universo antes señalado, lo anterior, por cuanto este tipo de previsión de salud debe pagar por los servicios hospitalarios prestados, en razón a que lospacientes pertenecientes a los grupos C y D de FONASA tienen una cobertura del 90% y 80%, respectivamente.Sin perjuicio de lo anterior, en relación al cobro de prestaciones, es dable señalar que en la ejecución de la presente auditoríase determinó que los pacientes de previsión FONASA, tramos C y D, en atenciones ambulatorias y de urgencia, por criterio del hospital de la comuna, no realizan pago de arancel, es decir, cuentan con una cobertura del 100%, aspecto que de igualforma será materia de la presente auditoría.Conclusiones: Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo de la presente auditoría, el Servicio de Salud Coquimbo haaportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 539, de 2018. En tal sentido, aquellas formuladas en los numerales 4, gestiones de cobro -pacientes particulares- sin previsión vigente; 5,referente a acceso a caja fuerte ubicada en el Departamento de Contabilidad y Finanzas; 6, sobre Procedimientos disciplinarios de antigua data no afinados; 7, deficiencias sobre la seguridad física de la plataforma de tecnología de lainformación TI, todas del acápite I. Aspectos de Control Interno; numerales 1.2, letra a), referido a incumplimiento de la cartera de servicios por parte del establecimiento hospitalario; 1.3, literal c), sobre formalización de Manual OIRS; 3.2, letra a), respecto de medicamentos del arsenal farmacológico básico, estas últimas del acápite II. Examen de la materia auditada, se subsanan en razón de los antecedentes proporcionados en esta oportunidad por el servicio.Luego, en lo concerniente a la observación contenida en el Acápite IV. Otras Observaciones, numeral 2, sobre cuentas porcobrar por parte del centro hospitalario a la Municipalidad de Combarbalá, por un monto total de $38.074.063, tanto el Servicio de Salud Coquimbo como la Municipalidad de Combarbalá, deberán instruir un procedimiento disciplinario con elobjeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que resulten involucrados en los hechos descritos, para lo cual ambas entidades deberán dictar el correspondiente acto administrativo y remitir una copiaa la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General, dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la total tramitación del presente documento. (C)De aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar las medidas necesarias con el objeto de regularizardichas materias, dando estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:1. Sobre lo objetado en el acápite 1 Aspectos de Control Interno, numeral 1, falta de segregación de funciones en laconfección de las conciliaciones bancarias, la autoridad del establecimiento asistencial deberá adoptar las medidas para una correcta separación de labores en lo que se refiere a la confección de las conciliaciones bancarias, toda vez que larecaudación forma parte esencial de los ingresos hospitalarios. (C)Respecto de lo representado en el numeral 2, el recinto hospitalario ' deberá confeccionar, aprobar y difundir entre susfuncionarios un código de conducta, sin perjuicio de adoptar aquel sancionado para los servidores que se desempeñan en la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo. (MC)En lo referente al numeral 3, _perfiles decargo, la entidad deberá remitir el documento comprometido en su respuesta alpreinforme de observaciones, debidamente sancionado. (C)2. En lo concerniente al capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1, referente a normativa aplicable por elestablecimiento para el cumplimiento de la cartera de servicios, el Servicio de Salud deberá ajustar la ,referida cartera, incluyendo las categorizaciones y disposiciones contenidas en la resolución N° 646, de 2013, del Ministerio de Salud, que aprueba la Norma General Técnica N° 150, sobre criterios de clasificación según nivel de complejidad de establecimientos hospitalarios.(C)De lo consignado en el numeral 1.2, literal b), respecto a la falta de instructivo y/o normativa legal que determine la medicióndel cumplimiento para demanda espontanea, el Servicio de Salud deberá establecer un procedimiento referido al control y medición de dicha demanda y establecer qué prestaciones se medirán con el mencionado criterio.(C)Enseguida, en relación a lo referido en el numeral 1.3, literales a) y b), sobre oficina de información, reclamos y sugerencias,OIRS, la entidad fiscalizada deberá arbitrar las medidas necesarias a objeto de incorporar en el documento denominado "Solicitud Ciudadana" la información referente a "medidas correctivas adoptadas por el establecimiento" e "informaciónrespecto de la unidad o dependencia del prestador", en conformidad con lo prescrito en el artículo 5° del decreto N° 35, de 2012, de la Subsecretaría de Salud Pública. (C)Respecto a lo observado en el numeral 2.1, cobertura 100% en pacientes FONASA tramos C y D- atenciones de urgencia yambulatorias-, el Servicio de Salud deberá determinar a través de un acto administrativo, los montos a cobrar para aquellos pacientes adscritos a los aludidos tramos. (C)En lo que atañe al numeral 3.1, subrogancia jefe de farmacia, la dirección del establecimiento deberá adoptar las medidasnecesarias para dar cumplimiento a la normativa que rige la materia, remitiendo la resolución que designa la subrogancia de dicha jefatura considerando que debe ser realizada por un profesional Químico Farmacéutico, conforme dicta la norma paradicha función. (C)Sobre ausencia de medicamentos en la Unidad de Farmacia, observado en el literal b), del numeral 3.2, la entidad deberáremitir las acciones comprometidas en su oficio respuesta, informando sobre el resultado de la materialización del convenio de suministro de medicamentos que no son distribuidos por Cenabast u otras medidas que adopte sobre la materia. (MC)1°De lo consignado en el numeral 3.3, sobre diferencias entre inventario físico y registro en SIDRA- Farmacia, la entidad deberáinformar documentadamente de las acciones emprendidas para evitar que este tipo de situaciones se reitere, implementando, a lo menos, la medida anunciada en su respuesta al preinforme de observaciones. (C)"3. En cuanto a lo contenido en el acápite III, del Examen de Cuentas, numerales 1.1 y 1.2, omisión de cobro a pacientesparticulares y diferencias en cobro y atención médica a pacientes hospitalizados, respectivamente, la entidad deberá remitir los resultados de las gestiones emprendidas para dar cumplimiento a los cobros de aranceles omitidos, de igualmanera, deberá implementar mecanismos de control y supervisión que impidan que situaciones como las observadas se reiteren. (AC)4. En razón del capítulo IV, Otras Observaciones, sobre lo objetado en el numeral 1, cuenta contable N° 1140302 denominada "Sumarios en Trámite", la entidad deberá regularizar el registro y tratamiento contable del saldo, en circunstancias que el monto no corresponde a una cuenta de activo. (C)Respecto de la observación contenida en el numeral 2, letra a), tanto el Servicio de Salud de Coquimbo como la Municipalidadde Combarbalá deberán adoptar las medidas acordadas y aquellas que sean necesarias a fin de solucionar la deuda pendiente. Sobre lo consignado en el numeral 2, referido a la cuenta contable N° 11512 — Cuentas por Cobrar- arrastre de añosanteriores, literales a) y b) referidos a los montos de $5.715.793 y $7.843.289, respectivamente, la autoridad regional deberá comunicar las medidas adoptadas y acompañar los antecedentes de respaldo que den cuenta de las gestionesemprendidas a objeto de regularizar los aludidos saldos. (C)Seguidamente, en lo referido al numeral 3, sobre cobro de licencias médicas, la entidad deberá remitir los antecedentes querespalden el pago realizado por las instituciones de salud, referido a reembolsos de licencias médicas por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional, o en su defecto las acciones adoptadas por la entidad para concretar esta medida. (MC)Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el"Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 14, en un plazo máximo de 60 días hábiles o aquel especialmente señalado en dicho anexo, contado desde la recepción del presente informe, comunicando lasmedidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo correspondientes.Respecto de aquellas observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociadaa la validación de las acciones correctivas emprendidas, será del área encargada del control interno en la entidad, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de lasentidades públicas a contar del 2 de julio de 2018.

  • Informe Final 400-18 Sernapesca Biobío Auditoría sobre Control de Cuota y Procesos de Fiscalización - Octubre 2018

    Objetivos: Auditar las actividades de extracción pesquera reguladas por el SERNAPESCA Región del Biobío, en relación a las autorizaciones de extracción de Anchoveta y Sardina Común otorgadas a la Pesca Artesanal, así como también a las acciones implementadas para el control de ellas, durante los meses de marzo y abril de 2017 y marzo y abril de 2018.Muestra: 81(2017)141(2018)Conclusiones: Preguntas de la Auditoría:1.- ¿ Existen procedimientos de medición respecto de los parámetros metrológicos de los sistemas de pesajes por parte de SERNAPESCA?2.- ¿ Ha controlado la entidad de manera eficiente y eficaz las cuotas de captura de Anchoveta y Sardina Común en los desembarques de la flota Artesanal?3.- ¿ Se han efectuado acciones administrativas en los casos detectados de sobre-explotación de la cuota de pesca de anchoveta y sardina?Principales resultados:- Se verificó, que la resolución exenta N° 1.588, de 29 de mayo de 2014, del SERNAPESCA, que Crea el Registro de Sistemas de Pesajes Electrónicos habilitados para la certificación de desembarque industrial y artesanal, no ha incorporado un procedimiento de medición de los parámetros metrológicos de los sistemas de pesajes, esto es, un protocolo o procedimiento técnico para la realización de las tareas de inspección o verificación permanente. Al respecto ese servicio deberá en lo sucesivo adoptar medidas que permitan constatar que los parámetros metrológicos de los sistemas de pesaje certificados por las empresas externas sean confiables y de esta forma aseguren la legitimidad de la información, con el objeto de impedir su adulteración. - Se constató que el SERNAPESCA no ha implementado un sistema en línea que permita registrar la información y movimientos operacionales con la finalidad de realizar el control permanente de las cuotas de pesca, Sardina Común y Anchoveta, fijadas anualmente por la Subsecretaría de Pesca. Sobre la materia, corresponde que el Servicio optimice y resguarde la información que se procesa para este efecto, implementando un sistema en línea que evite la ocurrencia de errores en el procesamiento de los datos relacionados con el control de las cuotas de pesca y que garantice su protección.- Se comprobó que durante el año 2017, once organizaciones de pescadores excedieron la cuota autorizada de pesca de anchoveta y sardina, de las cuales cuatro de ellas se encuentran con procedimiento administrativo sancionatorio. La entidad deberá acreditar documentadamente ante esta Contraloría Regional, que los excesos correspondientes a las siete organizaciones que no cuentan con procedimiento administrativo sancionador, se produjeron con anterioridad al cierre de la cuota.

  • Informe Seguimiento 329-17 Municipalidad de Arauco - Informe Final sobre Auditoría Al Macroproceso de Tecnologías de la Información y Comunicación - Octubre 2018

    Objetivos: De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 329, de 2017, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de la información y comunicación, efectuada en la Municipalidad de Arauco, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señora Verónica González Eichenwald. El proceso de seguimiento consideró el referido informe N° 329, de 2017, y la respuesta de la entidad a dicho documento remitida a este Órgano Contralor, mediante el oficio No 1.532, de 2017.Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en el ente fiscalizado, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando el resultado que en cada caso se indica.Conclusiones: En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Arauco realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N° 1, del informe.No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada caso se indican, las que deberán ser acatadas en los términos que ahí se señalan.

  • Informe Final 553-2018 Municipalidad de Melipeuco, sobre Disponibilidad del Año 2017-OCTUBRE 2018

    Objetivos: Realizar una auditoría y examen de cuentas al disponible en la Municipalidad de Melipeuco, con el fin de verificar la legalidad, imputación, fidelidad de la documentación de respaldo, exactitud de los cálculos, proporcionalidad y acreditación por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.Muestra: De lo anterior, resulta pertinente informar que se examinaron, del universo de 722 operaciones, 92 de ellas, lo que equivale al 12,7% del universo.Conclusiones: • Se observó que las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes Nos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, todas del Banco Estado, pertenecientes a la Municipalidad de Melipeuco, no han sido confeccionadas por dicha entidad, desconociéndose la data de su última elaboración, por lo que deberá arbitrar las medidas en orden a que, en lo sucesivo, sean elaboradas a lo menos una vez al mes, y su regularización acreditarse ante este Organismo Fiscalizador, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.• Se constató que, al 31 de diciembre de 2017, las siguientes cuentas contables de banco, presentan saldos acreedores, lo cual no se condice con la naturaleza de las mismas, por lo tanto esa entidad deberá ajustarse a la normativa contable establecida en los oficios circulares Nos 60.820, de 2005, y 36.640, de 2007, ambos de este Ente de Control, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación y Procedimientos Contables para el Sector Municipal, respectivamente, además de señalar las razones del origen de dichos saldos, debiendo informar y acreditar documentadamente a esta Entidad Fiscalizadora, el grado de avance de dicho análisis, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la entrega del presente informe. • Se advirtió de la revisión de los talonarios de cheques de la cuenta corriente N° XXXXXXXXXXXXX, del Banco Estado, relacionada con los fondos extrapresupuestarios, la existencia de 5 documentos firmados en blanco por la Secretaria Municipal, señora Claudia Vilugrón Ruminao, en su calidad de giradora titular, por lo tanto esa municipalidad deberá velar en lo sucesivo, porque los cheques se firmen cuando correspondan, con todos los antecedentes de respaldo, cumpliendo cabalmente con la normativa aplicable.• Se observó en las cartolas bancarias provenientes de transferencias por concepto de programas y depósitos realizados por la unidad de tesorería, de las distintas cuentas corrientes de la entidad, versus el registro contable de las mismas, una diferencia neta de a lo menos $ 162.776.650, por consiguiente, esa entidad deberá velar, para que situaciones como la planteada no vuelvan a repetirse, aplicando fielmente las normas establecidas en los artículos 85 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.• Se comprobó la existencia de fondos pendientes de rendición de cuentas a la fecha, por un monto de $ 3.703.948, de los cuales $ 2.012.548, fueron otorgados con anterioridad al año 2017, y cuya composición o análisis se desconoce por la Dirección de Administración y Finanzas, debiendo la entidad adoptar medidas en orden a que situaciones como las descritas no se repitan, y acreditar la restitución o rendición de los fondos observados que se mantienen sin rendir, detallados en el cuadro N° 11, resultado que deberá acreditarse ante este Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe. En caso contrario, se formulará el pertinente reparo, al tenor de los artículos 95 y siguientes de la aludida ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal.Ahora bien, por cada uno de los resultados señalados precedentemente, este Organismo de Control instruirá un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos objetados.• Se constató la inexistencia de un procedimiento que asegure la disponibilidad de fondos, el inoportuno reconocimiento contable de los ingresos, y la determinación de Impuesto Único de Segunda Categoría no enterado, por lo que el municipio deberá adoptar las medidas para regularizar lo observado, y arbitrar las gestiones conducentes a que ello no se repita.En relación con lo señalado en el párrafo anterior, esa entidad edilicia deberá instruir un sumario administrativo, en orden a establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos representados, remitiendo copia del acto administrativo que lo disponga a este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.Por último, respecto del impuesto no enterado, se remitirán los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, para los fines pertinentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, inciso segundo, de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

  • Informe Final 298-18 Municipalidad de los Álamos sobre Auditoría Financiera y Al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal - Octubre 2018

    Objetivos: Auditar el proceso de Finanzas y el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal - PMU, en la Municipalidad de Los Álamos durante el año 2017, para validar el adecuado registro y control financiero, aplicando correctamente la normativa presupuestaria-contable; constatar que los gastos asociados al PMU se hayan ceñido a cada proyecto aprobado y a la normativa vigente, y las rendiciones de cuenta se hayan efectuado de acuerdo a la resolución Nº 30 de esta Contraloría.Muestra: 182.399.422(202)Conclusiones: Preguntas de Auditoría:• ¿Se efectúa un adecuado registro y control financiero de los recursos, y se aplica correctamente la normativa presupuestaria y contable?• ¿Se ajustan los gastos ejecutados por el municipio, asociados al PMU, a los objetivos de cada proyecto aprobado y a la normativa vigente?• ¿Se rinden adecuadamente los recursos transferidos por la SUBDERE?Principales Resultados:• Se constataron pagos de materiales que no fueron recepcionados por el municipio, por la suma de $ 12.557.520. Al respecto, esta Entidad de Control procederá a formular el reparo pertinente, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, sin perjuicio del proceso disciplinario a que ha dado inicio la Municipalidad de Los Álamos. • Se verificaron pagos de servicios informáticos que no fueron utilizados, por $ 1.217.013, por lo que el municipio deberá incorporar dicha materia al sumario administrativo ordenado instruir mediante decreto N° 7.239, de 2018.• De la revisión efectuada a la documentación del personal del PMU, se constató la existencia de trabajadores que realizan labores propias del municipio, ausencia de libros de asistencia, falta de firmas en diversos documentos, trabajadores que cuentan con pensiones, ausencias de fichas del registro social de hogares, personal que se encuentra clasificado en tramos de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica, por todo lo cual la Municipalidad de Los Álamos debe acreditar el cumplimiento de las medidas adoptadas e informadas en su respuesta, en el plazo establecido en el párrafo final de las conclusiones.• Se constató la existencia de proyectos PMU y Equipamiento Comunal del año 2017 pendientes de rendición y cierre, debiendo el municipio adoptar las medidas necesarias tendientes a regularizar las situaciones detectadas, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en las guías operativas que regularon el programa, debiendo remitir los antecedentes que acrediten el cierre de los proyectos del año 2017 que se encuentran pendientes, y los que respalden el reintegro de los montos sin rendir a la SUBDERE.• De las visitas efectuadas en terreno a 6 proyectos PMU ejecutados durante el año 2017, se detectaron deficiencias técnicas en 4 de ellos, por lo que corresponde que esa autoridad comunal instruya al encargado del PMU adoptar las medidas de control respectivas, a fin de efectuar los trabajos pertinentes que permitan regularizar las objeciones técnicas planteadas.

  • Informe de Investigación Especial 510-18 Servicio de Salud Araucanía Norte, sobre Arriendo de Propiedad PARTICULAR-OCTUBRE 2018

    Objetivos: Atender denuncia relativa a eventuales irregularidades en el arriendo de un inmueble para ser utilizado en el desarrollo de labores diarias de funcionarios del Servicio de Salud Araucanía Norte, SSAN, que no cumpliría con las condiciones para ser arrendado por la renta convenida, por cuanto, por el estado en que se encuentra, obligaría en forma previa a su utilización a realizar una serie de remodelaciones y reparaciones.Muestra: revisándose el 100% del universo.Conclusiones: • Considerando que el director del SSAN tiene la atribución de organizar la dirección del Servicio y su estructura interna, así como la de los establecimientos que la integran, y además que el artículo 8°, número III, letra d) del decreto N° 140, de 2005, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, establece que le corresponderá, entre otras funciones, ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles, no se advierte irregularidad en que haya tomado la decisión de arrendar un inmueble para que funcionarios de esa dependencia realicen sus funciones. Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones que más adelante se detallan.• Se verificó que el SSAN no informó todos los gastos necesarios para la habilitación del inmueble en cuestión, cuando solicitó la autorización para su arriendo a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en adelante DIPRES, al menos en un monto de $ 58.363.299, por lo que, la autoridad de ese servicio de salud deberá incorporar este informe final como antecedente del sumario instruido por el servicio mediante la resolución exenta N° 1071, de 2018, remitiendo a esta Entidad de Control copia del acto administrativo que lo anexa, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.• El proyecto presentado por el SSAN a la DIPRES, solicitando autorización para el arriendo de inmueble, mencionaba un pago mensual de $ 1.200.000, no obstante, el monto efectivamente contratado fue por $ 1.500.000, razón por la cual, ese servicio deberá incorporar este informe final como antecedente del citado sumario administrativo.

  • Informe de Seguimiento Investigación Especial 11-18 Municipalidad de Villarrica, sobre Adquisiciones MUNICIPALES-OCTUBRE 2018

    Objetivos: Se realizó el seguimiento al informe final de investigación especial No 11, de 2018, sobre presuntas irregularidades en materias de adquisiciones en la Municipalidad de Villarrica, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.Conclusiones: Es posible concluir que se han realizado acciones que permiten subsanar la observación representada en el cuadro No 1 del presente informe.

  • Informe Final 534-2018 Municipalidad de Galvarino, sobre Disponibilidad del Año 2017 Áreas Salud y EDUCACIÓN-OCTUBRE 2018

    Objetivos: Efectuar una auditoría y examen de cuentas al disponible en los Departamentos de Salud y Educación de la Municipalidad de Galvarino, DSM y DEAM, con el fin de verificar la legalidad, imputación, fidelidad de la documentación de respaldo, exactitud de los cálculos, proporcionalidad y acreditación por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.Muestra: De dichas cuentas, se seleccionó una muestra analítica, considerando diversos parámetros levantados en el análisis del ambiente de control interno del DSM y DAEM, los cuales dicen relación con la existencia de conciliaciones bancarias, saldos sin aclarar, fiscalizaciones de otros organismos, objetivos de las cuentas, entre otros, concluyendo revisar las cuentas corrientes Nos 62409000091 para Salud, y la 62409000059, para Educación.Así pues, para las cuentas corrientes seleccionadas se determinó a partir de las cartolas bancarias una muestra analítica para los depósitos/abonos, y para los cheques/cargos, un muestreo estadístico, por unidad monetaria, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora.Como resultado, para los depósitos/abonos, se examinaron, mediante confirmación de saldos, los recursos transferidos tanto por el municipio como por 5 entidades públicas, dando respuesta 4 de éstos.En cuanto a los cheques/cargos bancarios, se examinaron del universo de 774 operaciones, 76 de ellas, lo que equivale al 9,8% del universo.Conclusiones: • Se constató que las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes Nos 62409000059, 62409000172 y 62409000024, todas del BancoEstado, del DAEM de Galvarino no han sido confeccionadas por la entidad, desconociéndose la data de su última elaboración, por lo que se deberá arbitrar las medidas en orden a que, en lo sucesivo, éstas sean confeccionadas, a lo menos, una vez al mes, y su regularización acreditarse ante este Organismo Fiscalizador, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.• Se advirtió en la conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2017, de la cuenta corriente N° 62409000091, de BancoEstado, del DSM de Galvarino, que se incluyen partidas conciliatorias denominadas “Giros o cargos del banco no contabilizados en la entidad”, una de las cuales por un valor de $ 5.481.523, equivale a un doble desembolso de remuneraciones efectuado por el DSM, reintegrado por el banco erróneamente el día 2 de febrero de 2015, a la cuenta corriente N 62409000059, del DAEM, solicitando desde esa data a dicho departamento restituir dichos recursos al DSM, lo que hasta la fecha no ocurre, debiendo acreditarse su devolución por parte del DAEM ante este Organismo Fiscalizador, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. (AC)• Se constató la existencia de errores contables, al cierre y apertura de las cuentas de los ejercicios contables entre los años 2009 al 2016, situación que generó la omisión del registro de pasivos y/o deuda, en el DSM de Galvarino, ya que no se reflejó de forma precisa la deuda flotante, por lo que esa entidad realizó una modificación presupuestaria al departamento para el año 2017, por $ 30.000.000, afectando con ello la formulación presupuestaria para dicho año, por la falta de financiamiento, lo que generaría un eventual déficit presupuestario, por lo que esa entidad deberá, en lo sucesivo, efectuar los registros correspondientes en la contabilidad, en armonía con lo consignado en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.• Se verificó que mediante el decreto de pago N° 835, de julio de 2018, el municipio pagó $ 12.875.753, a la empresa Sistemas Modulares de Computación Ltda., SMC, por servicios prestados durante los meses de enero y diciembre de 2017, no obstante haber recibido dichas facturas para su pago en el mes de enero de 2018, no reflejando de forma precisa la deuda flotante en su oportunidad, afectando con ello la formulación presupuestaria para el año 2017, correspondiente a servicios, por lo que el municipio deberá, en lo sucesivo, velar porque los compromisos financieros, sean pagados oportunamente con el presupuesto del periodo en curso, o en su defecto, reconocidos contablemente como deuda flotante.Ahora bien, por cada uno de los resultados señalados precedentemente, este Organismo de Control instruirá un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos objetados.• Se constató que las sumas de $ 5.481.523 y $ 37.960.593 no fueron registradas por el DSM de Galvarino en el momento en que fueron pagadas, debiendo el municipio, en lo sucesivo, velar para que cada una de las operaciones que se efectúen sobre la materia, se encuentren debidamente contabilizadas.• Se verificó que la sección “cheques girados y no cobrados”, de la conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2017, de la cuenta corriente N° 62409000091, de BancoEstado, del DSM de Galvarino, incluye partidas pendientes de aclaración que datan desde el año 2012 a la fecha de la cuadratura, y de naturaleza distinta a esa clasificación, por un monto total de $ 2.046.105, debiendo la entidad dilucidar el concepto de los documentos observados, dando cabal cumplimiento a lo establecido en el oficio circular N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General -que imparte instrucciones al sector municipal sobre el manejo de cuentas corrientes bancarias-, remitiendo los antecedentes respectivos a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la entrega del presente informe.• Se observó que el DAEM de Galvarino no enteró oportunamente en la institución Caja Los Andes, los descuentos efectuados a sus funcionarios, durante los meses de diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017, generando un pago por concepto de intereses, multas y recargos, por la suma total de $ 475.918, debiendo esa entidad edilicia instruir un sumario administrativo, en orden a establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios que con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia del hecho representado, remitiendo copia del acto administrativo que lo disponga a este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, además de velar, en lo sucesivo, porque los descuentos voluntarios se enteren oportunamente en las respectivas instituciones.Respecto de los tres resultados anteriores, el municipio deberá acreditar documentadamente el reintegro de los valores mal percibidos, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la entrega del presente informe; vencido el cual, sin que ello se haya verificado, se evaluará la formulación del reparo correspondiente, al tenor de los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal.

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