Introducción
| Autor | Anabel Puentes Gómez |
| Cargo del Autor | Profesora Auxiliar de Derecho civil. Universidad de La Habana |
| Páginas | 25-31 |
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Los retos en el ámbito del Derecho civil en relación con la persona han
tenido en los últimos tiempos un intenso enfoque en los derechos humanos1 y
en las problemáticas en el entorno de las relaciones familiares. La necesidad
de construir un Derecho que lleve a las personas a la solidaridad y no solo se
identifique con la protección de los intereses individuales va ganado
protagonismo en la agenda de las investigaciones jurídicas de los inicios del
presente siglo. El principio de solidaridad se establece como epicentro de la
relación jurídica, y no solo da cabida a la protección estatal y el carácter públi-
co del Derecho de las familias, sino que busca también una protección desde
lo privado dando lugar a la autonomía personal y al autofinanciamiento.2
En este sentido, el envejecimiento poblacional,3 el respaldo a las perso-
nas que requieren asistencia, las dificultades en la economía cubana, en parti-
1STARCK, Christian, «Derechos fundamentales y Derecho privado», pp. 71-73, disponible
en http://www.dialnetDerechosFundamentalesYDerechoPrivado-289391.pdf [consultado
28 de abril de 2020]; VALDÉS DÍAZ, Caridad del Carmen, «La discapacidad desde un
enfoque público y privado», en Carlos Villabella Armengol, Leonardo B. Pérez Gallardo
y Germán Molina Carrillo (coordinadores), Derecho Civil Constitucional, Instituto de Cien-
cias Jurídicas de Puebla, Grupo Editorial Mariel S. C, Universidad de la Sabana, Pue-
bla, 2014, pp. 134-145.
2Se entiende por autofinanciamiento el principio-derecho referido a las decisiones y actos
jurídicos que realiza la persona para asegurar su asistencia, calidad de vida y bienestar
ante situaciones de dependencia de cualquier tipo, a partir de la utilización de sus pro-
pios bienes para ello.
3El envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad constituyen una de las
mayores preocupaciones en el contexto social cubano de nuestros tiempos. La Oficina
Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) señaló que la relación de la población de
60 años y más por cada 1 000 niños y adolescentes se ha ido incrementando
significativamente, oscilando desde 385 a 1 314 personas mayores por cada mil niños y
jóvenes, al cierre de 2019. GARCÍA QUIÑONES y ALFONSO DE ARMAS plantean cómo ya desde
2009, los menores de 15 años representaron el 17.5 %, mientras que el 17,4 % de las
personas residentes en Cuba tenía 60 años y más. Si tenemos en cuenta las predicciones
estadísticas de la ONEI, las personas que deben llegar a la edad de jubilación vigente
deben superar a los que arriben a la edad laboral en los próximos años, tal como ha
acontecido en un grupo de países desarrollados desde la década de los noventa. El
porcentaje de 60 y más podría incrementarse a 25 % y a 34 % en 2025 y 2050, respec-
tivamente. También en la Cuarta Conferencia regional intergubernamental sobre enveje-
cimiento y derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe, la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (en lo adelante CEPAL) aseveró que en
el quinquenio los países más avanzados en la transición demográfica presentarán tasas
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