Capítulo VIII. La función social de la empresa privada
| Autor | Francesco Galgano |
| Páginas | 175-189 |
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Las InstItucIones de La economí a capItaLIsta.
socIedad anónIma, estado y cLases socIaLes
el empresario y la utilidad s ocial
Entre los postulados de la economía clásica, que casi todos los
economistas de este siglo han acabado repudiando, se encuentra
la relación que aquélla había establecido entre iniciativa privada
y prosperidad general: esta era el resultado «natural» de la libre
iniciativa de los empresarios privados y un efecto tanto más seguro
cuando mayor fuera la libertad garantizada a su iniciativa. «No es
una deducción correcta de los principios de la economía» —así ha
declarado acertadamente Keynes— «que el interés egoísta ilustrado
opere siempre en interés público; ni es verdad que el interés egoísta
sea siempre ilustrado: más frecuentemente individuos que actúan
separadamente para promover sus propios nes son demasiado
ignorantes o demasiado débiles incluso para alcanzar estos nes»1.
Einaudi ha insinuado, además, que aquel postulado es «un fantasma
que nunca ha existido» una «invención de los antiliberales»2.
Del repudio del liberalismo o, si se preere del protoliberalismo,
nace un arduo problema de legislación, que consiste en armonizar el
«interés egoísta» con el «interés público», la búsqueda privada del
benecio con la utilidad general. Es, en el lenguaje de los juristas,
el problema de la «funcionalización» de la empresa privada, de
inducirla a realizar una «función social». La Constitución italiana
afronta este problema en el artículo 41: el primer párrafo declara que
«la iniciativa económica privada es libre» ; el segundo párrafo precisa
que aquélla «no puede desarrollarse en desacuerdo con la utilidad
social o de forma que perjudique a la seguridad, a la libertad, a la
dignidad humana» ; el tercer párrafo añade que «la ley determina los
programas y los controles oportunos para que la actividad económica
pública y privada pueda ser dirigida y coordinada con los nes
sociales». Con este último párrafo es la propia Constitución la que
adopta, implícitamente, posición sobre la relación entre iniciativa
económica y utilidad social; la premisa de la cual la norma parte
es que, a falta de programas y de controles oportunos, establecidos
por la ley, no puede decirse que esté garantizado el destino social
de la actividad productiva. Y hay más. La norma sitúa en el mismo
1 J. M., KEynEs, «La socializzazione della grande empresa azionaria», ob. cit., pág. 667.
2 L. Einaudi, «Lo scrittoio del presidente», ob. cit., pág. 8.
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