Sentencia nº Rol 4820-18 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
| Fecha | 16 Abril 2019 |
S., dieciséis de abril de dos mil diecinueve.
VISTOS:
Con fecha 1 de junio de 2018, K.E.C., F.I.Q.Y., H.P.G.P. y J.I.B.A. han requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 449 N° 1 del Código Penal, en el proceso penal Rol N° 473-2017, seguido ante la Segunda Fiscalía Militar de S., en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recursos de casación, bajo el Rol N° 9026-2018.
Precepto legal cuya aplicación se impugna
El texto del precepto legal impugnado dispone, en su parte ennegrecida:
(…)
Artículo 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:
1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.
2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimum si consta de un solo grado.
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Síntesis de la gestión pendiente
Comentan los actores que han sido condenados en marzo de 2018 por delito de hurto reiterado de especies al servicio de las instituciones armadas, sancionado en el artículo 355 del Código de Justicia Militar, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Indican que no obstante ser reconocidas tres circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, por la disposición impugnada la sanción no pudo rebajarse bajo su marco abstracto mínimo.
Apelada la sanción a la Corte Marcial, ésta la confirmó en todas sus partes, recurriendo de casación en el fondo y en la forma para la Corte Suprema.
Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal
Refieren que el precepto impugnado genera una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, lo que carece de fundamentos razonables y objetivos, infringiendo al principio de proporcionalidad, ya sea en relación con el subprincipio de necesidad, como en relación con el de proporcionalidad en sentido estricto.
Luego, desde el principio de igualdad, enuncian que son prohibidas las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no estar fundadas en criterios objetivos y razonables según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Las diferencias de trato, para ser constitucionalmente lícitas, deben ser proporcionales a la finalidad perseguida.
La exclusión de aplicar los artículos 65 a 69 del Código Penal para la determinación de penas, imposibilitando la rebaja en diversos grados al mínimo señalado por la ley a dicho ilícito, introduce una diferencia de trato con otros supuestos de delitos que afectan el mismo bien jurídico, citando, como ejemplo, la usurpación violenta prevista en el artículo 457 del Código Penal o el incendio con resultado de muerte, que prevé el artículo 474 del catálogo punitivo; sin embargo, quien comete un delito y cuenta con dos o más atenuantes o una, pero muy calificada y a pesar de que el delito en cuestión conlleve una menor pena que este último ilícito, no se permite efectuar la rebaja de la pena en uno, dos o más grados, no observándose el criterio diferenciador entre los grupos de casos en comento.
Aplicando los criterios que informan el juicio de igualdad, se tiene que la diferenciación no posee una base objetiva ni una justificación razonable asentadas en cuestiones objetivas y neutras como la gravedad de las conductas, atendida su grado de lesividad y relevancia de los bienes jurídicos menoscabados o su grado de comisión.
Así, el legislador ha establecido una diferencia de trato entre situaciones iguales, es decir, afectaciones al bien jurídico propiedad, respondiendo el más gravoso régimen de determinación de pena a la comisión de delitos que tienen una igual o menor gravedad que otros atentados a ese mismo bien jurídico protegido.
Desde el principio de proporcionalidad, señalan que si bien la norma impugnada es idónea para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, como asegurar el fin preventivo general de las sanciones para determinados delitos como la propiedad, ello no ocurre con el resto de los subprincipios, como el de necesidad. La desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional cuando la falta de proporción implica un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos garantizados por la Constitución, lo que en ámbito penal puede analizarse desde el delito o la pena.
La norma impugnada es desproporcionada por innecesaria, dado que el ordenamiento vigente contempla otro mecanismo de determinación de pena igualmente eficaz para alcanzar sus fines y con menor gravosidad: esto es, la aplicación de los artículos 65 a 69 del Código Penal, que resultan suficientes para cautelar las finalidades preventivas generales y especiales e incluso retributivas de las penas, lo que queda de manifiesto en el análisis de graves ilícitos que posibilitan rebajadas bajo el marco abstracto, como la violación con homicidio, lo que no ocurre con el robo con intimidación.
Luego, analizando la proporcionalidad en sentido estricto, indican que si bien la relación de proporción que deba guardar un comportamiento penalmente típico con la sanción que se le asigna es fruto de un análisis político-criminal y técnico que sólo al legislador corresponde, lo que éste no puede hacer en ese juicio de oportunidad es traspasar los límites constitucionales. Uno de los criterios que permiten efectuar dicho contraste es el bien jurídico protegido.
Las penas más graves han de reservarse para aquellos tipos a través de los cuales se pretende proteger los bienes jurídicos más importantes.
La infracción al principio de proporcionalidad resulta patente con la norma cuestionada, pues delitos que protegen bienes jurídicos de mucha mayor relevancia que la propiedad, tienen asignado un sistema de determinación de pena mucho más flexible como ocurre por ejemplo con el parricidio, homicidio calificado, violación con homicidio, entre otros, cuestión advertida por la Corte Suprema en la tramitación del proyecto de ley que introdujo la modificación legislativa en comento.
Además de lo expuesto, la norma resulta desproporcionada por cuanto afecta el margen de arbitrio judicial en la individualización judicial de la pena. Para que la decisión punitiva del legislador sea respetuosa con el principio de proporcionalidad, el marco penal señalado para un delito tiene que ser proporcional a la gravedad de la conducta que se incrimina en abstracto. Pero, además, ese marco penal debe dejar margen al juez para adecuar la gravedad de la pena al caso concreto, sin obligarle a imponer penas desproporcionadas en relación con el caso y las circunstancias personales del imputado. Del margen que tenga el juez en la fase de individualización judicial de la pena dependerá que resulte una pena respetuosa con el principio de proporcionalidad.
Por lo tanto, un precepto legal como el impugnado, que proscribe los efectos naturales de la concurrencia de una o más atenuantes no constituye una regulación razonable, pues, so pretexto de impedir la imposición de una pena menor a la señalada por la ley al delito, se pierde el objetivo de incentivar al infractor de la ley penal a la realización de un comportamiento ex post favorable a los intereses de la persecución penal o transforma en algo irrelevante que su conducta anterior haya sido conforme a derecho.
El juez de fondo de la gestión pendiente verá severamente limitada su capacidad de actuar con justicia según las exigencias constitucionales del justo y racional proceso, ya que no podrá considerar en toda su amplitud las características del caso y del sujeto penalmente responsable.
Tramitación
El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 7 de junio de 2018, a fojas 95, disponiéndose la suspensión del procedimiento. A su turno, en resolución de fecha 26 de junio de 2018, se declaró admisible.
Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las demás partes de la gestión pendiente, no fueron formuladas observaciones.
Vista de la causa y acuerdo
En Sesión de Pleno de 29 de noviembre de 2018 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos, por los requirentes, de la abogada doña M.J.S.A., adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator de la causa.
Y CONSIDERANDO:
EL CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD
Que, se ha requerido la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 449, N° 1, del Código Penal, por estimar que la aplicación de dicha norma en la causa Rol N°473-2017 de la Segunda Fiscalía Militar de S., en actual conocimiento de la Corte Suprema, resultaría contraria a la Constitución;
Que la disposición objetada determina la aplicación de penas en los delitos contra la propiedad con exclusión de las reglas establecidas en los artículos 65 a 69 del citado cuerpo legal, que a su vez consagra, para esta clase de...
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