Prólogo
| Autor | Prof. Dr. Wilson Merino Sánchez |
| Páginas | 15-16 |
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El procEdimiEnto abrEviado. ¿U na ExprEsión dE garantismo
o dE pUnitivismo En El sistEma pE nal?
Prólogo
Pocas cosas son tan satisfactorias en la vida de un Académico,
como ser honrado con el pedido de escribir unas líneas para una
obra tan brillante como la que tengo la suerte de prologar: “EL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO ¿Una expresión de garantismo o de
punitivismo en el sistema penal?”; y, la satisfacción es doble, cuando los
Autores de la misma son dos aquilatados escritores de la Doctrina
Jurídico - Penal, los Juristas José Sebastián Cornejo Aguiar y Medardo
Luzuriaga Zurita, quienes han escogido la senda de comunicar y
enseñar el Derecho a través de la producción del saber doctrinario,
bien hecho, pensado y condensado en la obra que se presenta.
Los Autores no rehúyen a los retos que la producción literaria nos
exige; por el contrario, encaran el tema con decisión y rmeza desde
las primeras líneas, dibujan lo que quieren expresar al lector y nos
embelesan con temas interesantes desde los párrafos iniciales, así,
hacen un recorrido por la historia del procedimiento abreviado, yendo
desde las XII Tablas, hasta la Plea bargaining, sin dejar de pasar por los
tres hitos más reconocibles en el mundo Penal: el Sistema Inquisitivo,
el Sistema Mixto; y el Sistema Acusatorio. En este contexto, retratan
con pinceladas magistrales, como solo lo hacen los conocedores, las
principales características del Procedimiento Abreviado, en la línea
del tiempo.
Continuando el recorrido, el Libro trasciende más allá de la
compilación de información, que se puede encontrar en otros textos,
en una confrontación entre el ser y el deber ser, mixturando, de manera
magníca el Derecho Penal con el Derecho Constitucional. Los Autores
cuestionan al Procedimiento Abreviado, dado que, fruto de su trajinar
investigativo, arriban a la conclusión y asumen como premisa que
este Procedimiento afecta el Derecho consustancial del Humano, de
ser la razón de existencia del Estado, resumida en el artículo 11.9 de
la Constitución de la República del Ecuador: respetar y hacer que se
respeten los derechos de los ciudadanos.
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