La nueva regulación concursal chilena. El gran cambio de paradigma
| Autor | Macarena Vargas Pavez |
| Páginas | 254-288 |
I. I
El objetivo de esta investigación es construir dogmáticamente el
derecho a la ejecución forzada como uno de los elementos
cardinales del derecho a la tutela judicial, a partir del derecho
internacional de los derechos humanos y, en particular, de la
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. En los
primeros cuatro capítulos se abordan con detalle los estándares que
se pueden derivar de dicha jurisprudencia, mientras que en el
capítulo quinto se analiza la legislación nacional y el proyecto de ley
de NCPC que intentó modificar el sistema de ejecución civil
actualmente vigente, todo ello con el fin de examinar cómo se
recogen o se pueden recoger los estándares internacionales antes
detectados.
Si bien con ello podría haberse dado por finalizado el estudio
propuesto, se ha optado por tratar en un capítulo aparte algunos
aspectos de la reforma a la regulación concursal aprobada durante
el curso de esta investigación, pues ésta se inspira en ciertos
valores o principios que se relacionan directamente con lo tratado en
los primeros acápites. Ello se ve claramente en lo referido a la
búsqueda de sistemas de ejecución balanceados, donde se otorga
un tratamiento diferente al deudor y se abre a la posibilidad de
acuerdos entre los interesados. Lo anterior es –de alguna manera–
algo inédito en nuestro sistema de cumplimiento forzado de las
obligaciones, cualquiera sea su naturaleza y, marca un punto de
partida hacia una nueva comprensión de la ejecución concursal y
que puede permear a la ejecución civil individual.
Desde esta perspectiva, se ha estimado que el estudio del derecho
positivo chileno no estaría completo si no se incorpora el examen de
la ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y
Personas de 2014.
Marcando una importante diferencia con la legislación anterior, la ley
20.720 constituye una profunda transformación del derecho
concursal chileno transitando desde un modelo focalizado en la
protección del crédito y con un fuerte carácter sancionatorio del
deudor hacia un modelo de renegociación y búsqueda de acuerdos
entre los involucrados714. Todo ello con la finalidad de ofrecer a las
empresas y personas en situación de insolvencia una solución
rápida y eficiente y permitirles, si es posible, volver a reemprender
nuevos negocios.
Pero no sólo se advierte un cambio de orientación, sino que además
la nueva ley incorpora por primera vez en Chile un estatuto de
insolvencia para personas naturales. Así, esta normativa se hace
cargo del fenómeno del sobreendeudamiento y de la eventual
imposibilidad de pago de personas deudoras a través de dos
procedimientos concursales especialmente diseñados para estos
casos, los que van acompañados de una buena dosis de incentivos
para acogerse a ellos.
Si bien hay grandes diferencias entre la ejecución universal y la
ejecución civil singular, la nueva legislación de insolvencia y
reemprendimiento ofrece interesantes elementos de análisis y
discusión de cara a una reforma al sistema de ejecución civil,
particularmente en relación con el enfoque y objetivos que la
inspiran.
Atendida la novedad que constituye la regulación de los
procedimientos de insolvencia para personas naturales y la
vinculación de éstos con el proceso de ejecución civil singular
estudiado en los capítulos anteriores, es que ha parecido relevante
analizar el contenido de la nueva ley concursal de 2014.
Para ello, en la primera parte se examina el origen y los
fundamentos de esta nueva normativa, en particular en relación a su
orientación y objetivos. En la sección segunda se revisa los
principales hitos de la tramitación parlamentaria del proyecto que dio
origen a este cuerpo legal, de modo de ofrecer una mirada
comprensiva de los puntos de mayor debate y consenso. En tercer
lugar, se describe los nuevos procedimientos concursales de
persona deudora, así como el modelo orgánico que esta normativa
contempla. Por último, en la cuarta sección se da a conocer algunos
resultados de la implementación de la ley 20.720 durante los
primeros 18 meses de aplicación.
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