El sistema de justicia penal durante el estallido social chileno Legalidad y trato justo en el control judicial de las detenciones realizadas durante los disturbios de 2019
| Autor | Ana María Morales Peillard/Ulda Figueroa Ossa/Catalina Bustamante Vargas |
| Cargo | Directora del área de justicia y reinserción, Fundación Paz Ciudadana Doctora en Criminología, University of Leicester Docente en criminología y política criminal, Universidad de O'Higgins y Universidad Alberto Hurtado/Ex investigador del área de justicia y reinserción, Fundación Paz Ciudadana Candidato a doctor en Sociología, Pontificia ... |
| Páginas | 432-473 |
MORALES, Ana María; FIGUEROA, Ulda; BUSTAMANTE, Catalina: “El sistema de
justicia penal durante el estallido social chileno. Legalidad y trato justo en el control
judicial de las detenciones realizadas durante los disturbios de 2019”
Polít. Crim. Vol. 17 Nº 34 (Diciembre 2022), Art. 1, pp. 432-473.
[http://politcrim.com/wp-content/uploads/2022/12/Vol17N34A1.pdf]
El sistema de justicia penal durante el estallido social chileno
Legalidad y trato justo en el control judicial de las detenciones realizadas durante los
disturbios de 2019
The criminal justice system during the Chilean social outbreak
Legality and fair treatment in the judicial control of the arrests during the 2019 riots
Ana María Morales Peillard
Directora del área de justicia y reinserción, Fundación Paz Ciudadana
Doctora en Criminología, University of Leicester
Docente en criminología y política criminal, Universidad de O´Higgins y Universidad
Alberto Hurtado
amorales@pazciudadana.cl
Ulda Figueroa Ossa
Ex investigador del área de justicia y reinserción, Fundación Paz Ciudadana
Candidato a doctor en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile
ufigueroa@pazciudadana.cl
Catalina Bustamante Vargas
Ex investigadora del área de justicia y reinserción, Fundación Paz Ciudadana
Socióloga, Universidad de Chile
Bustamante.cm@gmail.com
Fecha de recepción: 25/06/2021.
Fecha de aceptación: 13/01/2022.
Resumen
El 18 de octubre de 2019, comenzó en Chile un período de protestas denominado “estallido
social” que dio lugar a marchas multitudinarias y a la ocurrencia de conductas perseguibles
penalmente. Este estudio exploratorio analiza el funcionamiento de las audiencias de control
de detención durante dicho período, utilizando como marco analítico el concepto de “trato
justo” construido por la literatura de justicia procedimental y como fuentes de información
datos administrativos de la Defensoría Penal Pública y 68 entrevistas realizadas a personas
detenidas durante dichas protestas. Los hallazgos muestran aumentos sustantivos en el
número diario de detenidos y de imputados sin contactos previos con el sistema penal, así
como un incremento en la proporción de declaraciones de ilegalidad de las detenciones y de
medidas cautelares decretadas. Se constata además que si bien fiscales, defensores y jueces
dieron cumplimiento a lo prescrito legalmente, una parte de los imputados percibió que el
sistema penal no les brindó un trato adecuado. Se discuten aquellas situaciones que son
atribuibles al contexto generado por el estallido social y aquellas que constituyen
manifestaciones de problemas de larga data en el sistema penal, y cómo los problemas de
trato constatados pueden afectar la legitimidad percibida del sistema penal.
MORALES, Ana María; FIGUEROA, Ulda; BUSTAMANTE, Catalina: “El sistema de
justicia penal durante el estallido social chileno. Legalidad y trato justo en el control
judicial de las detenciones realizadas durante los disturbios de 2019”.
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Palabras clave: estallido social, disturbios, proceso penal, trato justo, justicia procedimental
Abstract
On October 18th 2019, a period of protests began in Chile called the “social outbreak” that
led to mass demonstrations and the occurrence of criminally prosecutable behaviors.
This exploratory study analyzes the functioning of arrests’ control hearings during the social
outbreak, using as analytic framework the “fair treatment” concept provided by procedural
justice literature, and administrative data from the Public Criminal Defense Office and 68
interviews conducted with people arrested during those protests. The results show substantial
increases in the daily number of arrestees and defendants without previous contact with the
penal system, as well as an increase in the proportion of declarations of illegality of the arrests
and of the precautionary measures decreed. It is also noted that although prosecutors,
defenders and judges did comply with legality, part of the defendants perceived that the
criminal justice system did not provide them with adequate treatment.. The study discusses
which of these situations are linked to the context generated by the social outbreak and which
are manifestations of older problems in the penal system, and how the problems surrounding
arrestee treatment ascertained can affect the perceived legitimacy of the penal system.
Keywords: social outburst, riots, criminal process, fair treatment, procedural justice
Introducción
El 18 de octubre de 2019 comenzó un período de manifestaciones a lo largo de todo Chile
que ha sido denominado como “estallido social”, el que estuvo marcado por masivas
convocatorias a marchar en distintas ciudades del país.
De acuerdo a información oficial emanada del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,1
solo entre el 18 de octubre y el 12 de diciembre de 2019 se registraron 9.121 convocatorias
a marchar, que se estima convocaron un total de 4.323.701 manifestantes, aunque gran parte
de estas se concentraron temporalmente en las primeras tres semanas de la crisis y
territorialmente en la Región Metropolitana. Durante estas manifestaciones tuvieron también
lugar acciones de alteración al orden público, muchas de ellas susceptibles de ser perseguidas
penalmente, entre las que se cuentan la apropiación violenta del espacio público, el
levantamiento de barricadas, agresiones a funcionarios policiales, ataques a comisarías y/o
vehículos policiales, daño a la propiedad pública y privada, incendios, saqueos de locales
comerciales, entre otros. De acuerdo con datos entregados por la citada cartera, durante el
mismo periodo se registraron 20.582 personas detenidas durante las manifestaciones.2
Estos hechos dieron lugar a interacciones violentas entre manifestantes y Carabineros de
Chile. Según datos relevados por distintos organismos públicos y organizaciones de la
1 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (2019), p. 4.
2 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (2019), p. 6.
Polít. Crim. Vol. 17 Nº 34 (Diciembre 2022), Art. 1, pp. 432-473.
[http://politcrim.com/wp-content/uploads/2022/12/Vol17N34A1.pdf]
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sociedad civil, nacionales e internacionales,3 al menos 3.400 personas, tanto civiles como
personal de las fuerzas de orden y seguridad, sufrieron lesiones en el contexto de
manifestaciones entre octubre y diciembre de 2019, cifra que se elevaría hasta 11.000
personas según las estimaciones realizadas por otros informes.4 Asimismo, estos hechos
generaron pérdidas materiales a la infraestructura pública y privada avaluadas en USD 1.400
millones.5
A partir de lo dado a conocer por distintas encuestas, las principales demandas de la
ciudadanía se vincularon al alza del sueldo mínimo y la desigualdad de ingresos, las bajas
pensiones y reformas al sistema de AFP, la mala calidad de la salud y educación pública,
demandas por una nueva constitución y la reducción de las desigualdades socioeconómicas6.
Junto con dichas demandas, otro de los problemas que algunos autores plantean que podrían
haber gatillado el estallido social, o que al menos se habría agudizado en ese contexto, fue la
existencia de una crisis de la legitimidad.
Esta cualidad de las instituciones, que se genera cuando las personas creen en la legalidad de
sus órdenes y en el derecho de mando de sus autoridades, y que ha sido desde los inicios del
pensamiento sociológico vinculado a la idea de obediencia,7 vendría siendo objeto de una
importante crisis con anterioridad a octubre de 2019. Ello se evidencia en datos como los
recogidos por la Encuesta Bicentenario realizada por la Pontificia Universidad Católica de
Chile y que muestra que durante la última década diversas instituciones del ámbito público,
incluyendo al gobierno, los partidos políticos, los parlamentarios y los tribunales de justicia
fueron evaluadas por menos del 10% de la población con niveles de confianza altos. En el
caso de la confianza en el poder judicial, solo entre 7% y 9% de las personas entre 2011 y
2019 declaraban un nivel de confianza alto, mientras que un 66% de la población declaraba
niveles de confianza bajos o inexistentes en los tribunales de justicia8. En el mismo sentido,
la encuesta realizada en diciembre de 2019 por el Centro de Estudios Públicos revelaba como
diversas instituciones del Estado, a pesar de mostrar niveles de confianza históricamente
bajos, veían caer aún más la proporción de personas que declaraban tener mucha o bastante
confianza en ellas entre 2015 y 2019. De esta forma, la confianza en el gobierno cayó de 15%
a 5%, la del Ministerio Público de 11% a 6%, la de los tribunales de justicia se mantuvo en
torno al 8% a 7%, la del Congreso disminuyó del 6% al 3% y la de los partidos políticos se
mantuvo en torno al 3% a 2%.9
3 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA NOS (2019), p. 5; INSTITU TO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS (2019a), p. 1; OFICINA DE L ALTO COMISIONADO DE DERECHOS
HUMANOS DE NACIONES UNIDAS (2019), pp. 13 y ss.; COM ISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS (2019), p. 2.
4 HUMAN RIGHT WATCH (2020).
5 LA TERCERA (2019). En dicha nota de prensa se precisa que, según c ifras entregadas por el M inisterio de
Hacienda, a enero de 2020 del total de estas pérdidas, USD 750 millones correspondían a infraestructura pública
y USD 850 millones a infraestructura privada
6 CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS (2019), p. 6; MORI y FIEL (2019), p. 57.
7 WEBER (2014). p. 167
8 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (2019), p. 7
9 CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS (2019). p. 16. En la misma encuesta, se reporta que a mediados de la
década pasada las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas mostraban niveles altos de confianza en una
amplia proporción de la ciudadanía. En agosto de 2015 el 57% de la ciudadanía declaraba niveles de confianza
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