Introducción al Derecho Público Económico. Rivero Ortega Ricardo, Edit. Ratio Legis, 1999, Salamanca, 155 Páginas
| Autor | Patricio Masbernat |
| Cargo | Abogado P.U.C. de Chile, Magíster © en Derecho Económico por la Universidad de Chile, Profesor Instructor de Derecho Económico y Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca |
El doctor Rivero es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, España. Es autor de los libros, Administraciones Públicas y Derecho Privado, y El Estado Vigilante: consideraciones jurídicas sobre la función inspectora de la Administración, y de varios artículos en revistas especializadas de Derecho Público.
El volumen que paso a reseñar constituye una interesante introducción a una temática que pertenece al Derecho Administrativo Especial, y reviste interés por su actualidad y novedad, y permite una rápida comparación con instituciones de nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de la brevedad de la obra, el autor le dio una gran densidad de información lo que da cuenta su gran bibliografía.
Por lo anterior, resulta que dar noticia de su contenido no es tarea fácil, sobre todo debido al uso de categorías jurídicas poco conocidas o definitivamente desconocidas en el medio nacional.
El autor divide el libro en seis Temas, a saber: El Derecho Administrativo Económico (DAE); sus fuentes; competencias económicas y Administraciones Públicas; El principio de legalidad y el sistema de potestades; la posición jurídica de la persona y la empresa frente a la Administración Económica: el sistema de garantías; las formas de intervención económica de la Administración.
En la Primera Parte, el autor principia dando cuenta de la importancia del Derecho como factor condicionante de las decisiones de los agentes económicos, a través del establecimiento de proscripciones, limitaciones, condicionamientos, incentivos o amparos. En tal sentido, establece un paralelo en el condicionamiento normativo a que están sujetos los oferentes en sus actividades de producción, comercialización y distribución; y el condicionamiento de los consumidores o usuarios frente a las imperfecciones del mercado (pues ni la oferta es limitada ni la información es completa). La intervención económica del poder público también se encuentra condicionada por reglas jurídicas (constitucionales e infraconstitucionales; nacionales e internacionales), tanto competenciales como procedimentales
Tras la búsqueda de contenido del Derecho Público de la Economía, el autor parte definiendo Derecho Económico, como una materia interdisciplinar, de la que forman parte sectores del ordenamiento como el Derecho de la regulación de mercados, el Derecho de la competencia, el Derecho de la protección de los consumidores, o el Derecho de la protección del medio ambiente. Sectores del ordenamiento jurídico que no pertenecen en exclusiva ni al Derecho Público ni al Derecho Privado, sino que deben ser analizados desde ambos puntos de vista, que inevitablemente se complementan. A su turno, el Derecho Público de la Economía se compone de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, y centra su atención en la intervención del poder público en la economía, y su objetivo es buscar un equilibrio entre intervención (para asegurar un mínimo vital a todos los ciudadanos, es decir, seguridad, asistencia y protección frente a los abusos del poder económico, y confianza frente a las defraudaciones de los sujetos participantes en el mercado) y libertad (para elegir entre las opciones diversas de bienes y servicios en función de su calidad y su coste), a fin de evitar los extremos de un intervencionismo excesivo (que ahogue la iniciativa privada) o de un abuso de poder económico (que perjudique los intereses de los consumidores, del medio ambiente o el Estado Social).
Señala que el concepto de Intervencionismo o Intervención es multívoco y confuso, variable en tiempo y espacio, y engloba distintas formas de incidencia del Estado en la Economía. Hoy, la regulación económica es la manifestación más significativa del intervencionismo, cada vez más preocupado de no entorpecer la libre iniciativa privada, sin descuidar los intereses públicos: armonizando servicio público y mercado. Los medios de intervención cambian, y los Estados deben adaptarse a un mundo globalizado y económicamente integrado. Debe buscarse instituciones adecuadas y elegirse correctamente los ámbitos de intervención, para consolidar los presupuestos económicos de la democracia, evitar derribar los niveles de bienestar alcanzados y permitir el logro de mayores cotas de progreso.
El autor luego hace un breve análisis histórico del intervencionismo económico en España (desde la ciudad medieval en adelante), hasta llegar al actual proceso de desintervención, caracterizado por la privatización (formal -huida al Derecho Privado-, material -transferencia de gestión de servicios...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba