El problema del bien común
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LA SOBERANÍA
II. EL PROBLEMA DEL BIEN COMÚN
Se puede repetir en cien formas diferentes que la posesión de la autori dad
pública obliga a los que se encuentran revestidos de ella a usarla para el interés
general, para el Bien Común; que el inter és del pueblo debe ser la regla de sus
decisiones; el bien público, el fin de sus acciones. Esta exhortación no es nunca
inútil: dirigida tradicionalmente al titular único del poder, no es menos necesaria
en los regímenes de autoridad difusa que dispersan la participación en las decisio-
nes; pues los individuos son tentados a considerar su débil quantum de autoridad
pública como un bien propio del que pueden usar según su conveniencia particular.
Conviene, pues, recordarles que en tanto que participan de l a autoridad pública,
aunque sea como electores, ejercen una magistratura y están moralmente obligados
a ord enar sus decisiones al Bien Común.
Esta exhortación es saludable. Pero no constituye la última palabra de la mo-
ral política: es sólo la primera. Al filósofo que le recomiende querer y servir el
interés general, el magistrado puede contestar: «Dime cómo he de conocerlo. Dame
una idea clara de él o presénta me c riterios que me ayuden a escoger entre las
distintas posibilidades la más conveniente al bien público».
El problema así planteado presenta dificultades muy grandes; pero la ciencia
política no sabría esquivarlas sin renunciar a su propio objeto. Si se sustrae a ello,
sólo le queda redactar manuales sobre procedimientos y monografías de observa-
ciones. Antes de abordar este problema es necesario examinar si hay lugar a tratar-
lo, lo que no ocurrirá si la solución viene siempre dada de man era inmediata —lo
que constituye nuestra primera cuestión —, o si siempre existe una infini dad de
soluciones, que es nuestra segunda cuestión.
Primera cuestión : ¿Es evidente el bien público?
Con mucha frecuencia se habla como si el problema del Bien Común se en-
contrara resuelto desde el momento en que los hombres revestidos de autorid ad
desean usar de ella pa ra l os fines generales. Es postul ar i mplícitamente que la
intención cívica implica necesariamente la revelación inmediata de la consistencia
del bien público y de los medios capaces para procurarlo.
Supongamos sentado este postulado: la política entonces sería excesivamente
simple. Mien tras haya en la república homb res cuidadosos del inter és general,
«buenos ciudada nos», en la misma medida habrá hombres en perfe cto ac uerdo
sobre todo lo que conviene decidir y hacer. En cada uno de ellos la misma dispo-
sición produci ría la misma manera de pensar, de forma qu e to das las «buenas
voluntades», por ser buenas, no constituirían más que una, la «voluntad general»,
necesariamente recta. Seguramen te no sería la voluntad de todos, porque no to-
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