La política: un límite a la competencia del Poder Judicial. A propósito de la sentencia de la Corte Suprema Marelic con Servel y otro, de 8 de noviembre de 2017
| Autor | Luis Alejandro Silva - Gustavo Adolfo Díaz |
| Cargo | Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de los Andes, Chile - Ayudante de Investigación. Egresado de derecho |
| Páginas | 133-150 |
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LA POLÍTICA:
UN LÍMITE A LA COMPETENCIA
DEL PODER JUDICIAL.
A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA
DE LA CORTE SUPREMA
MARELIC CON SERVEL Y OTRO,
DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2017
POLITICS:
A LIMIT TO THE COMPETENCE
OF JUDICIAL POWER.
A PURPOSE OF THE JUDGMENT
OF THE SUPREME COURT MARELIC
WITH SERVEL AND OTHER,
OF NOVEMBER 8, 2017
Luis Alejandro Silva Irarrázaval
*
Gustavo Adolfo Díaz**
Resumen
La sentencia Marelic con Servel y otros supone una rareza en la jurispru-
dencia de la Corte Suprema, porque declara la incompetencia del Poder
Judicial para resolver un conflicto, arguyendo que, por su naturaleza,
corresponde sea solucionado por los poderes colegisladores. El propósito
de este comentario es extraer las premisas que sustentan la decisión de
la Corte Suprema y proyectar sus alcances. Particularmente, interesa
destacar la existencia de problemas cuya naturaleza es sobre todo política
y que, por lo tanto, corresponde que sean solventados por los órganos ad
hoc, que son el Congreso y el Ejecutivo, no el Judicial.
Palabras claves: Separación de poderes, derecho de sufragio, política.
* Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de los Andes,
Chile. Artículo recibido el 5 de noviembre de 2019 y aceptado para su publicación el 3
de marzo de 2020. Correo electrónico: lsilva@uandes.cl.
** Ayudante de Investigación. Egresado de derecho. Correo electrónico: gustavo diaz -
saez@gmail.com.
Derecho Público Iberoamericano, Nº 16, pp. 133-150 [abril 2020] ISSN 0719-5354
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luis silva - gustavo aDolfo DPI Nº 16 – Estudios
Abstract
The case of Marelic con Servel y otros is quite unique within the caselaw
of the Chilean Supreme Court, because it declares a certain matter (i.e.
the right to vote of inmates) as beyond the purview of judicial power.
Correspondingly, it hands the solution on the political branches. The
purpose of this commentary is to develop the premises on which the
case rests, and to envisage its scope. Particularly, we intend to underscore
how there are problems which are political in nature, and consequently
they should be handle by the political branches, namely Congress and
the Executive Power, not the Judiciary.
Key words: Separation of powers, right to vote, politics.
Introducción
Abruptamente, la Corte Suprema cambió su criterio respecto del ejercicio
del derecho a sufragio de las personas privadas de libertad. El 8 de noviem-
bre de 2017, después de una seguidilla de sentencias en que acogió sendos
recursos de protección en contra del Servel y Gendarmería, ordenando
que se tomasen las medidas necesarias para que pudieran votar allí donde
se encontraban detenidos o presos, la Corte rechazó un nuevo recurso
interpuesto por el INDH, cuando todo hacía presagiar que sería acogido1.
Lo interesante de este vuelco jurisprudencial no es tanto su radi-
calidad como el fundamento de la nueva línea adoptada por el tribunal.
Desafiando los términos del discurso a que los jueces nos tienen acostum-
brados en el ámbito de los derechos humanos, la Corte Suprema fundó
el rechazo del recurso en su incompetencia para resolver la materia, que
por su naturaleza correspondería al poder legislador.
La sentencia honra el principio de separación de los poderes, pero lo
hace sin recurrir a norma expresa alguna, sino a la naturaleza misma de
la decisión que se le pide pronunciar. En este sentido, el caso ofrece una
excelente oportunidad para profundizar en una de las razones que expli-
can dicho principio, que es la correspondencia entre el tipo de decisión
y el marco institucional de su adopción. En otras palabras, esta sentencia
manifiesta la lógica implícita en la distribución de materias según las
distintas funciones estatales (i.e. juzgar, gobernar, legislar).
1
corte suPrema
(2017), rol 41361-2017.
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