Casación en el fondo, 28 de enero de 2003. Inmobiliaria Bahía S.A. con Servicio de Impuestos Internos - Núm. 1-2003, Junio 2003 - Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales - Libros y Revistas - VLEX 218851253

Casación en el fondo, 28 de enero de 2003. Inmobiliaria Bahía S.A. con Servicio de Impuestos Internos

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Vistos:

En estos autos rol Nº 4038-01, la contribuyente Sociedad Inmobiliaria Bahía S.A. dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmatoria de la de primera instancia, dictada por el juez tributario de esta misma ciudad, mediante la cual se rechazó el reclamo interpuesto contra las liquidaciones números 545 a 571, por diferencias de Impuesto al Valor Agregado de los períodos tributarios junio a diciembre de 1992, enero a diciembre de 1993 y enero a agosto de 1994, giradas por aplicación de lo dispuesto en los artículos 203 de la Ley de la Renta y 20 del D.L. Nº 825, sobre IVA, al no haberse declarado los débitos fiscales provenientes de ingresos de explotación de complejo turístico “Los Jardines de Bahía Inglesa” de la Comuna de Caldera, según el criterio sustentado en las referidas liquidaciones.

Se trajeron los autos en relación.

LA CORTE:

Considerando:

  1. Que el recurso estima infringidos los artículos 200, números 5 y 7 del Código Tributario; 2053 del Código Civil; 19 números 20, 21, 22, 60 y 62 Nº 1 de la Constitución Política de la República; 1º, 2º números 2 y 4 y 8º letra g); 9º letra a); 10, 12 letra E, Nos 11, 14, 15, 17 y 64 del Decreto Ley Nº 825. Asimismo, se objetan los artículos 21 del Código Tributario, 427 y 384 regla segunda del Código de Proce-Page 23dimiento Civil, y 1700 y 1702 del Código Civil; artículo números 5 y 7 del Código Tributario en relación al 2053 del Código Civil; y el artículo 20 números 1 y 3 de la Ley de Impuesto a la Renta que se estiman no aplicados. Finalmente, el artículo 19 del Código Civil.

    En cuanto al primero de dichos preceptos, se infringe, según la recurrente, al estimarse que el plazo de prescripción que le afecta es de 6 años porque no se presentaron declaraciones por el tributo de que se trata, debido a que se consideró que el arriendo de sus inmuebles no estaba efecto a éste, pero sí se declararon los ingresos obtenidos que no fueron ocultados al Servicio de Impuestos Internos; y la mera circunstancia de que ahora se estime que ellos están afectos a IVA, no puede servir de base para considerar que no fueron declarados y aplicar la señalada prescripción excepcional. Este error, indica, influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia porque se rechazó la excepción de prescripción respecto de las liquidaciones números 545 a 552;

  2. Que, en cuanto a lo que podría estimarse como segundo capítulo, el recurso asevera que la calificación jurídica que se hace en las liquidaciones, y que le sirve de fundamento, de efectuarse una sola prestación de naturaleza hotelera por 2 empresas diferentes, cuya consecuencia sería que la explotación de las cabañas de la contribuyente se convierte en servicio hotelero gravado con IVA, no es jurídicamente sostenible, porque se trata de 2 contribuyentes diferentes y personas jurídicas distintas. El artículo 8º del Código Tributario define lo que ha de entenderse por ambas entidades, dejando en claro que cada persona jurídica es un contribuyente diferente de los demás y tributa de acuerdo a sus actividades, y el artículo 2053 del Código Civil no permite dudas en cuanto a la diferencia, no sólo de las sociedades entre sí, sino que de éstas respecto de sus miembros. El hecho de que 2 sociedades se complementen para realizar actividades, efectuando cada una prestaciones distintas, no cambia la naturaleza jurídica de tales servicios;

  3. Que el recurso reitera que el giro de ambas sociedades, así como sus actividades declaradas y aceptadas por el Servicio de Impuestos Internos, son diferentes y no se ha objetado la actividad del otro contribuyente involucrado sino que se ha dirigido contra la recurrente para cobrarle un impuesto, tratándola como si estuviera desarrollando una actividad hotelera, y a la otra como si no la estuviera llevando a cabo, y así aceptar que realiza el arriendo de bienes muebles, explotación de un restaurante y de un almacén. Sus activos son sólo bienes raíces y la otra empresa no los posee aunque sí bienes muebles;

  4. Que el recurso agrega que se vulnera el principio de legalidad de los impuestos, establecido en los artículos 60 y 62 Nº 1 de la Carta Fundamental, ya que por la vía de la interpretación de un funcionario se juntan arbitrariamente actividades realizadas por distintos contribuyentes para pretender que se trataría de una única prestación, como si la realizara un solo contribuyente, de manera de gravar de modo distinto a uno de ellos. Además, menciona como vulneradas las normas de la Constitución Política de la República que garantizan la igual repartición de los tributos, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita y la no discriminación en el trato económico;

  5. Que, en relación con las disposiciones del Decreto Ley Nº 825 que se estiman vulneradas, se explica brevemente su contenido, principalmente del artículo 12, letra E, Nº 11, que establece en forma explícita la exención de este impuesto en favor de la actividad de arrendamiento de bienes raíces, y se estima que ésta se dejó sin aplicación;

  6. Que, además, el recurso denuncia que no se consideró debidamente la prueba que rindió, ya que no se hace referencia alguna a los contratos que se acompañaron, en que aparece que la reclamante daba sólo en arriendo el inmueble y la otra sociedad arrendaba los muebles.Page 24 Tampoco se le dio relevancia a la prueba testimonial comentada en el motivo 14º, puesto que los testigos declararon que se trataba de 2 contratos distintos, por distintas empresas con cada arrendatario, y se dio relevancia a la no existencia de un contrato que regulara la relación entre las 2 empresas de que se trata, lo que carece de trascendencia;

  7. Que, a continuación, se denuncia la infracción del artículo 21 del Código Tributario porque se ignoró la documentación y antecedentes presentados, sin calificarlos como no fidedignos; del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, que presume la verdad de los hechos certificados por un ministro de fe, al extender indebidamente dicha presunción a opiniones y calificaciones jurídicas realizadas por un ministro de fe a quien no se le aplican. Tampoco –se indica– se dio valor probatorio a los instrumentos públicos y privados acompañados, vulnerándose...

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