Integración del Senado y Método Electoral
| Autor | Francisco Cumplido Cereceda |
| Cargo | Rector de la Universidad Miguel de Cervantes. Ex Profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales |
Una de las causas de la crisis de las instituciones políticas que culmina con la ruptura constitucional del 11 de septiembre de 1973, fue la falta de una genuina representatividad de la Cámara de diputados y del Senado, y del Presidente de la República. En efecto, los poderes políticos deben reflejar por su integración y representatividad los problemas del país y las alternativas de solución planteadas por los partidos políticos, corrientes de opinión y por los independientes. La democracia, por su parte, es el gobierno de la mayoría, con la posibilidad de alternancia en el poder, a través de elecciones auténticas y sinceras, y con el respeto de los derechos humanos. Recordemos que en la elección de marzo de 1973, la cámara de diputados fue elegida sobre la base del censo de población de 1930, en distritos que, además, tenían una realidad geográfica también distorsionada. Es decir, la Cámara de diputados representaba un país irreal. Por su parte, el Senado, renovado por parcialidades, reflejaba una superposición de realidades políticas. A todo ello se sumaba la posibilidad que fuera elegido presidente de la república una persona que no tuviera un respaldo ciudadano mayoritario, caso en el cual resolvía el congreso pleno, elegido sus miembros con las deficiencias de representatividad anotadas precedentemente. El Presidente Allende fue proclamado por el Partido Socialista por más abstenciones que votos a favor, obtuvo el apoyo de poco más de un tercio de los ciudadanos que concurrieron a sufragar, y la coalición Unidad Popular no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras. Hay que agregar a lo anterior, que la siguiente elección de la Cámara de diputados y la renovación parcial del senado, se debía efectuar tres años después de la elección de presidente la república. El problema era más grave, porque a partir de 1958 se venía produciendo una polarización en las posiciones políticas que impedía constituir efectivas mayorías de gobierno; se había roto a 1970 la sociedad de compromiso y la subsecuente democracia de los acuerdos. Hubo, además, causas económicas, políticas, sociales e internacionales que también contribuyeron a la crisis. La causa inmediata de la ruptura, el proyecto de reforma constitucional de las tres áreas de la economía, demostró vacíos en la competencia del Tribunal Constitucional y una interpretación controvertida del procedimiento de reforma constitucional.
La Constitución originaria de 1980 establece un régimen político denominado por sus autores democracia protegida. Técnicamente es un presidencialismo autoritario, en que frente a un Ejecutivo vigorizado, aún más que bajo el imperio de la Constitución de 1925 y las reformas de 1943 y 1970, existe un contrapeso débil del Congreso Nacional, al que se suma un contrapeso burocrático, en el buen sentido de la palabra, del Tribunal Constitucional, de una parte del Senado, (25%), de miembros designados, y el Consejo de Seguridad Nacional. A ello debe agregarse la facultad del Presidente de la República también, en la Constitución originaria, de disolver por una sola vez la Cámara de diputados. Se suma a lo anterior un sistema electoral uninominal arbitrario para las elecciones de diputados y senadores, en que se eligen dos cargos por distrito electoral, y en que una lista para llevarse los dos cargos requiere obtener el doble de votos respecto de la que la precede, autorizándose la suscripción de pactos electorales, pudiendo producirse una grave desigualdad en el valor del voto. Mantiene la superposición de realidades políticas en el senado, y agrava su falta de representatividad política al integrarse con senadores designados o por derecho propio (ex Presidentes de la República). Por su parte, el sistema electoral deja sin representación parlamentaria a los partidos políticos que no logren constituir coaliciones amplias, reflejadas en pactos electorales y, como se ha planteado establece una desigualdad del valor del voto, que contribuye a distorsionar la representatividad política, y puede estimular conductas extra sistémicas. A todo lo anterior debemos agregar que el sistema de reforma constitucional de la Constitución originaria de 1980, en sus normas de vigencia permanente, era extremadamente rígido que, en la práctica, era un verdadero "cerrojo constitucional", destinado a proteger el presidencialismo autoritario y evitar cualquier reforma.
Tanto los partidos políticos disidentes del gobierno militar, como el partido Renovación Nacional, que lo apoyaba, prontamente llegaron a la conclusión que había que introducir modificaciones a la Constitución de 1980, para que hubiera gobernabilidad democrática. Se prepararon sendos proyectos de reforma constitucional por comisiones designadas con esta finalidad. La Concertación de Partidos por la Democracia siguió los trabajos del Grupo de Estudios Constitucionales ("Grupo de los 24"), los realizados bajo el patrocinio de la Comisión Chilena de Ciencia Política y los de la propia comisión pluralista nombrada por la Concertación. Posteriormente, hubo una propuesta conjunta entre la Concertación y Renovación Nacional.
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