Sentencia nº Rol 2351 de Tribunal Constitucional, 26 de Diciembre de 2012
| Fecha | 26 Diciembre 2012 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil doce.
Proveyendo al escrito de fojas 87, a lo principal, téngase por evacuado el traslado conferido; a los otrosíes primero y segundo, ténganse por acompañados los documentos, bajo apercibimiento legal; al tercer otrosí, téngase presente el patrocinio y poder.
Proveyendo al escrito de fojas 125, estese al mérito de lo que a continuación se resolverá.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
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Que, con fecha 19 de noviembre de 2012, A.M.R., Subsecretaria de Transportes subrogante, en representación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; P.P.E.D., Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por sí, P.P.G., C. General de Transportes, por sí, y R.O.J. han requerido a esta M. la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 5° de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en la parte que dice “y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”, en el marco del reclamo de ilegalidad de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 5077-2012;
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Que el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.”.
El inciso decimoprimero del mismo precepto de la Carta Fundamental dispone que “en el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.”;
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Que la normativa constitucional aludida precedentemente se complementa con la que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Así, el inciso primero del artículo 82 de dicho texto legal establece que “para ser acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso contrario, por resolución fundada que se dictará en el plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales”.
Por su parte, los...
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