Sentencia nº Rol 1743 de Tribunal Constitucional, 5 de Julio de 2011
| Fecha | 05 Julio 2011 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Santiago, cinco de julio dos mil once.
VISTOS:
A fojas 1, don J.G.M.A., ha deducido ante este Tribunal Constitucional acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 38 (en la parte que alude a la tabla de factor etáreo) de la Ley N° 18.933, vigente con anterioridad a la Ley N° 20.015, conocida también como Ley de ISAPRES; 38 ter de la Ley N° 18.933, incorporado por el artículo 1°, N° 15, de la Ley N° 20.015; 2° de la Ley N° 20.015, publicada en el Diario Oficial de diecisiete de mayo de dos mil cinco, en la causa seguida ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1722-2010, en contra de ISAPRE Consalud S.A., que se encuentra actualmente pendiente.
En los antecedentes de la referida gestión se indica que el requirente suscribió un contrato de salud con la mencionada ISAPRE el dieciséis de septiembre de dos mil dos (fojas 51) y que mediante carta fechada el treinta de abril de dos mil diez (fojas 23), ésta le informó el aumento que sufriría el precio de su plan de salud -de 8,728 a 16,328 Unidades de Fomento mensuales- por efecto del cambio del factor de riesgo que correspondía aplicar por variación de la edad del cotizante (65 años) y de una beneficiaria (60 años).
En cuanto al conflicto constitucional que se somete a conocimiento y resolución de esta M., el actor sostiene que la aplicación de los preceptos legales impugnados para la resolución del asunto judicial pendiente invocado, resulta contraria a las garantías que aseguran los N°s 2°, 9º, 18º, 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Como fundamento de lo expresado, el requirente argumenta que al autorizarse a las ISAPRES para ajustar los precios de los contratos de salud en relación con la edad y el sexo de los beneficiarios, las normas legales impugnadas vulnerarían su derecho a la igualdad, puesto que ella establece una diferencia entre los distintos grupos etáreos y entre los hombres y las mujeres, de modo que, para acceder al mismo beneficio, algunos –los de mayor edad y, dentro de ellos, las mujeres- pagan más que otros. Esta diferencia sería arbitraria, ya que la edad y el sexo constituyen hechos involuntarios, correspondientes a estados naturales inimputables a las personas que los viven. En este punto, el actor también plantea que las normas legales impugnadas atentarían en contra de la justicia al aumentar el precio del contrato de salud en la medida que aumenta la vulnerabilidad de la persona.
Agrega, enseguida, que los preceptos legales cuestionados suponen una cortapisa a la garantía del libre e igualitario acceso a la protección de la salud y al derecho a elegir el sistema al que la persona desee acogerse, sea estatal o privado, ya que el fuerte y creciente aumento del precio del plan de salud es una forma indirecta de obligarla a salir del sistema privado de salud.
Considera también afectado su derecho a la seguridad social y al goce de prestaciones básicas uniformes, ya que de aplicarse las normas legales impugnadas para resolver el asunto pendiente de que se trata, se afecta la libertad de las personas para elegir y permanecer en el plan de salud por el que optaron al celebrar el contrato, siendo el fuerte y creciente aumento de precio una forma indirecta de obligarlas a salir del sistema privado de salud, vulnerando así la garantía del libre e igualitario acceso a la protección de la salud y al derecho de elegir el sistema de salud al que la persona desee acogerse, sea éste estatal o privado.
Estima, asimismo, infringido el derecho de propiedad en la medida en que por vía indirecta, al aumentar en forma creciente y sostenida el precio del plan de salud, puede privarse al afectado del derecho a hacer uso del sistema privado de salud así como de los beneficios concretos que éste otorga, bienes que ya se encuentran incorporados a su patrimonio. Señala, además, que se le priva injustamente de una parte de su patrimonio, debido a que no hay una contraprestación equiparable a dicho aumento de precio.
Agrega que, por último, se ha infringido la garantía, establecida en el artículo 19 N° 26, consistente, en la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ella establece o que las limiten en los casos en que la propia Carta lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, aspectos en que las normas impugnadas contravienen los preceptos constitucionales reseñados precedentemente, y que el artículo 19 de la Constitución garantiza a todas las personas.
La Segunda Sala de este Tribunal, por resolución de cinco de julio de dos mil diez (fojas 38), admitió a tramitación el requerimiento y ordenó la suspensión del procedimiento en que incide.
Posteriormente, por resolución de siete de diciembre de dos mil diez (fojas 58), el Tribunal declaró admisible la acción deducida sólo respecto del artículo 38, en la parte que alude al factor etáreo, de la Ley N° 18.933, vigente con anterioridad a la Ley N° 20.015, e inadmisible respecto de los demás preceptos legales impugnados.
Pasados los autos al Pleno para su sustanciación, el Tribunal ordenó practicar las comunicaciones y notificaciones previstas en el artículo 86 de la Ley Orgánica Constitucional de esta M., sin que los...
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