La tutela del derecho alimenticio y la evaluación del conflicto entre el prestador, el administrador y el beneficiado
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LA TUTELA DEL DERECHO ALIMENTICIO Y LA
EVALUACIÓN DEL CONFLICTO ENTRE EL PRESTADOR,
EL ADMINISTRADOR Y EL BENEFICIADO
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos veinte años en la región latinoamericana se han
observado procesos de reforma en los órganos que conforman el sistema judi-
cial, desde una visión interdisciplinaria de análisis porque el problema mate-
rial de no tener un buen sistema de justicia genera una condición negativa que
afecta la legitimidad e institucionalidad del propio Estado (National Center
for State Courts, 2005).
En este punto nos avocaremos a un punto de mucha trascendencia en
la actualidad a raíz del problema del Covid-19 en el ámbito de las relaciones
familiares, en particular cuando se debe evaluar la prestación de los alimentos
en familias separadas, divididas o en crisis.
Las condiciones en las cuales se generará una situación en particular
incidirán en el ámbito de la violencia y de la contradicción de posiciones entre
los progenitores, asumiéndose que esta condición se incrementará cuando las
condiciones económicas no puedan satisfacer las necesidades o las obligacio-
nes vinculadas al ámbito de la prestación alimentaria.
De este modo, la provisión de una cuota alimenticia o el pago de ser-
vicios vinculados al ámbito de la crianza de los hijos (Picó, Lluch, de Miran-
da, 2018) será un asunto que requerirá ser determinado cuando se nalice la
etapa de la cuarentena, en particular porque la gran mayoría de la población
en América Latina no dispone de una condición laboral estable o permanente
dado que las condiciones más generales son las de informalidad, trabajo bajo
modalidades de subcontratación, tercerización o eventualmente trabajos con-
dicionados a una temporalidad o eventualidad.
La gravedad del asunto implicará evaluar situaciones muy particula-
res, en particular cuando las necesidades económicas de todas las partes in-
volucradas estén sujetas a la provisión de recursos por parte del prestador de
Manuel BerMúdez Tapia
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los alimentos, donde las necesidades de los alimentistas se verán limitados en
función a la inamovilidad que varios gobiernos en la región latinoamericana
han impuesto.
Consecuentemente, el análisis del trámite de los procesos de alimentos
no resultará sencillo, porque las partes en conicto podrán haber incrementa-
do el nivel de violencia, provocando la generación de nuevos procesos judi-
ciales en forma secuencial a un primer proceso en el cual se ha determinado o
la obligación de prestar alimentos o la denuncia de una situación de violencia
familiar.
Las situaciones de detrimento de derechos de los hijos involucrados,
de los derechos y condiciones personales de los progenitores en el trámite ju-
dicial, los recursos logísticos y humanos de los órganos judiciales y el tiempo
que tomará la evaluación del expediente judicial (Gutiérrez, 2007) se ampliará
y todo ello constituye un elemento que pocas veces es evaluado en forma
conjunta.
Ante esta situación, se ejecuta un análisis de los factores endógenos y
exógenos que implica un trámite judicial deciente, negligente, oneroso en
lo humano y en lo económico y disfuncional en cuanto al tiempo que implica
desde su planteamiento hasta la atención al “derecho” planteado.
1. LOS FACTORES ENDÓGENOS EN EVALUACIÓN
Cuando se plantea el análisis de los factores “endógenos” al trámite de
un proceso de alimentos, estamos haciendo mención a los “elementos” que
inciden en su trámite, desde la formulación de una demanda (en el ámbito
civil o de familia) o una denuncia (en el contexto jurisdiccional penal) a causa
del propio “proceso judicial”.
En este contexto, los factores que inciden negativamente al trámite de
un proceso de alimentos son los siguientes:
a) El trámite judicial excluye la participación activa o diligente de los
abogados.
Un error material que se genera en mérito a la consideración de una
participación inmediata de las partes involucradas o porque se han
dispuesto procedimientos digitales o estandarizados que facilitan la
ejecución de un proceso judicial en la materia.
Esto limita en esencia los derechos de las partes en el proceso por-
que permite una indefensión material durante el trámite del proceso
(Castillejo y Catalina, 2011) al no tener una proyección de sus expec-
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