Corte Suprema, 13 de octubre de 2003. Soto Grueso, Yonjairo Gonzalo y otro Recurso de casación en el fondo
| Autor | Carlos Künsemüller Loebenfelder |
| Páginas | 132-134 |
Page 132
Conociendo del recurso interpuesto:
LA CORTE:
Vistos:
Se ha seguido este proceso criminal rol Nº 39.117 ante el Quinto Juzgado del Crimen de Valparaíso a efectos de investigar un delito de robo con intimidación y la responsabilidad que en él les ha cabido a los imputados Yonjairo Gonzalo Soto Grueso y Julio Marcelo Lagos Farías.
Por sentencia de primera instancia, dictada el 12 de marzo de 2003, escrita de fs. 158 a 161 vuelta, se condena a cada uno de los señalados procesados a sufrir la pena
de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias y costas correspondientes, como coautores del delito de robo con violencia en las personas en perjuicio de Rodrigo Barahona Oporto, cometido el 21 de abril de 2002, en Valparaíso.
Por sentencia de segundo grado, de 11 de julio del presente año, escrita de fs. 176 a 176 vuelta, la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirma la anterior sentencia, con declaración de que el delito por el cual se condena a los reos es de robo con violencia en las personas en grado de frustrado y sancionado como consumado.
A fs. 178 la defensa del acusado Julio Marcelo Lagos Farías deduce recurso de casación en el fondo que funda en la causal Nº 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, el cual fue traído en relación mediante resolución dictada a fs. 183.
Considerando:
Primero: Que la defensa del encausado Julio Marcelo Lagos Farías, a través de su recurso de casación en el fondo deducido, tomando base en la causal Nº 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estima que la sentencia de la Corte de Apelaciones, al confirmar la de primer grado, ha infringido las normas de los artículos 456 bis Nº 3º, 51, 52 y 7º del Código Penal. La del artículo 456 bis Nº 3º, porque al encausado no le afecta la circunstancia agravante específica de ser dos o más los malhechores pues no se encuentra acreditado en el proceso que existió acuerdo, concertación o confabulación con el otro encausado, ni conocimiento entre ellos anterior al ilícito, como implícitamente lo exige esa norma. De este modo, si se hubiese aplicado correctamente la disposición legal se habría tenido necesariamente que concluir que no le afecta dicha agravación, por lo que debió haber sido condenado a una pena privativa de libertad inferior en grado a la que se le aplicó en definitiva. Agrega que también infringió el artículo 51 del Código Penal en cuanto dispone que a los autores de crimen o simple delito frustrado y...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba