Los riesgos del sistema tributario en la propuesta de nueva constitución
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TEMAS PÚBLICOS
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Nº 1558 - 1
25 de agosto de 2022
ISSN 0717-1528
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LOS RIESGOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO
EN LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN
Debido a que la propuesta de Nueva Constitución (PNC o la propuesta) considera un rol
mucho más activo del Estado en materias económicas y en la satisfacción de los derechos
sociales relegando al sector privado
1
, la regulación a nivel constitucional en materias
tributarias contiene cambios sustantivos, muchos de los cuales representan un retroceso
respecto al régimen tributario que establece la Constitución vigente (CPR o la Constitución).
Primero, si bien la PNC considera algunos principios tributarios razonables, no incluyó otros
igualmente importantes como la no discriminación arbitraria o la simplicidad tributaria, de
manera que el sistema tributario distorsione lo menos posible las decisiones de las
personas. Luego, en vez de limitarse a consagrar principios y derechos fundamentales en la
materia, la Propuesta discurre sobre la regulación del “sistema” tributario añadiendo
objetivos y calificativos que no son propios de una carta fundamental, pareciendo más
pertinentes a un programa de gobierno.
Finalmente, mientras la potestad tributaria se encuentra hoy radicada exclusivamente en el
Presidente de la República (vía la iniciativa exclusiva en materia legislativa), siendo este el
único facultado para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos
2
; la PNC muta hacia el
1
La PNC reconoce expresamente que el Estado “participa en la economía para cumplir sus fines
constitucionales” (artículo 182.1). Considerando las veces que en la PNC se lee “es deber del Estado” o “El
Estado debe”, podemos contar cerca de 60 fines.
2
Artículo 65 de la CPR.
• Las normas fundamentales sobre derechos y garantías en materia tributaria debieran
consagrar reglas o principios generales, orientadas a establecer un sistema más simple y
eficiente, que responda a criterios de necesidad y distorsione lo menos posible las
decisiones de los agentes económicos.
• Sin embargo, la propuesta constitucional considera una regulación maximalista, que busca
consagrar ciertos principios -como el de justicia material- que amenazan la certeza y
estabilidad jurídica, ambas indispensables para un crecimiento económico sostenible.
• Por otro lado, en cuanto a la potestad tributaria, se introducen innovaciones -como la
eliminación de la iniciativa legislativa exclusiva presidencial y la facultad de las asambleas
regionales de establecer tasas y contribuciones- que generarán incentivos perversos.
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