Temas Públicos - Books and Journals

Temas Públicos

Editorial:
Fundación Libertad y Desarrollo
Fecha publicación:
2016-09-07
ISBN:
0717-1529

Últimos documentos

  • Propuesta constitucional sobre las policías y seguridad pública: retroceso institucional

    Los artículos aprobados en el Pleno de la Convención Constitucional, relacionados con la seguridad y las instituciones policiales, representan un gran retroceso en relación con la institucionalidad que actualmente tiene nuestro país. El Pleno rechazó la norma que establecía que las policías están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Dado que no quedó expresamente establecido en el texto constitucional que es una ley la que regulará esta materia, también se puede entender que mediante decreto presidencial se pueden crear nuevas policías. Esta falta de prolijidad profundizará las incertidumbres en tiempos en que se requieren instituciones sólidas. El concepto de organización interna militar facilita la mantención de la disciplina y no dice relación con la noción de “militarización de la seguridad interior” como lo han hecho ver numerosos convencionales motivados políticamente a fin de cambiar la tradición institucional de Carabineros de casi 100 años.

  • Derechos sociales en la constitución: una revisión de la evidencia disponible

    Esta semana el pleno de la Convención Constitucional votó la inclusión de una larga lista de derechos sociales, con diversos calificativos y otorgando al Estado un rol preeminente en su provisión. Al revisar la literatura disponible, sin embargo, se encuentra que no hay evidencia de que su incorporación vaya a traducirse en un mayor bienestar social. Por un lado, los estudios indican que las constituciones del mundo presentan amplia heterogeneidad, tanto en el número, como en la forma de incluir derechos, lo que sugiere que no existe un estándar a seguir. Asimismo, no se encuentra una relación entre la inclusión de derechos sociales y el gasto público, así como tampoco con los resultados que se busca obtener de ellos. En cambio, más que la vía constitucional, lo que parece incidir en esta materia sería la ley y las políticas públicas. Lo anterior se grafica en la amplia diferencia que existe entre los 10 países con mayor Índice de Desarrollo Humano, algunos de los cuales poseen más derechos constitucionalizados, mientras que otros muestran un bajo compromiso en este sentido.

  • Mitos y verdades sobre impuestos en Chile

    El programa de gobierno del Presidente Boric considera un incremento de la recaudación de impuestos de casi 40%. Como justificación se plantea que Chile tiene una gran brecha en la carga tributaria comparada con la OCDE, la cual es necesario cerrar. Un análisis más detallado de los datos muestra que la brecha real es menor y que la OCDE presenta una interesante diversidad de estructuras, bases, tasas y, por tanto, cargas tributarias, lo que plantea una mayor dificultad al compararse. Un incremento de la carga tributaria para nuestro país, especialmente de esta magnitud, tendrá diversos efectos negativos, más aun considerando que todas las proyecciones económicas presentan un país cuyo ingreso per cápita se verá estancado por algunos años.

  • Aumento salario mínimo: el riesgo de perder empleos

    Las bajas perspectivas de crecimiento para 2022 y 20231, junto a la caída proyectada en inversión, dificultarán la creación de nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, no es recomendable implementar políticas que debiliten aún más la creación de empleo, como es el aumento a $ 400.000 del salario mínimo, por cuanto se incrementan los costos laborales en todas las empresas, independiente de su tamaño. Resultaría conveniente profundizar y ampliar el Ingreso Mínimo Garantizado IMG, programa que no encarece la contratación por parte del empleador y que entrega una ayuda directa a los trabajadores con remuneraciones brutas mensuales menores a $ 421.250. Ayuda que llega a los trabajadores independiente del tamaño de la empresa en que se desempeñen. Con el IMG no se afecta la creación de empleos formales ni tampoco se corre el riesgo que se destruyan puestos de trabajo. Se debe tener presente que otros proyectos de ley como la reforma de pensiones y la reducción de la jornada laboral, de aprobarse, pudieran afectar la formalidad laboral, especialmente de los menos calificados, que deben estar en el centro de las buenas políticas públicas.

  • Nueva Constitución y rol de los privados en el sistema de salud en Chile

    Parte de la propuesta presentada por la Comisión de Derechos Fundamentales al Pleno de la Convención Constitucional sobre el derecho a la salud limitaría severamente el rol de aseguradores y prestadores privados de salud. El sistema Isapre tiene más de tres millones de afiliados y 40% de ellos no pertenece al quintil de más altos ingresos. Los prestadores privados de salud atendieron la mitad de las prestaciones entregadas por médicos el año 2018, mientras que el 43% de las prestaciones otorgadas por prestadores privados fueron a afiliados de Fonasa en la Modalidad Libre Elección. En una encuesta de la Superintendencia de Salud, los usuarios de Isapre se muestran más satisfechos que los usuarios de Fonasa con su sistema de salud. De acuerdo a información de la Oficina de Información Económica en Salud del MINSAL, desde el 2017 el gasto per cápita en salud es mayor en el sector público que en el privado.

  • Normas laborales aprobadas en la convención constitucional: necesidad de mayor reflexión

    En el Pleno de la Convención Constitucional se han aprobado normas sobre la regulación laboral que deben ser analizadas en detalle, ya que pueden generar un cambio adverso en la gestión de las compañías, así como en la calidad de atención de los servicios públicos. La incorporación de dirigentes sindicales en el directorio de una empresa, ejerciendo así decisión sobre la gestión y dirección, sin que deban dar cuenta de la pérdida patrimonial que puedan producir, altera sustancialmente la gobernanza de una compañía, afectando así a los accionistas que aportaron el capital para el emprendimiento. Otorgar derecho a huelga al sector público, que por esencia presta servicios monopólicos, transfiere un sustancial poder de negociación a los funcionarios públicos, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios que prestan a la ciudadanía, sobre todo en lo referido a atención a público y entrega de beneficios de manera oportuna. Por último, la negociación por sector productivo, que involucra obligatoriamente a empresas de diferentes tamaños y de modalidad de gestión, generaría una barrera inalcanzable para las pequeñas empresas que no podrán pagar los beneficios acordados por las grandes compañías con los sindicatos, con lo cual la concentración industrial se incrementará al comenzar a extinguirse las pymes.

  • La (faltante) estrategia del gobierno frente al aumento de la delincuencia

    Frente al eventual término o atenuación que, tarde o temprano, experimentarían las restricciones sanitarias, era necesario que las autoridades se anticiparan a las consecuencias que esto tendría sobre las cifras de delincuencia. Sin embargo, la inacción por parte del Gobierno en esta materia ha dado por resultado un aumento del 62% en los delitos durante los primeros 28 días de mandato, en comparación al mismo período del año anterior. Esta tendencia al alza no tardará en causar efectos políticos, dado que la seguridad pública pasará a ser nuevamente una de las mayores prioridades de la ciudadanía tal como ya puede observarse a través de distintas encuestas. El Gobierno presentó su agenda en esta materia, sin embargo, la exposición realizada frente a los parlamentarios se caracterizó más bien por ser un cúmulo de generalidades y declaraciones de intención y no una estrategia que definiese objetivos, planes de acción y plazos concretos para lograr las metas propuestas.

  • Transporte público regulado en Chile: ¿a quiénes beneficia el anuncio del gobierno?

    El Ejecutivo anunció el congelamiento de las tarifas de servicios de transporte público regulado durante todo el 2022, quedando contenidos el sistema RED de la ciudad de Santiago, y aquellas comunas sujetas a perímetros de exclusión y condiciones de operación. Con el fin de estimar la amplitud de la medida, es importante recordar que en Chile conviven MEJORAS dos tipos de sistemas de transporte público: aquellos sujetos a instrumentos regulatorios de MTT asociados principalmente a la definición de tarifa y frecuencia y aquellos de tarifa libre, al no estar regulados en ninguno de sus aspectos operativos. Al analizar los mecanismos que dispone el Ejecutivo para concretar su anuncio, se estima en forma preliminar que el universo potencial de posibles beneficiarios sería un 52,9% de la población chilena, cifra que al separar entre regiones y la RM, implica que sólo un 30% de los chilenos que viven en regiones serán beneficiados, mientras que en la Metropolitana será un 86% de su población. Desde la óptica fiscal, el anuncio tiene la distorsión de ser un subsidio masivo a los operadores del transporte público, lo que beneficiará también a quienes pueden pagar una tarifa que refleje adecuadamente el costo del servicio.

  • Banco Central: el riesgo de los cambios propuestos

    Recientemente la Comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos Constitucionales de la Convención Constitucional aprobó, en general y particular, las normas que regirían al Banco Central en la propuesta de nueva Constitución. Por un lado, estas normas recogen el acuerdo casi transversal de mantener la autonomía del Instituto Emisor, la cual queda declarada en el texto. Sin embargo, la autonomía efectiva no proviene de la sola declaración, sino de la protección que toda la institucionalidad circundante le otorgue. Al respecto, en el articulado aprobado se observan elementos que, de no corregirse, menoscabarían en forma importante dicha autonomía. En particular, destaca la obligación para el Banco de coordinarse en sus decisiones de política con el Gobierno; el incremento de objetivos para éste, en varios de los cuales no tiene injerencia; la reducción de barreras para destituir a los consejeros; las desproporcionadas incompatibilidades con el cargo; y el nombramiento de la mayoría de los consejeros en un solo período parlamentario.

  • Nuevo(s) retiro(s) de fondos previsionales: impactos económicos y políticos

    Los retiros han sido cada vez más regresivos, por cuanto quienes más recursos tienen ahorrados, son los que han podido retirar montos más altos, como consecuencia de una mayor formalidad laboral y mayor número de cotizaciones. Los datos de la Superintendencia de Pensiones muestran que, a diciembre de 2021, cerca de 2.027.719 personas del total de afiliados al sistema previsional del DL 3.500, tienen saldo cero en sus cuentas de ahorro previsional. Es decir, el 18% de los afiliados no tiene ahorros para su vejez. De este grupo, el 63% son mujeres, lo que equivale a cerca de 1.300.000 personas. Un nuevo retiro provocará una disminución de 37% en las pensiones de mujeres y 29% en hombres, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones. Además, se profundizarán aún más los efectos económicos de los retiros anteriores: mayores presiones inflacionarias y alzas en las tasas de interés, especialmente de largo plazo (créditos hipotecarios) y mayor volatilidad del tipo de cambio. Todo esto debilita la inversión, la recuperación de la actividad y la generación de empleo. Finalmente, el bajo crecimiento económico proyectado de entre 1,0 y 2,0% en 2022 y de -0,25% y 0,75% en 2023 y una inflación que podría llegar a 15% de ocurrir un nuevo retiro, afectarían fuertemente los hogares, especialmente los más vulnerables.

Documentos destacados

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    Las grandes crisis migratorias han tenido disímiles causas, pero entre ellas siempre se repite la falta de oportunidades y de empleos formales con remuneraciones que permitan cubrir las necesidades básicas. • No tener una institucionalidad migratoria actualizada, moderna y clara, que permita al país...

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