Temas Públicos

Editorial:: Fundación Libertad y Desarrollo
Fecha publicación:: 2016-09-07

ISBN:: 0717-1529

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La importancia de retomar el círculo virtuoso del crecimiento económico
Las estimaciones del Banco Central vuelven a mostrar el grave problema de crecimiento del país, agravando un problema que se arrastra: durante los últimos 10 años, el crecimiento promedio del PIB per cápita ha sido de sólo 0,7%, lo que es sustancialmente más bajo que lo observado en las dos décadas previas, donde fue de 4,1%. Durante los años de alto crecimiento económico se observa una mejoría sustancial en la generación de empleos, incrementos de salarios reales y reducción de la pobreza. Este fenómeno se ha observado tanto en Chile como en otros países. Lamentablemente, para el Gobierno el crecimiento económico no es una meta prioritaria y, probablemente, exhibirá un resultado tan pobre como el observado en los últimos años. Urge, por tanto, poner el énfasis en una agenda pro crecimiento.
FONASA: más afiliados expuestos a su deficiente gestión
La delicada situación de la salud en Chile tiene a las aseguradoras privadas a la espera de la aplicación de fallos que harán aún más complicada su situación financiera, a las clínicas privadas reclamando millonarias deudas del Estado y a Fonasa sumando más afiliados, pero con sus históricos problemas de gestión. El número de personas en listas de espera y de suspensiones de cirugías subieron respecto a 2022 y miles de chilenos fallecen esperando ser atendidos. Dado que el sistema de salud privado brinda una alternativa a Fonasa y los hospitales estatales, es fundamental que el poder Ejecutivo y el Congreso Nacional encuentren mecanismos para dar viabilidad al sistema de salud privado para luego emprender una necesaria reforma a la salud que permita que todos los chilenos accedan a una atención oportuna.
¿Es necesario actualizar la metodología para la medición de la pobreza?
¿Cómo pudo bajar tanto la pobreza si los ingresos del trabajo no se han recuperado del nivel prepandemia? En el presente documento analizamos esa interrogante. Encontramos que entre los años 2017 y 2022 los subsidios entregados por el Estado permitieron compensar la caída que experimentaron los ingresos del trabajo, mientras que fue el alza en el alquiler imputado lo que posibilitó el incremento en el ingreso total y con ello, la reducción en la pobreza. Si bien los resultados son consistentes con la metodología vigente, es necesario indagar en ellos, pues encontramos antecedentes que sugieren que el alquiler imputado recogido por la encuesta podría estar sobre estimándose.
Derecho a huelga en la Constitución: la importancia de las limitaciones
En el marco del proceso constitucional, la forma en que se consagre el derecho a huelga es uno de los temas que ha generado controversias. Mientras el oficialismo respalda la propuesta del Anteproyecto de la Comisión Experta (huelga libre, que se extiende a todos los trabajadores sin distinción y sin limitaciones a nivel constitucional), los consejeros de oposición buscan corregir esta regulación. Distintos países consagran en su Constitución o a nivel legal el derecho a huelga, pero generalmente con determinadas limitaciones al ejercicio de la misma. Las enmiendas que pretenden introducir limitaciones o prohibiciones a la huelga apuntan en la dirección correcta y están en línea con la evidencia comparada que promueve el principio de continuidad de los servicios públicos.
Informalidad, caída de salarios reales y bajas cotizaciones: preocupantes resultados de ESI 2022
Los datos de la última Encuesta Suplementaria de Ingresos, muestran que en los últimos 5 años los salarios no han crecido y hay importantes diferencias entre trabajadores formales e informales. Considerando los salarios promedio, los trabajadores formales tienen salarios que son 2,4 veces el de los informales, siendo las mujeres informales las que reciben salarios más bajos, cuyos montos se ubican 61% por debajo del salario promedio de todos los trabajadores. Por otro lado, el 39% de los ocupados no ahorra para pensiones. Este dato es muy preocupante por cuanto no se pueden construir mejores pensiones sin ahorro de los trabajadores. Por lo tanto, es fundamental que se implementen políticas públicas que apunten a reducir la informalidad laboral. Además, el Gobierno debe considerar los efectos que tienen en el mercado laboral, los proyectos de ley y reformas que está impulsando y cambiar su rumbo.
Tratados internacionales: ¿Rango constitucional o supralegal?
La jerarquía de los tratados internacionales en la nueva Constitución es una de las materias que ha generado gran debate al interior del Consejo Constitucional. En el seno de la Comisión Experta no se establecieron definiciones respecto a esta materia, quedando pendiente su discusión para esta segunda etapa del proceso. En efecto, en el Anteproyecto de nueva Constitución no se establece el rango de los tratados internacionales, mientras que algunas enmiendas presentadas por los consejeros sí procuran definirlo a nivel constitucional. Algunos proponen otorgar de manera expresa rango constitucional a los tratados; otros, en cambio, parecieran inclinarse por un rango infraconstitucional, pero supralegal. El carácter que se le otorgue a los tratados no es un asunto trivial. En caso de optar por conferir rango constitucional, es necesario incorporar mecanismos y resguardos a fin de no poner en riesgo la soberanía nacional y la democracia deliberativa.
Clase media según casen 2022 y la importancia de un mayor crecimiento
La CASEN 2022 muestra un alza de la clase media, que representa el 68,8% de la población. Sin embargo, también reporta una caída en los ingresos de este grupo, que se explica por la tendencia negativa de los ingresos del trabajo desde 2015. Si bien en los últimos años también se han incrementado los ingresos por subsidios, pasando desde un 3,6% de su ingreso monetario total en 2017 y hasta el 7,7% en 2022, lo que ha primado es el deterioro en los ingresos del trabajo y la ocupación por hogar. Con todo, la clase media se beneficia ampliamente del financiamiento estatal en educación y salud, lo que le permite aliviar sus gastos y acceder a un mayor bienestar. Esto habla de la importancia que tiene la calidad y condiciones de estos servicios para la clase media, lo que junto con una mayor promoción del crecimiento económico debieran ser las prioridades de la política pública para favorecerlo.
Indicaciones al Proyecto de ley de Inteligencia: ¿Modernización efectiva o burocracia innecesaria?
El proyecto de ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), presentado el 2018 y aprobado por el Senado el 2020, marcó un avance en esta materia. Sin embargo, las recientes indicaciones gubernamentales han generado una distorsión y un retroceso. Las indicaciones del Ejecutivo plantean la creación de una nueva Secretaría Nacional de Inteligencia que incrementaría innecesariamente la burocracia e introducen nuevos criterios que complicarían las operaciones de inteligencia al otorgar a los tribunales competencias previamente inexistentes en este ámbito, lo cual suscitó críticas por parte de la Corte Suprema. En contraste, el proyecto aprobado por el Senado presenta un enfoque más equilibrado y centrado en la colaboración interinstitucional. La creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, que involucra a diversos actores clave, busca fomentar la coordinación y el intercambio de información, un objetivo que se ha buscado lograr por mucho tiempo en nuestro país.
Monitoreo de programas estatales: baja cobertura y alto gasto administrativo
Si bien han aumentado de manera importante los programas que son parte del proceso de monitoreo, de 478 a 700 entre los años 2012 y 2022, estos corresponden a apenas un 23% del presupuesto total ejecutado. De los ministerios cuyos programas son evaluados, sólo un 25% de sus recursos pasan por este proceso. Los que tienen una menor cobertura de sus programas, se encuentran el Ministerio de Hacienda (1%), Tesoro Público (1%) y Ministerio de Obras Públicas (5%). Se observa que es necesario coordinar, unir iniciativas y simplificar la oferta programática dado que uno de los problemas de la fragmentación es que los programas de menor tamaño tienen en promedio un mayor gasto administrativo. Este tipo de análisis es necesario para avanzar hacia una mayor eficiencia de los programas y un mejor uso de los recursos públicos.
La Corte Suprema contra la Ley Ambiental
La Tercera Sala de la Corte Suprema (CS) vuelve a realizar una grave vulneración al orden institucional establecido en la Constitución, esta vez, en materia ambiental. La CS desatiende la lógica jerárquica de los instrumentos de gestión ambiental y le imputa al plan de prevención y descontaminación (PPDA) la obligación de considerar contaminantes distintos a los que gatillaron la declaratoria de latencia o saturación, exigiéndole una finalidad diversa a la establecida por el ordenamiento ambiental. Además, fuerza a aplicar las directrices sobre la calidad del aire sugeridas por la OMS, las que no tienen respaldo legal, obligando a MMA a actuar al margen de la institucionalidad ambiental. La Tercera Sala de la Corte Suprema está suplantando a la Administración, instruyendo acciones sin el conocimiento técnico y ambiental, estableciendo cargas arbitrarias y con ausencia de un procedimiento razonable, imparcial, público y transparente.

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