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• Informe de productividad 2025: buen dato no revierte la tendencia a la baja

  La PTF creció 0, 5% en 2025, marcando dos años consecutivos al alza, aunque aún es temprano para confirmar un cambio estructural de tendencia. El repunte reciente de la productividad se explicaría por mayor automatización, reorganización productiva y sustitución, complementariedad entre trabajo y capital, y por un mayor dinamismo exportador en 2024-2025. Para cerrar brechas con la frontera tecnológica, es clave fortalecer las políticas públicas que favorezcan el emprendimiento, la innovación, la adopción tecnológica y las capacidades de gestión empresarial. Un rol institucional más fuerte de la CNEP, a través de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad permitiría apuntar en esa dirección, a través de la evaluación del impacto de las políticas públicas y de fortalecer la rendición de cuentas del Ejecutivo

• Reajuste del sector público: las prisas pasan y las malas leyes quedan

  Tramitado tardíamente y en un contexto de estrechez fiscal, el reajuste 2026 se limitó, en los hechos, a actualizar salarios por inflación a cambio de incorporar “normas de amarre” para dificultar la no renovación de funcionarios a contrata. La ley se desnaturalizó como miscelánea: junto a materias laborales, incorporó múltiples regulaciones ajenas (electricidad, empresas públicas, SLEP, inversión regional, seguridad nuclear, concesiones), reproduciendo un problema históricamente criticado por su mala técnica legislativa. Persisten dudas de financiamiento: el costo total se estimó en US$1.776 millones (con gastos permanentes en régimen de US$1.268 millones), pero el Presupuesto 2026 solo consideró US$655 millones. El CFA advirtió dependencia de reasignaciones y un faltante de US$822 millones, sin que Dipres explicitara la fuente de recursos

• ¿Impunidad en el caso crespo? Lo que ha dicho la justicia en casos similares

  El estándar de justicia penal no lo fija el resultado de un acto, sino la infracción de reglas previas y su aplicación consistente por los jueces. La absolución de Claudio Crespo se explica por dos factores: no se acreditó una infracción reglamentaria y el Ministerio Público no desvirtuó la presunción de legítima defensa respecto de las lesiones graves gravísimas. La comparación con fallos similares muestra un patrón estable y sugiere un avance en la claridad de las reglas aplicables al uso de la fuerza pública

• Reforma a gendarmería: avance necesario, diseño incompleto

  La reforma constituye un paso necesario e importante en el perfeccionamiento de la institucionalidad de la seguridad pública en el país. El cambio constitucional busca incorporar a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública como respuesta al cambio del fenómeno penitenciario: cárceles con proyección delictual extramuros y riesgos de corrupción institucional, lo que exige reforzar el componente de seguridad. El proyecto aproxima a Gendarmería al estatuto orgánico de los cuerpos armados y entrega una hoja de ruta transitoria para separar seguridad penitenciaria de la reinserción/rehabilitación, permitiendo especialización y regímenes diferenciados. Para evitar un estatuto híbrido, la reforma debiera reconocer expresamente el carácter de cuerpo armado y, por tanto, la cualidad de institución esencialmente obediente y no deliberante

• CASEN 2024: Cae la pobreza, pero también los ingresos laborales de los más vulnerables

  La nueva entrega de resultados de la encuesta CASEN 2024 muestra una disminución de la tasa de pobreza, pero esta reducción no se explica necesariamente por un mayor dinamismo de los ingresos laborales. Con la metodología actualizada, la tasa de pobreza se eleva significativamente hasta 17, 3%, lo que permite identificar con mayor precisión a los hogares con más carencias. El menor dinamismo del mercado laboral golpea con especial fuerza a los grupos de menores ingresos, donde caen con fuerza los ingresos del trabajo, aumenta la inactividad y hay menos ocupados por hogar que en los deciles de mayores ingresos. Esto plantea un desafío para la política pública sobre cómo apoyar a los 3, 5 millones de personas que aún viven en pobreza de manera sostenible y con herramientas que busquen fortalecer las capacidades de generación de ingresos autónomos

• El legado del gobierno de BORIC en las principales preocupaciones ciudadanas

  A menos de dos meses del término de la administración Boric, llega el tiempo de las evaluaciones respecto a su desempeño. Si se toman las cuatro principales prioridades de la ciudadanía y el manejo macroeconómico que da sostenibilidad a las políticas de seguridad, salud, empleo y educación, los resultados no son buenos, reflejando un estancamiento en las posibilidades de progreso de las personas. Lo anterior se ve reflejado en que casi 3, 5 millones de chilenos vivan en pobreza y que solo un 42% de la población haya votado por la candidata oficialista en la pasada segunda vuelta presidencial

• Balance en seguridad de la administración Boric: retroceso en cifras y transparencia

  La Ley STOP del año 2021 creó una plataforma policial transparente y detallada que permitió a ciudadanos, investigadores y autoridades acceder a datos oficiales sobre los delitos, desagregados por territorio y con series históricas desde 2015, fortaleciendo el análisis y la discusión pública en torno a la mayor preocupación de la ciudadanía. Sin embargo, los cambios introducidos por el reglamento de la ley el año 2023 modificaron las categorías de delitos, eliminaron información y restringieron el acceso a datos históricos, lo que debilitó significativamente la continuidad del análisis y terminó con la baja de la plataforma original durante este año sin explicación pública. Con todo, las cifras reunidas en la nueva plataforma muestran que durante el Gobierno de Gabriel Boric no hubo una baja sustantiva de la delincuencia entre 2022 y 2025, registrándose incluso aumentos en el total de delitos, infracciones e incivilidades y fuertes alzas en aquellos delitos asociados a drogas y armas

• Negociación ramal: otro proyecto que destruye empleo

  La negociación ramal puede generar aumentos de costos que resulten sostenibles para las grandes empresas, pero difíciles de absorber para las micro y pequeñas, dada su menor productividad. Esto puede traducirse en menor creación de empleo y despidos. Por lo tanto, se debe mantener la negociación colectiva a nivel empresa, tal como hoy lo consagra la legislación chilena, pues los acuerdos alcanzados con los trabajadores son consistentes con la realidad de cada empresa y reflejan mejor la diversidad productiva y financiera existente. Además, evita distorsiones en la libre competencia y reduce el riesgo de concentración de mercado derivado de condiciones homogéneas impuestas por actores de mayor tamaño

• Más allá de los "amarres": otros problemas del protocolo por el reajuste

  Como todos los años, el proyecto de ley de Reajuste del Sector Público contendrá una amplia diversidad de materias que exceden con creces el objetivo central de ajustar las remuneraciones. Varias de las medidas incorporadas abordan aspectos estructurales del empleo público —como las reglas de desvinculación de funcionarios a contrata, la regulación de asesores de confianza o la creación de cargos permanentes— que requieren un análisis técnico y legislativo más profundo. Es posible que, sumando todas las medidas contenidas en el protocolo, el costo fiscal sea similar al de años anteriores, por lo que resulta fundamental asegurar que el proyecto cuente con fuentes de financiamiento claras y suficientes, de modo de resguardar la sostenibilidad fiscal

• Menos del 10% de las mociones parlamentarias terminan en ley

  Desde 2006 los decretos promulgatorios incluyen el nombre de los autores de mociones y desde 2019 la práctica se formaliza por Ley (Nº21.136), lo que ayuda a explicar el significativo aumento de iniciativas legislativas de parlamentarios, sin que ello implique una mejor legislación. Con datos 1990 – diciembre 2025, los gobiernos promedian 89 proyectos al año versus 601 de parlamentarios: la efectividad del Presidente es de 70% y la de las mociones ronda 9%. La baja probabilidad de aprobación parece dar espacio a que sean presentadas por razones voluntaristas, sin evaluación de sus costos y beneficios, y a veces tensionando principios constitucionales, lo que erosiona el prestigio del Congreso y la confianza en las instituciones

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  El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es de vital importancia para el desarrollo sustentable del país. Cada proyecto aprobado representa una opción de crecimiento, progreso y creación de empleos, resguardando al medioambiente. La reforma al SEIA que presentó la semana pasada el...