Temas Públicos

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• El preocupante déficit del 2024 y el riesgo de la "elusión fiscal"

  Luego de más de una década de sucesivos y cuantiosos déficits fiscales, la sostenibilidad de las finanzas públicas se ha debilitado de tal forma, que es imposible seguir postergando un importante ajuste del gasto fiscal. El Ministro Marcel comprometió un recorte del gasto público del 2025 por US$600 millones para alcanzar la meta de balance estructural de -1, 1% del PIB. Luego de la ejecución fiscal del 2024 y de enero del 2025, cumplir la meta es poco viable. La evidente falta de compromiso de la autoridad fiscal para cumplir con las metas fiscales solo hace prever que en 2025 esta se incumplirá nuevamente y que la deuda pública seguirá aumentando, acercándose peligrosamente al nivel prudente de 45% del PIB

• El negativo balance de los tres años del presidente Boric en el poder

  Si se analizan las principales preocupaciones de la ciudadanía, los tres años de la administración Boric no son buenos. El alza de los delitos violentos y la inmigración ilegal no han logrado ser controladas, más chilenos esperan por una atención de salud y el mercado laboral aún no logra recuperarse de los efectos de la pandemia. A ello se suma una mayor percepción de corrupción, el menor dinamismo económico desde 1990 y un creciente déficit fiscal. Finalmente, en medio de una recuperación post pandemia en curso, la generación política que se formó al alero de las protestas por una mejor calidad de la educación sigue en deuda con la educación pública

• Mal balance 2024 en seguridad: récord de crímenes violentos, baja prioridad presupuestaria y pendientes legislativos

  Durante el 2024 la suma total de delitos violentos (homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones) vuelve a aumentar y alcanza su registro más alto de los últimos diez años con más de 196 mil casos. Aun así, la prioridad presupuestaria del actual gobierno en materia de orden y seguridad ha sido menor que la que existía antes de la pandemia y la más baja de, al menos, los últimos 20 años, de acuerdo a la información que reporta la Dipres. Aunque algunas de las leyes aprobadas los últimos 3 años representan avances significativos, algunas de las más importantes, como el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, se desviaron de sus objetivos originales, mientras que propuestas claves para enfrentar el crimen aún están pendientes de aprobación.

• Resultados paes 2025: la crítica situación de la educación estatal

  Los resultados de la PAES 2025 dan cuenta de resultados preocupantes. En primer lugar, se encuentra que, independiente de la situación económica, el sector estatal es el que muestra el menor desempeño en esta medición. Segundo, se aprecia una caída sostenida en el ranking de los Liceos Emblemáticos, esto es, el empeoramiento sostenido de su posición relativa respecto al resto de los colegios. Tercero, se registra una disminución en la participación de egresados de liceos estatales entre el decil de mayores puntajes de la PSU/PDT/PAES. Lo que da cuenta de que la tesis de la “democratización en el acceso” no se sostiene. Para revertir estos resultados, el país debe avanzar hacia la revalorización del mérito académico y de la cultura de la excelencia y se requiere fortalecer a los equipos directivos, dotándolos de mayores atribuciones y aliviando la sobrecarga administrativa.

• Normativa electoral: atrapados entre lo transitorio y lo pendiente

  Durante los últimos años, el Congreso Nacional ha adoptado un modo de legislar sobre asuntos de nuestra institucionalidad electoral de forma parcial, transitoria e incluso improvisado. Afectando reglas esenciales para el correcto funcionamiento del sistema de votaciones a pocos meses de la realización de elecciones. La modificación de aspectos que inciden en las reglas del juego ad portas de un ciclo electoral es una práctica contraria a los estándares de integridad que han caracterizado a países como Chile en esta materia. En particular, siendo legítimo el debate respecto de la voluntariedad u obligatoriedad del voto, esta cuestión ya ha sido zanjada a través de una Reforma Constitucional que repuso el voto obligatorio, por lo que un voto obligatorio sin sanción no es otra cosa que un voto voluntario de facto. Otros ajustes que dicen relación con corregir a la baja, ajustando a la realidad del voto obligatorio los guarismos de devolución en montos de dinero por concepto de campaña electoral y aportes a los partidos políticos para el ciclo eleccionario de 2025, están aún pendientes de ser regulados

• La urgente necesidad de mejorar los incentivos del personal de la salud estatal

  La caída de la eficiencia de la salud estatal ha sido reportada por diversas investigaciones. El gasto ha subido, pero no somos más productivos, lo que se traduce en que las listas de espera por atención no han dejado de subir. Más allá de los necesarios cambios institucionales, es fundamental un marco de incentivos que promueva el buen desempeño del personal médico y aislar las consideraciones políticas en la evaluación de quienes dirigen las redes de prestadores de salud estatal. La evidencia muestra que ninguna de esas premisas se cumple actualmente, con directores de servicios de salud cuya permanencia parece depender de consideraciones políticas, salarios con una casi nula incidencia del desempeño y sanciones prácticamente inexistentes

• Una regulación que no impida el desarrollo de la inteligencia artificial

  El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está acelerándose de manera sustancial, abarcando cada vez más nuevas áreas, siendo un complemento robusto para una serie de profesionales, tal como lo muestra un estudio del FMI. Esta expansión ha generado la preocupación sobre el uso correcto de esta nueva tecnología. En ese contexto, el Gobierno presentó un proyecto de ley que tiene por objeto “regular los sistemas de inteligencia artificial”. Esta iniciativa muestra muchas coincidencias con la regulación europea y se distancia del sistema de autorregulación que se está utilizando en Estados Unidos. El principal riesgo que se presenta en la propuesta del Ejecutivo es que la regulación planteada podría significar un freno al desarrollo y utilización de sistemas de IA en Chile, debido a que queden comprendidos en la clasificación de “riesgo inaceptable”.

• Indicaciones a la reforma de pensiones: no convencen

  Nuestro sistema de pensiones requiere de mejoras que permitan aumentar las pensiones y otros perfeccionamientos a su industria. Sin embargo, esas modificaciones no deben minar las bases de lo que ha sido un sistema exitoso y reconocido como uno de los mejores del mundo. Es fundamental que una reforma de pensiones sea sostenible financieramente y no signifique un riesgo ni para el ahorro de los trabajadores ni para las finanzas públicas. Es por ello que una alternativa más acotada es aumentar la cotización en una primera etapa en 4, 5 puntos porcentuales, destinados al ahorro en cuentas individuales. Ello permitiría generar un ahorro de recursos públicos de hasta 0, 43% del PIB en régimen, que pueden ser utilizados para financiar el bono tabla y otras prioridades sociales.

• Mociones parlamentarias: mucho ruido y pocas leyes

  Los últimos años el Congreso ha tenido una significativa actividad legislativa. Sin embargo, los datos demuestran que dicha actividad ha sido en extremo poco eficaz en relación a la del Ejecutivo: mientras que el 70% de las iniciativas de ley del Gobierno se convierten en ley, las mociones parlamentarias no alcanzan el 10%. En términos generales, la actividad parlamentaria coincide con una década caracteriza por un progresivo desapego a las normas constitucionales y una baja calidad en las propuestas legislativas. Desde una perspectiva política, es posible apreciar cómo la exacerbación del voluntarismo en las iniciativas parlamentarias de ley, su desapego a las normas constitucionales y la baja calidad de las propuestas, parecen situarnos cada vez más en un gobierno de personas en vez de un gobierno de leyes, donde el ideal liberal de un gobierno impersonal se aleja cada vez más, cediendo a pulsiones sistemáticamente identitarias, activistas y particularistas

• Cinco alertas sobre el proyecto de ley de AFIDE

  Antes de avanzar en la creación de AFIDE, es necesario evaluar si existen alternativas más eficientes para mejorar el “financiamiento para el desarrollo”. Ajustes a la institucionalidad existente de CORFO en lugar de crear una nueva agencia, podría ser una opción. La forma en que se propone estructurar el gobierno corporativo de AFIDE, particularmente el mecanismo de nombramientos de los directores y la duración de sus mandatos, generan preocupaciones sobre su independencia y posible politización. La experiencia previa de CORFO y otras instituciones similares sugiere que el otorgamiento de créditos directos puede generar problemas de gestión de riesgo, captura política y bajas tasas de recuperación

Documentos destacados

• Delitos económicos y ambientales: un régimen especial desproporcionado

  El proyecto de delitos económicos y ambientales recientemente aprobado por el Congreso Nacional crea un régimen especial y diferenciado para los delitos calificados como económicos, el cual carece de una justificación razonable e implica una vulneración del principio de igualdad ante la ley....

• Tratados internacionales: ¿Rango constitucional o supralegal?

  La jerarquía de los tratados internacionales en la nueva Constitución es una de las materias que ha generado gran debate al interior del Consejo Constitucional. En el seno de la Comisión Experta no se establecieron definiciones respecto a esta materia, quedando pendiente su discusión para esta...

• Reforma al código de aguas: principales cambios y desafíos

  Tras casi 11 años de tramitación legislativa, el Congreso Nacional, con apoyo transversal, despachó el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. La reforma introduce cambios significativos en relación a la normativa vigente. El reconocimiento expreso del derecho humano al agua y saneamiento,...

• Principios tributarios, necesarios para una sociedad justa

  La actual Constitución Política reconoce ciertos principios que sirven de base, orientación y cimentan la estructura sobre la cual se construye todo nuestro ordenamiento jurídico. En el ámbito tributario, la Constitución contempla cuatro principios, los que constituyen las bases sobre las cuales se ...

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  El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es de vital importancia para el desarrollo sustentable del país. Cada proyecto aprobado representa una opción de crecimiento, progreso y creación de empleos, resguardando al medioambiente. La reforma al SEIA que presentó la semana pasada el...

• Estado social de derecho no implica crear monopolios estatales

  Las implicancias de un Estado social de derecho no son únicas en cuanto a cómo se proveen los derechos sociales. Por el contrario, los países se organizan de manera diferente, en base a consideraciones particulares. Lo anterior no significa “constitucionalizar” una u otra forma de organizarse, pero ...

• Delitos ambientales: una iniciativa preocupante

  Actualmente se tramita en el Congreso Nacional un proyecto de ley de delitos ambientales que pretende sancionar penalmente aquellas conductas dolosas y culposas que pueden afectar gravemente el medio ambiente. Sin embargo, no existe suficiente evidencia que el Derecho Penal sea la herramienta más...

• Plan sequía: medidas para la adaptación al cambio climático

  En Chile, el cambio climático se manifiesta en mayores temperaturas (tendencia de +0,14 °C por década) y menores precipitaciones (tendencia de -3% por década). Existe una baja sostenida de los caudales en los ríos y una baja en los volúmenes embalsados en relación al promedio histórico. La actual "m...

• Litio: camarón que se duerme...

  El litio es considerado como fundamental para la lucha contra el cambio climático y ha pasado a ser una fuente de ingresos importante para el Fisco. Además, Chile cuenta con las mayores reservas del mundo y con las mejores condiciones para su extracción. Sin embargo, la legislación chilena pone...

• Regulación constitucional del agua: importancia de la certeza jurídica

  Dada la importancia de la dimensión pública del recurso hídrico, es pertinente incluir en la nueva Constitución su carácter de bien nacional de uso público, sin perjuicio de mantener el reconocimiento y protección del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, tanto a nivel ...