Reintegros, un plan de fortalecimiento, nuevas unidades y más... El SII a tres meses del caso Audio
La primera semana de enero, el subdirector de Desarrollo de Personas del Servicio de Impuestos Internos -por encargo del director, Hernán Frigolett- le presentó a los directores regionales y a las asociaciones de funcionarios un plan de fortalecimiento de los procesos internos. Se detallaron cinco ámbitos: procesos de asistencia, como protocolos de atención a contribuyentes y sus asesores; de fiscalización; de control de trazabilidad de las acciones y sistemas de alertas; de desarrollo de personas, y de Contraloría interna.Habían pasado prácticamente dos meses del caso Audio, y el daño y alcance de esas revelaciones urgían cambios.El mismo mes, el 25 de enero, Luciano Inarejo recibió una notificación. En dos páginas, firmadas por el fiscal del SII, Norberto Jorquera, y el actuario, Nelson Moreno, se le comunicaba que se levantaba su suspensión. "Se estima innecesario mantener en esta etapa la medida provisional adoptada", se lee.El día anterior, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago había precisado claramente que su calidad en la investigación era de testigo... y no de imputado. "Si el Ministerio Público me da la calidad de testigo, entiendo que es porque han analizado los antecedentes correspondientes con la suficiente seriedad con que actúan", dice Inarejo. "Le devolvieron los celulares, los computadores, todo, y acto seguido, lo reintegraron", agrega su abogado, Felipe Moraga.Luciano Inarejo es jefe de gabinete de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII. A fines de noviembre, fue suspendido de sus funciones junto al director de la unidad, Christian Soto; la jefa del Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, Paula Veliz; el jefe del Departamento Jurídico, Eugenio Warnier, y el jefe del Departamento de Asistencia, Marcelo Viveros.Se les había abierto un sumario tras el registro entre el socio de Factop, Daniel Sauer, y los abogados Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla. En el audio se sostenían tres cosas que apuntaban al Servicio: la anulación del cobro de $3.500 millones que Sauer debía pagar, la facilitación de facturas falsas a más de 100 empresas, y el pago a funcionarios para acceder a información.En el SII se encendieron las alarmas. Suspendieron a todos quienes consideraban que podrían haber tenido alguna participación, sobre todo al haber detectado que efectivamente la reducción de los $3.500 millones revelada por Villalobos era real. De eso ya han pasado tres meses. Y si bien en sede administrativa se ha ido desvaneciendo la opción de que haya existido dolo en el actuar, sí avanzan justamente en pesquisar problemas procedimentales. En paralelo, el SII presentó una denuncia penal por eventual cohecho, y una querella por facilitación de facturas falsas.El proceso internoA fines...
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