Primera Parte: Régimen Jurídico de las Pruebas en el Procedimiento Administrativo General
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Régimen JuRídicodelas PRuebasenel PRocedimiento
administRativo tRibutaRio
ii
Primera Parte:
régimen JurídicodelasPrueBasenel Procedimiento
administrativo
general:
Por procedimiento administrativo general, a los efectos de esta obra,
habremos de entender el denominado procedimiento ordinario regulado por
la aún vigente Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos3 –de 1981-
(en lo adelante LOPA), del cual, en el ámbito del régimen jurídico de las
pruebas, haremos objeto de estudio las Secciones Primera: “De la Iniciación
del Procedimiento” (artículos 48 y 49) y Segunda: “De la Sustanciación del
Expediente” (artículos 53, 54, 58 y 59), del Capítulo I (“Del Procedimiento
Ordinario”), del Título III (“Del Procedimiento Administrativo”), además
de algunos otros dispositivos legales aislados. Ello, con el n de precisar sus
fuentes principistas o dogmáticas.
Desde esta óptica, el procedimiento administrativo tributario no es otra
cosa que un procedimiento administrativo especial, que, por tanto, a más
de sus especicidades legales particulares, encuentra regulación concreta,
sobre todo desde la perspectiva dogmática o principista, en los dispositivos
generales de la LOPA, de inspiración constitucional, pues desde el ángulo
garantista no hubo cambios de esencia en los contenidos fundamentales de las
Constituciones de 1961 y 1999. En consecuencia, analizaremos la normativa
general, en un primer momento, para pasar revista a los más importantes
derechos de los administrados en el aspecto probatorio (A), y, en un segundo
momento, para enunciar los principios rectores del procedimiento, garantía
de ejercicio de dichos derechos (B).
a. los derechosdelos administradosenel Procedimiento
administrativo general, enmateriade PrueBas:
En este orden de ideas tenemos que, acorde con lo dispuesto por el artículo
48 de la LOPA, el procedimiento administrativo general puede iniciarse a
instancia de parte interesada, mediante solicitud escrita, o de ocio, siendo
3 Publicada en la Gaceta Ocial Extraordinaria Nro. 2.818 del 1 de julio de 1981.
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Alberto blAnco-Uribe QUintero
el caso que, en este último supuesto, que casualmente resulta ser el de más
amplia difusión en el campo del procedimiento administrativo tributario, y
especialmente es el que se da en el marco del Procedimiento Administrativo
de Fiscalización y Determinación Tributaria, la autoridad administrativa debe
ordenar la apertura del procedimiento y noticar a los particulares cuyos
derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren
resultar afectados por sus resultas, concediéndoles un plazo de diez (10) días
hábiles, para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones.
En este orden de ideas, a los efectos de esta obra, y como lo ha reconocido
la jurisprudencia nacional y la doctrina patria y comparada, este dispositivo
legal reconoce, por un lado, el Principio “Audire Alteram Partem” o
Principio del Contradictorio, que abarca o presupone un primer derecho de
los administrados, a ejercer en sede administrativa, vinculado ello al ejercicio
pleno del Derecho Humano al Libre Desenvolvimiento de la Personalidad
(artículo 20 constitucional), como manifestación concreta y propulsora de la
Dignidad Humana: el Derecho Humano a Ser Oído, que requiere el previo
y suciente goce del Derecho Humano a la Información y de Acceso a los
Documentos Administrativos (con previsión especial en el artículo 594 de la
LOPA), y, consecuencia necesaria de aquel principio, un segundo derecho de
los administrados: el Derecho Humano a Promover y Hacer Evacuar Pruebas
para la mejor tutela de sus derechos e intereses.
Claro que también, la norma en comento consagra, aunque implícitamente
y por el principio de interdependencia de los derechos humanos (artículo
19 constitucional), el Derecho Humano a la Participación en la Fase
Constitutiva o Formativa del Acto Administrativo, sin el que no sería posible
ni obtener información ni ejecutar actividad probatoria y del cual el Derecho
Humano a Promover y Hacer Evacuar Pruebas es manifestación evidente5,
4 “Los interesados y sus representantes tienen el derecho de examinar en cualquier estado o grado
del procedimiento, leer y copiar cualquier documento contenido en el expediente, así como de pedir
certicación del mismo. Se exceptúan los documentos calicados como condenciales por el supe-
rior jerárquico, los cuales serán archivados en cuerpos separados del expediente. La calicación de
condencial deberá hacerse mediante acto motivado”.
5 Para Antonio Moles Caubet, “Introducción al Procedimiento Administrativo”, dentro de
los derechos procedimentales está el derecho a la defensa, garantizado por el principio
Audire Alteram Partem o derecho a ser oído, el derecho a un procedimiento y el derecho a
un expediente administrativo (pp. 22 y 23), el derecho a la información (p. 24) y el derecho
a la actuación (p. 27); para Manuel Rachadell, “Las Garantías de los Administrados en la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”, se trata del derecho de alegar razones
y a presentar pruebas, como atributo del derecho a la defensa (pp. 101 y 102); para Hil-
degard Rondón de Sansó, “Procedimiento Administrativo”, en la fase de sustanciación,
el carácter contradictorio del procedimiento, implica la posibilidad de hacer alegatos y
aportar elementos probatorios (p. 54), siendo ello ejercicio del derecho a la defensa (p.
278); para José Roberto Dromi, “Procedimiento Administrativo”, la defensa, como prin-
cipio sustancial del procedimiento administrativo, implica el derecho a la participación y
especialmente el derecho a “ofrecer y producir prueba” (p. 331); y, para Agustín Gordillo,
“La Vista de las Actuaciones en el Procedimiento Administrativo”, citando a Juan Francis-
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