Comisión Preventiva Central, 28 de enero de 2000. Ministro de Educación (denuncia)
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La Comisión Preventiva Central se pronunció sobre la denuncia del Ministerio de Educación en los términos señalados en este dictamen.
C.P.C., rol 174-99 F.N.E. Dictamen 1.094, de 28 de enero de 2000. Denuncia del Ministro de Educación sobre posibles infracciones a la libre competencia.
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La Comisión Preventiva Central, conociendo de la denuncia:
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Mediante presentación de fecha 12 de febrero de 1999, el señor Ministro de Educación presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, por posibles infracciones a la libre competencia, al exigirse por los establecimientos de educación determinadas marcas en las listas de útiles escolares.
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Dicha denuncia se funda en los siguientes hechos:
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Que la determinación de los útiles escolares suele hacerse en los establecimientos educacionales mediante listas confeccionadas por los sostenedores, directores y profesionales de la educación;
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Que la denominada lista de materiales o útiles escolares tiene un costo que en muchos casos es adicional al que ya hacen los padres y apoderados por la educación de sus hijos y pupilos por concepto de matrículas, colegiaturas, cuotas de financiamiento compartido o aportes voluntarios. Además, la lista tiene un carácterPage 62obligatorio, ya que los materiales que en ella se indican, deben ser comprados para que el alumno pueda cursar el año escolar correspondiente;
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Que en dicha lista se ha ido haciendo cada vez más común la exigencia no solamente de determinados artículos sino también la especificación de artículos de ciertas marcas con exclusión de otras;
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Que en estos días se ha informado que existen convenios entre empresas productoras de útiles escolares y algunos sostenedores, directores y profesionales de la educación para que promuevan o impongan determinados productos de ellas a cambio de determinados premios o comisiones. Hay casos en que los convenios son directamente con docentes;
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Que cada vez se ha hecho mayor mención de productos de marca especificada en las listas escolares, lo que afecta la libertad de elegir de cada familia, de acuerdo a su presupuesto, y ha encarecido el costo total de la lista. Aunque la existencia de premios o comisiones por colocar productos de determinadas marcas puede ser no ilícita en sí, puede darse la distorsión de que los promotores quieran aumentar el monto del premio o de la comisión a recibir colocando más productos de una determinada marca, aunque estos no sean estrictamente necesarios para los educandos, o aunque existan otras alternativas de igual calidad pero más baratos;
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Que respecto a los útiles escolares, salvo los textos de estudios, parece razonable que se indique solamente los que se necesitarán, sin mención de marca alguna. Por excepción se puede justificar el requerimiento de determinados productos con marca, debido a su indiscutida calidad y a su masivo uso;
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Que por las especiales características de funcionamiento de los servicios educacionales, los padres y apoderados a quienes se les pide la compra de determinados productos, constituyen para las empresas productoras de útiles escolares una especie de clientela cautiva, obligada a comprar los productos que se les impone adquirir;
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Por último, el señor Ministro de Educación solicita al Fiscal Nacional Económico que realice la investigación correspondiente y se pronuncie sobre si la situación precedentemente descrita constituye o no infracción a las normas de la libre competencia.
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Con fecha 12 de febrero de 1999, la Fiscalía Nacional Económica resolvió iniciar una investigación sobre los hechos denunciados, agregando la información de prensa que existía sobre la materia y las listas de útiles escolares que se encontraban en su poder, oficiando a las empresas Pax, Torre, Rhein, Artel, Imex Estado, Henkel y Proarte, para que informaran y acompañaran los antecedentes respectivos.
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Con fecha 16 de febrero de 1999, compareció ante la Fiscalía Nacional Económica la H. Diputada señora Lily Pérez, quien manifestó su total disposición para colaborar con la investigación, haciendo entrega de una serie de antecedentes, que rolan a fojas 67 y siguiente del expediente de investigación de la Fiscalía Nacional Económica. Entre estos antecedentes la H. Diputada entregó un proyecto de acuerdo aprobado, por unanimidad de la sala de la Cámara de Diputados con fecha 5 de agosto de 1998, en que se rechaza imponer condiciones, exigencias o características especiales a los útiles esco- lares. Adicionalmente, hizo entrega de un proyecto de ley iniciado en moción de la misma Sra. Parlamentaria el 13 de enero de 1999.
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A través del Oficio Nº 956, de 17 de febrero de 1999, el Director del Servicio Nacional del Consumidor evacua el informe solicitado por la Fiscalía, señalando:
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Que hasta esa fecha no se habían presentado reclamos o denuncias por consumidores en relación a la exigencia de listas de útiles escolares asociadas con ciertas marcas;
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Que sin perjuicio de lo anterior, se han recibido consultas telefónicas sobre la legalidad de las listas escolares con indicación de una determinada marca;
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Con fecha 17 de febrero de 1999, el Fiscal infrascrito dispuso que personal dePage 63la Fiscalía Nacional Económica se constituyera en diversos establecimientos comerciales que proveían útiles escolares, con el objeto de certificar los precios de estos productos y las condiciones de competencia que operan en este mercado. Las conclusiones de esta diligencia rolan a fojas 528 del expediente de investigación.
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Con fecha 18 de febrero de 1999, Importaciones María Cecilia Cordero Martínez informó, expresando lo siguiente:
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Que el único producto que ofrece en el mercado escolar son las tijeras, por lo que no se justifica una campaña al respecto;
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Que no se ha celebrado ningún convenio o acuerdo, ni se han entregado beneficios o estímulos a ningún establecimiento educacional;
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Que no obstante ser distribuidores desde 1978 de 'Tijeras Mundial", en los últimos años ha existido una competencia fuertísima de grandes distribuidoras como Babul, Artel, Dimeigg, quienes con gran capacidad económica y cobertura de sus productos escolares están en condiciones de efectuar promociones, publicidad y acuerdos especiales de estímulos y otros acuerdos con establecimientos esco- lares y grandes almacenes;
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Que Falabella, Almacenes París y Jumbo, que fueron clientes por años, dejaron de serlo sin explicación alguna, lo que a la luz de los últimos hechos noticiosos, hoy es posible comprender.
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Por presentación del 19 de febrero de 1999, la empresa Artel S.A.I.C. evacua informe solicitado, señalando lo siguiente:
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Que la denuncia del señor Ministro de Educación es absolutamente inconsistente, toda vez que no se mencionan cuáles serían las disposiciones infringidas, ni la forma en que se habría realizado tal infracción;
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Que en 1998, Artel distribuyó 218.000 ejemplares de publicidad en la Región Metropolitana y 177.990, en el resto de las regiones, en donde se realizaba una "oferta pública de asesoramiento gratuito en la confección de listas escolares con productos de alta calidad y amplio surtido" ofrecidos por Artel. Dicha campaña se inició con la contratación de un grupo de 20 promotoras, las cuales fueron profesionales con experiencia educativa en Artes Plásticas y Manualidades, las que debía implementar en terreno la campaña en las regiones y provincias de Tarapacá, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Curicó, Talca, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt y Región Metropolitana (comunas de Santiago, Estación Central, Maipú, San Miguel, Ñuñoa, Providencia, La Reina, Vitacura, La Florida y Las Condes);
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Que la forma en que se llevó a cabo la campaña fue la siguiente:
1) Cada promotora tenía en su poder una base de datos que se había confeccionado...
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