Modifica la ley N°18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, y el Código Penal, en materia de suspensión y pérdida de derechos políticos en casos de formalización o condena del imputado por crimen o simple delito
| Fecha | 04 Octubre 2019 |
| Número de Iniciativa | 12977-06 |
| Fecha de registro | 04 Octubre 2019 |
| Etapa | Archivado |
| Materia | DERECHOS POLÍTICOS, PARTIDOS POLÍTICOS |
| Autor de la iniciativa | Pérez Lahsen, Leopoldo, Rathgeb Schifferli, Jorge, Sauerbaum Muñoz, Frank |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
Modifica la ley N°18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, y el Código Penal, en materia de suspensión y pérdida de derechos políticos en casos de formalización o condena del imputado por crimen o simple delito
boletín N° 12977-06
Fundamentos y Antecedentes
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Es necesario continuar profundizando la prevención y sanción de la corrupción, así como de otras prácticas ilícitas que podrían eventualmente ocurrir en el contexto de la actividad política.
Desde hace algunos años, nuestro país sufrió un profundo cambio en materia de probidad, transparencia y sanción de la corrupción. Así, cuando se descubrieron los escándalos de financiamiento irregular de la actividad política, que involucraron a representantes de todo el espectro político nacional, se promovieron cambios institucionales y legales que apuntaron a cuidar y fomentar la probidad, sancionar de manera drástica los distintos ilícitos que se pueden verificar en el contexto de la actividad pública y promover un nuevo mecanismo de financiamiento de la política, punto último que, hasta antes de su regulación detallada, se presentaba como un vacío que motivaba conductas poco idóneas. Todos estos cambios representaron a su vez un acuerdo transversal por mejores prácticas y por combatir de lleno la corrupción.
Nuestra sociedad continúa enfrentando el dilema ético de erradicar la corrupción en todas sus esferas y no exclusivamente en el quehacer público, sino que también en los negocios y en el devenir de actos privados que tienen implicancias a nivel general (empresas, fundaciones y ONGs, por ejemplo)
Según Transparencia Internacional, que efectúa una medición anual a nivel global de la percepción de la corrupción en los países, Chile presenta un indicador de 67 puntos, en donde 100 refleja la menor percepción de corrupción posible y 1 la mayor1. Por su parte, Chile Transparente informa que esta cifra ha ido en aumento desde hace 3 años, escalando Chilebyiu
Distintos son los cambios recientes que en esta línea se pueden enumerar para demostrar estas transformaciones: la Ley N° 20.900 para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, de 2016, introdujo un nuevo mecanismo de financiamiento público a los partidos y campañas, en 2017 debutó el nuevo sistema electoral y, en otra índole, se aprobó en 2018 la Ley N° 21.121 que sanciona la corrupción entre privados.
Tal como se han introducido cambios para el objetivo de combatir la corrupción, han aparecido nuevos hechos que representan desafíos por abordar y que, pese a lo lamentable y reprochable de su acaecimiento, constituyen oportunidades para mejorar la institucionalidad nacional. El millonario fraude en Carabineros, malas prácticas de determinados sectores empresariales (colusión) y la crisis por los abusos en la iglesia, por ejemplo, abonan a la idea de que no podemos seguir esperando para reconstruir, entre todos los involucrados, la fe pública y el carácter ético que debe primar en las relaciones de la política, los negocios y dentro del desarrollo social.
La actividad política, claro está, es parte fundamental en este panorama y, también de manera muy lamentable, se han vuelto públicos hechos que involucrarían a la política con el narcotráfico y sus redes, discutiéndose actualmente en distintas sedes (gubernamental, legislativa y judicial) cómo es que debe ser abordado tal fenómeno y qué nivel de obligación tienen las autoridades para fiscalizar y dar cuenta a los organismos correspondientes sobre la información que tengan de hechos y actividades sospechosas que podrían significar una vinculación negativa entre la práctica político-partidista y el tráfico ilícito de estupefacientes o la criminalidad organizada.
En conclusión, los más altos estándares de probidad siguen siendo un anhelo por conseguir en nuestra institucionalidad política, por lo que se torna oportuno analizar algunos elementos acerca de...
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