Las garantías frente a la teoría de la cláusula exorbitante
| Autor | José Araujo-Juárez |
| Cargo del Autor | Profesor de Postgrado de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello |
| Páginas | 111-118 |
111
La teoría de La cLáusuLa exorbitante
§65. pLanteamiento de La cuesti ón —
Como el principio de juridicidad puede ser infringido por la Administración
Pública contratante, es natural que se prevean los mecanismos para que, en tales
casos, pueda ser restablecido asegurando su supremacía. En efecto, el control
público del principio de juridicidad persigue que la contratación pública se
ajuste al denominado “bloque de la legalidad”, o si se quiere en términos
más amplios y tal vez más precisos, al conjunto de las normas jurídicas que
conforman el Ordenamiento jurídico y que regulan la conducta del órgano o
ente de la Administración Pública contratante, sean estas normas, principios
y valores superiores contenidos en la Constitución, las leyes y demás textos
normativos.
En consecuencia, como sostuvo la jurisprudencia1:
[…] el principio de legalidad de los actos administrativos, según
el cual éstos carecen de vida jurídica no sólo cuando les falta
como fuente primaria, un texto legal, sino también cuando no son
ejecutados en los límites y dentro del marco señalado de antemano
en la ley. Desbordar este cerco constituye grave infracción que
apareja la consiguiente enmienda por parte del o de los órganos
jurisdiccionales competentes.
El Estado, y de consiguiente la Administración Pública, hemos sostenido en
otra oportunidad2, sea cual fuere el concepto que sobre su naturaleza se tenga,
ha sido creado para cumplir determinados nes esenciales constitucionales.
Para ello se le dota de potestades derivadas del Poder Público que le permiten
el ejercicio de funciones administrativas propias mediante el desenvolvimiento
de numerosas actividades públicas. Pero, con mayor o menor intensidad, el
ejercicio de tales actividades y sus consecuentes potestades administrativas
está sujeto a sistemas, procedimientos y técnicas de control público. De ahí
la importancia de la teoría del control público como principio fundamental
del Derecho público y como uno de los elementos básicos de la cláusula
constitucional del Estado de Derecho.
§66. cLases —
En su signicación jurídica, debemos señalar, como premisa fundamental,
que los titulares de las funciones jurídico-estatales y, de manera concreta,
de la función administrativa, están sometidos con la mayor amplitud en su
1 Véase Sent. de la CF, de fecha 17 de junio de 1953, GF N° 1, 1953, p. 151.
2 ArAujo-juárez, J., Derecho Administrativo General, Vol. II, Administración Pública, Edicio-
nes Paredes, Caracas, 2011, p. 37.
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