Causa nº 21599/2017 (Casación). Resolución nº 21599-2017 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 27 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 704263133

Causa nº 21599/2017 (Casación). Resolución nº 21599-2017 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 27 de Febrero de 2018

EmisorSala Tercera Constitucional (Corte Suprema de Chile)
JuezHaroldo Osvaldo Brito Cruz,Jorge Eduardo Saez Martin,Carlos Ramon Aranguiz Zuñiga,Arturo Jose Prado Puga,Jorge Lagos Gatica
Corte en Segunda Instancia C.A. DE CONCEPCIÓN
Sentido del falloSENTENCIA DE REEMPLAZO (M)
Partes FUENTEALBA DURAN ALFONSO CON SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO.
Número de registro21599-2017-14
Rol de ingreso en Cortes de Apelación18422016
Ruc000000000-0
Tipo de proceso(Civil) Casación Forma y Fondo
Rol de ingreso en primera instanciaC9632015
Fecha27 Febrero 2018
Sentencia en primera instancia- 1º JUZGADO CIVIL DE TALCAHUANO
Número de expediente21599-2017

S., veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada a excepción de su motivo 22° que se elimina y se reproducen también los motivos 7° a 9° de la sentencia de casación que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además presente: 1° Que la parte demandante expone en su libelo pretensor que el Servicio de Salud de Talcahuano, incurrió en falta de servicio en el procedimiento médico que se le practicó a la paciente P.P.S., en el Hospital Higueras de esa ciudad, al instalar un catéter venoso central (CVC) para iniciar un tratamiento de hemodiálisis.

Expone que el procedimiento fue realizado por el Dr. M.P.C., quien falla en el primer intento, por lo que tuvo que ser practicado por un médico especialista, tal como lo exigen los protocolos médicos. Añade que, luego del inicio de la hemodiálisis y pese a que la paciente manifestó sentir molestias y dolores, no se le proporcionó una debida atención y luego de unas horas los facultativos advirtieron que estaba afectada por un shock hipovolémico. Afirman que, luego de diversas complicaciones médicas y de asistir regularmente al tratamiento de hemodiálisis de manera ambulatoria en un centro externo de ese recinto hospitalario, fallece el 10 de octubre de 2013, como consecuencia de un shock séptico refractario con neumonía cavitada multifocal. Reclama que el procedimiento realizado fue inadecuado, sin que se le haya tomado a la paciente una radiografía de tórax previo a la instalación de catéter, como se desprende de los protocolos que regulan la materia.

  1. Que, en relación al fundamento de la demanda, resulta útil tener presente que el artículo 38 de la Ley N° 19.966 en sus dos primeros incisos establece: “Los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio.

    El particular deberá acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando dicha falta de servicio”.

    A su vez, el artículo 41 de dicha ley preceptúa: “La indemnización por el daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas.

    No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o

    V. la técnica existentes en el momento de producirse aquéllos”.

  2. Que esta Corte ha señalado reiteradamente que la falta de servicio “se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N° 18.575. Pues bien, en materia sanitaria el 3 de septiembre de 2004 se publicó la Ley N° 19.966 que establece un Régimen de Garantías en Salud, cuerpo normativo que introduce en el artículo 38 la responsabilidad de los Órganos de la Administración en esta materia, la cual incorpora al igual que la Ley N° 18.575 la falta de servicio como factor de imputación que genera la obligación de indemnizar a los particulares por los daños que éstos sufran a consecuencia de la actuación de los Servicios de Salud del Estado” (Corte Suprema, Rol 9554-2012, 10 de junio de 2013, considerando undécimo).

  3. Que, a su vez, este mismo tribunal antes ya ha dicho, respecto del artículo 38 de la Ley N° 19.966, que una atenta lectura del precepto permite concluir “que para que nazca la responsabilidad en materia sanitaria deben

    V. copulativamente los requisitos establecidos expresamente en la mencionada norma, esto es, la existencia de falta de servicio del respectivo Servicio de Salud, que haya causado un daño y que éste sea imputable al mismo. Ello es claro, pues la norma en comento señala justamente en su inciso 2° que se debe acreditar -en este caso por los actores- que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando falta de servicio” (Corte Suprema, Rol 355-2010, 30 de julio de 2012, considerando décimo tercero).

    También ha de tenerse en cuenta que, como restricción adicional a la procedencia de la demanda respectiva, ha de satisfacerse el requisito previsto en el artículo 41 inciso segundo de la citada Ley N° 19.966, de acuerdo al cual “No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producirse aquéllos”.

  4. Que de acuerdo a lo expresado, para que nazca responsabilidad de la Administración por falta de servicio en materia sanitaria, es el demandante quien debe probar que el daño se produce por una acción u omisión del órgano, actuando con la señalada falta de servicio. Acreditado lo anterior, toca al demandado aportar las probanzas relativas a eventuales exenciones de responsabilidad o causales de justificación de su conducta.

    La configuración de la responsabilidad administrativa debe, en este caso, necesariamente vincularse a la naturaleza de la obligación médica que no resultó discutido, se trata de una de medios, esto es, el profesional actuante debe ajustar su conducta a la lex artis médica, no debe necesariamente curar o sanar al paciente, sino desplegar su actividad cumpliendo estándares de conocimiento, prudencia y diligencia.

    En efecto, en materia de responsabilidad médica se contraen obligaciones de acuerdo a la lex artis, puesto que el deber profesional es aplicar conocimientos y capacidades en servicio del paciente, pero no asume el deber de proporcionar el beneficio o resultado final perseguido por esa contraparte. En este sentido, el profesor E.B. sostiene: “la regla general es que las obligaciones profesionales sean de medios”, esto es, que den lugar a deberes de prudencia y diligencia, pues lo que usualmente se exige del experto es el empleo del cuidado debido para procurar el interés que se persigue, pero de la circunstancia de no haberse obtenido ese...

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