Dictamen nº 9080 de Contraloría General de la República, de 14 de Mayo de 2020
N° 9.080 Fecha: 14-V-2020
Se ha dirigido a esta Contraloría General el Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, solicitando un “pronunciamiento respecto de la legalidad del decreto anunciado por el Gobierno, el cual otorga mayores facultades de fiscalización a los funcionarios municipales”, en relación con determinadas medidas dispuestas en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe actualmente vigente, declarado a fin de evitar la propagación del COVID-19.
A juicio del diputado recurrente, las funciones de seguridad pública se encuentran encomendadas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, y, en condiciones de estado de excepción constitucional, a las Fuerzas Armadas, no pudiendo delegarse a los cuerpos de seguridad ciudadana de las municipalidades.
Sobre el particular, cumple con informar que, con fecha 8 de mayo de esta anualidad, se ingresó a trámite de toma de razón ante esta Contraloría General el decreto supremo N° 201, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al que alude el recurrente, en cuya virtud se imparten “instrucciones a los jefes de la defensa nacional para que dispongan la colaboración de los funcionarios municipales con las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para subsanar los efectos de la calamidad pública”.
De acuerdo con su considerando 9°, el objetivo perseguido por el decreto es que los funcionarios municipales puedan “colaborar con los Jefes de la Defensa Nacional, reforzando la vigilancia y control de las medidas dispuestas por ellos y por la autoridad sanitaria, con el fin de subsanar los efectos de la calamidad pública que le dio origen, dentro del ámbito de las competencias que les confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y demás leyes especiales”.
En dicho contexto, el artículo primero del acto administrativo en cuestión permite a los jefes de la defensa nacional impartir instrucciones para que, en el ejercicio de sus competencias, los funcionarios municipales colaboren con las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en la fiscalización de las medidas que indica, las que incluyen el aislamiento, cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias y otras.
Posteriormente, el 12 de mayo del corriente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública efectuó el retiro del referido decreto supremo, de modo que dicho acto no ha sido tomado razón ni se encuentra en tramitación en esta Contraloría General.
En relación con...
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