Cobro irregular de bonos en Gendarmería revela otro eventual fraude al fisco
La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, a poco más de un año de abierta la investigación, formalizó la semana pasada a los primeros imputados en el caso, y una nueva audiencia quedó agendada para el próximo 22 de mayo.
Según los antecedentes reunidos en la indagatoria, casi 300 funcionarios presentaron certificaciones o títulos profesionales entre 2012 y 2015, que aparentemente habrían sido emitidos por las universidades La República, Sek y el Instituto Valle Central, en sus sedes de Santiago y Talca, los que resultaron ser falsos.
Con estos documentos, los gendarmes podían cobrar un bono que se sumaría a su remuneración, y en muchos casos así se hizo. "Entendemos que, al menos, algunas de estas personas están percibiendo de manera indebida algunas asignaciones profesionales (ver recuadro)", explica el fiscal Jaime Retamal, quien dirige la investigación.
El negocio Siljor
El timbraje y suscripción de estos certificados y títulos falsificados -se relató en la formalización del 10 de abril- lo realizó el empresario educacional Patricio Silva Espinoza, representante legal de la Sociedad Jorquera y Compañía Limitada (Siljor); sin embargo, para materializar la estafa masiva en Gendarmería actuó concertado con los dirigentes gremiales del servicio penitenciario Juan Yáñez Guerrero, Leandro Tegler Aguilera, Rodrigo Luna Luna y Alex Catalán Menares.
"(Los dirigentes) oficiaron como captadores o reclutadores de alumnos, quienes a su vez pagaron sumas de dinero importantes tanto a ellos como a este señor (Silva Espinoza) que suscribió este convenio", precisa el investigador. En promedio, cada estudiante les pagó cerca de $100.000 para matricularse en la carrera de Ingeniería en Ejecución en Seguridad -o una similar- y otros $110.000 como mensualidad.
¿Cómo se pudo captar a tantas personas? Se usó -responde el fiscal- "un mecanismo bastante sofisticado" que dio a toda la operación una "aparente legalidad", al punto, por ejemplo, de que Silva Espinoza obtuvo en 2011 un pronunciamiento a la Contraloría General de la República (CGR), que indica que el título de Ingeniero de Ejecución en Seguridad, conferido por ese plantel, habilita a sus titulares para percibir el beneficio de asignación profesional, conforme a la ley.
La casa de estudios no había aprobado ninguna de las propuestas de cursos que el imputado le hizo bajo el convenio, pero esta respuesta de la CGR le daba mayor credibilidad al engaño.
Tanto la U. de la República, donde nunca estudió...
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