Caso ISAPRES: el fallo de la sospecha
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TEMAS PÚBLICOS
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Nº 1561 - 2
15 de septiembre de 2022
ISSN 0717-1528
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CASO ISAPRES: EL FALLO DE LA SOSPECHA
Los recientes fallos de la Corte Suprema que declararon ilegal el alza de precios de los
planes de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) representan un claro ejemplo
de por qué la judicialización de las políticas públicas es una forma inadecuada para
procesar los problemas ciudadanos, en especial en materia de salud. Es desde esta
perspectiva que resulta pertinente analizar dichas sentencias, con el objetivo de
mostrar que la judicialización en nada contribuye a resolver problemas que por su
naturaleza exigen el equilibrio de diferentes intereses, así como reglas jurídicas claras
que aseguren la operatividad del sistema.
Para lograr lo anterior el análisis de los fallos se realizará en tres niveles: en el primero,
expondremos algunos antecedentes sobre la judicialización de los planes de ISAPRE y la
solución legislativa que intentó darse. En segundo lugar, analizaremos los fallos de la
Corte Suprema (“CS”) que declararon ilegal el reajuste de precios para el año 2022.
Finalmente, desarrollaremos algunas reflexiones sobre el perjudicial efecto sobre la
certeza jurídica.
ANTECEDENTES DE LAS SENTENCIAS: LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS ISAPRES
La judicialización de las ISAPRE explota el año 2010 cuando la Corte Suprema, si bien
reconoce la facultad legal de reajustar el precio base de los planes, dicho reajuste debe
encontrarse debidamente justificado, es decir, el aumento debe responder a cambios
efectivos y verificables en los costos de las prestaciones médicas del plan y no
meramente en razones generales.
• Los recientes fallos de la Corte Suprema que declararon ilegal el alza de precios de los
planes de ISAPRE representan un claro ejemplo de por qué la judicialización de las
políticas públicas es una forma inadecuada para procesar los problemas ciudadanos.
• Las sentencias, más que fundamentos jurídicos para establecer la ilegalidad del reajuste,
parecen tener como base la desconfianza de los jueces de la tercera sala de la Corte
Suprema sobre las ISAPRES.
• El principal defecto del fallo es la incapacidad del Estado de entregar certeza jurídica y
reglas claras a un sistema del cual depende la salud de 3,3 millones de chilenos.
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