Capítulo II. Las partes
| Autor | Adolfo Schönke |
| Páginas | 107-134 |
107
DERECHO PROCESAL CIVIL
CAPÍTULO II
LAS PARTES
§23. Concepto de parte y capacidad para ser parte
BIB.: KISCH,Das Reichsgericht und der Parteibegriff,en Die Reichsgerichtspraxis im deutschen
Rechtsleben, volumen VI (1929), 15; NAGLER,Der Parteibegriff im Zivil- und Strafverfahren,
Der Rechtsgang, volumen I, 56; OETKER,Konkursrcchtliche Grundbegriffe, volumen I (1891),
316. Véase también, LETTOW,Die Bestimmung der Parteien im Zivilprozess, 1935 (tesis
doctoral de Gotinga); KISCH,Par teien, Prozessverbindunge n und Partei änderung im
Zivilprozessenfwurf, Judicium, 3, 233.
I. Partes son las personas por las cuales o contra las cuales se pide en nombre
propio la tutela jurídica. Las partes son, por regla general, al mismo tiempo los sujetos
del derecho o deber discutidos, mas también puede un tercero estar facultado para
seguir en no mbre propio un proceso sobre relaciones jurídicas ajenas; así, por ejem-
plo, el marido sobre bienes aportados por la mujer al ma trimonio. En este caso, el
tercero será parte. El concepto de parte es, en consecuencia, meramente formal; y no
necesita coincidir con la titularidad de la relación jurídica controvertida.
II. Es parte una persona distinta del titular, en los casos en que se da la
«subrogación o substitución procesal», en los que la facultad de llevar el proceso no
pertenece al titular del derecho controvertido, sino a un tercero. Por regla general
tiene su origen e n l a ley. El caso más importa nte es el del marido, que, en el
régimen legal de goce y administración de bienes en el matrimonio, puede ejercitar
judicialmente en nombre propio un derecho perteneciente a bienes aportados por
la mujer (§ 1.380, Código civil); lo mismo es a plicable al caso en que exista sociedad
de gananciales o comunidad de bienes muebles (§§ 1.525, II; 1.550, II, Código civil).
En caso de comunidad universal de bienes (y análogamente en la de gana nciales y
en la de muebles) está facultado el marido para llevar en nombre propio los litigios
que afecten a bienes de la comunidad (§ 1.443, I; 1.519, II; 1.54 9, C ódigo civil).
También se da por la Ley esta subrogación, por ejemplo, al titular anterior en el
caso del § 265, y al poseedor media to y al tercer o en el ca so de los §§ 76, 77. Puede
tener también su origen esta subrogación en una autorización del tenedor del dere-
cho (subrogación llamada voluntaria). Es condición en todo caso, que exista una
necesidad de tutela jurídica para el tercero, que tiene un interés propio en el ejerci-
cio del derecho (Tribunal Supremo). Se da un interés así, por ejemplo, cuando el
nuevo acreedor, al que se ha cedido el crédito en pago o garantía, faculta al cedente
para ejercitar en nombre propio la reclamación (Tribunal Supremo), y lo mismo,
cuando aquel que hubiera vendido una finca haciendo la declaración para la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad, es facultado por el comprador o propieta-
rios posteriores para ejercitar en nombre propio la acción contra el favorecido por
108
ADOLFO SCHÖNKE
la inscripción, para rectificación en el Registro (§ 894, Código civil), cancelando una
carga inscrita, pero no existente (Tribunal Supremo).
BIB.: V ON BRUN N,Gewill kürte P rozess tandsc haft, 1933 ; véase t ambién WUSOW ,
Familienrechtliche Prosesstandschaften in Unfallprozessen, JW., 1938, 1.305 .
III. Al lado de las partes que ejercitan su propio derecho, y de la s que lleva n
un proceso por «subrogación procesal», existen pa rtes por razón de oficio entre las
que se cuentan (cfr. infra, 114, III) los administradores de determinadas masa s de
bienes independientes, así especialmente el administrador de la herencia yacente, el
ejecutor testamentar io, el síndico o administrador concursal, y el administrador en
el caso de administración como forma de ejecución.
Estas personas no son representantes, pues el círculo de los posibles represen-
tados por ellos es objetivamente indeterminado y habrían de r epresentar personas
con interes es opuestos. Cuando se trata de la salvaguardia de los intereses de una
persona, actúa un representante. La atribución de la calidad de representante tratán-
dose de intereses en pugna, no responde a las exigencias de una práctica adminis-
tración de justicia; en estos casos ac túa un gestor de confianza. El representante
legal no es parte; este gestor o fiduciario, por el contrario, es parte por razón del
cargo a él confiado.
En este sentido se ha pronunciado especialmente la jurisprudencia, en cuanto al
administrador del concurso, al administrador de una herencia, al albacea testamenta-
rio y al administrador en el caso de ejecución forzosa de acuerdo con los §§ 152 y ss.;
igual ha de tratarse, por ejemplo, al administrador de un peculio reunido por una
subscripción pública (§ 1.914, Código civil). Esta opinión ha sido fuertemente reforza-
da por la modificación introducida por la Ley de 27 de octubre de 1933 en el beneficio
de pobreza. De acuerdo con el § 114, III, puede también concederse el beneficio de
pobreza a la parte por razón de oficio; con ello ha dado la Ley a los administradores
de una masa de bienes, una posibilidad muy significativa para su calidad de parte.
El § 51 del Proyecto de 1931, sig ue el criterio aquí expuesto.
La opinión aquí defendida es rechazada especialmente por KISCH, obra citada;
JAEGER,Kommentar sur Konkursordnung, 6.a-7.a edición, volumen I, 1931, nota al § 6;
LENT ,Die Re chts prec hung d es Re ichs geric hts ü ber di e pro zessu ale St ellu ng des
Konkursverwalters, en Die Reichsgerichtsprax is im deutschen Rechtsleben, volumen VI
(1929), 275; SIBER,Prozessführung d es Vermögensverwalters, en Leipsiger Festschrift für
Wach (1918), I.
La condición de parte por razón de oficio la tiene en ciertos casos el Ministe-
rio Fiscal; éste es el caso concretamente en asuntos de matrimon io, de familia, y
procedimiento d e interdicción (§§ 632, 640 y 646).
IV. La relación jurídica procesal requiere para su nacimiento, dos partes. Una
parte no puede llevar un p roceso con tra sí misma ; ni tampoco puede una parte
intervenir en el proceso como representante de la otra. Y en el caso de que una se
convierta en sucesora de la contraria, termina por ello el procedimiento.
Se han pronunciado contra el principio de la dualidad de partes, desd e un
punto de vista jurídico-político,GRASSHOFF, en ZZP., 60, 242, yDE BOOR,Die Auflockerung
des Zivilprozesses (1939), 62-63. Cfr. además HEINSHEIMER,Das Zwiparteiprinsip in Prozess
und Vollstreckung , en la Festschrift für wach, vol. III (1913), 129.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba