Auditoría a la asignación de los primeros pagos del IFE: comentarios a considerar
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TEMAS PÚBLICOS
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Nº 1532 – 1
28 de enero de 2022
ISSN 0717-1528
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AUDITORÍA A LA ASIGNACIÓN DE LOS PRIMEROS
PAGOS DEL IFE: COMENTARIOS A CONSIDERAR
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la Repúblicai (en adelante
“Contraloría”) evidenció que el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue
recibido por familias a las cuales no les correspondía.
Esta auditoría se gestó a partir de una solicitud de cinco diputadosii de oposición que
pidió la revisión de los criterios de asignación del IFEiii. Para ello, la Contraloría auditó
el proceso de otorgamiento del Bono Covid19, entregado en abril 2020, y del primer
y segundo aporte del IFE, que se entregó entre el 22 de mayo y 31 de julio de 2020.
SE CRITICA LA ASIGNACIÓN DE LOS PRIMEROS PAGOS DEL IFE
El informe dio cuenta que sólo el 0,1% del monto ejecutado correspondía a un pago
improcedente, aproximadamente $310 millones de $308.697 millones ejecutados.
Esta suma considera 60 personas que recibieron el pago y estando y a fallecidas, lo
que se tradujo en un costo total de casi $2,6 millones; $30,6 millones a 398 personas
• A principios de 2022 la Contraloría entregó el resultado de una auditoría a los primeros pagos
del IFE. Se muestra que este benefició a personas que no les correspondía y cuestionó la
demora en el procesamiento de las solicitudes al sistema de selección de beneficiarios.
• Si bien es muy importante fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, se debe tener en
cuenta que sólo un 0,1% del monto ejecutado correspondía a un pago improcedente.
• A su vez, el período auditado no considera que posteriormente se generaron una serie de
mejoras en el sistema de asignación del IFE y se redujo de manera importante el tiempo de
procesamiento de las solicitudes.
• Esta auditoría vuelve a demostrar que es muy importante contar con registros de
información y de focalización del gasto del Estado para que la política social llegue a quienes
lo necesitan. Afortunadamente, las medidas adoptadas permiten contar con mejores
registros. No obstante, debe ser un desafío permanente la actualización y contar con una
buena calidad de los datos para que a partir de ello se pueda construir una buena política
social.
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