El año en que la (in)seguridad se tomó la agenda - Núm. 345, Diciembre 2022 - Revista Libertad y Desarrollo - Libros y Revistas - VLEX 916965774

El año en que la (in)seguridad se tomó la agenda

AutorDaniel Rebolledo
Páginas15-16
Durante el primer semestre de este 2022 pudimos observar
un aumento del 52% en los delitos de mayor connotación
social, donde destaca una frecuencia promedio de 2
homicidios, 8 violaciones, 35 “portonazos” o “encerronas” y
90 robos de vehículos al día.
No es sorpresa que la seguridad se haya tomado
tanto la agenda pública, como la agenda política duran-
te 2022. Desde muy temprano, las señales de que esto
eventualmente ocurriría se habían manifestado: desde
principios de año todas las encuestas han señalado que
la seguridad estaba entre las principales preocupacio-
nes de la ciudadanía, las cifras de Carabineros daban
cuenta de una rápida recuperación de la delincuencia en
comparación al año anterior y, más preocupante aún,
ciertos delitos estaban alcanzando sus máximos histó-
ricos, como es el caso de los homicidios, las violaciones
y los robos de vehículos (tanto los violentos, conocidos
como “portonazos” o “encerronas”, como los no violen-
tos). En este sentido, durante el primer semestre de
este 2022 pudimos observar un aumento del 52% en
los delitos de mayor connotación social, donde destaca
una frecuencia promedio de 2 homicidios, 8 violaciones,
35 “portonazos” o “encerronas” y 90 robos de vehículos
al día. El “broche de plomo” a toda esta situación fue la
publicación, a fines de octubre, del último Índice Paz
Ciudadana que revelaba que el temor de la población
frente a la delincuencia se encontraba en el nivel más
alto de toda la serie.
EL AÑO EN QUE LA
(IN)SEGURIDAD SE TOMÓ
LA AGENDA
Por Daniel Rebolledo
Frente a esta realidad, el Gobierno ha reaccionado
de manera errática, realizando a lo largo del año varios
intentos por lanzar una agenda de seguridad propia
que, pese al entusiasmo inicial, termina diluyéndose
al poco tiempo, principalmente por la falta de deta-
lles y objetivos concretos. Esto lo vimos a principios
del mandato cuando la ex ministra Izkia Siches fue al
Congreso a presentar una agenda de seguridad que
contenía solo lineamientos generales; lo vimos en la
Cuenta Pública cuyos anuncios en materia de seguridad
eran, en su mayoría, proyectos de inversión iniciados o
gestionados en la administración anterior; lo vimos en el
anuncio de las 33 medidas presentadas en la gira presi-
dencial a Arica, que no han tenido seguimiento alguno;
lo vimos en la presentación del Presupuesto 2023, cuya
novedad en términos de seguridad fue el anuncio de un
Plan Nacional Contra el Crimen Organizado que, hasta
la fecha, se conoce solo su nombre y no sus detalles;
y, por último, lo hemos visto en el llamado a un acuer-
do nacional en esta materia por parte de la ministra
Carolina Tohá quien, al parecer, desconoce la existencia
previa de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública
convocado a inicios del 2018 y que en julio de ese mismo
año ya había logrado proponerle al país 150 medidas
concretas.
¿Cuál sería entonces el camino a seguir en esta
materia? En primer lugar, concentrar esfuerzos en
atacar al principal enemigo actual del Estado que es el
Crimen Organizado. Para esto el Gobierno debe tradu-
cir en medidas concretas los $39,3 mil millones del Plan
Nacional Contra el Crimen Organizado, cuya finalidad
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