A 20 años de Aedo con Fisco: ¿Aún queda algo de la vieja nulidad de derecho público?
| Fecha | 01 Diciembre 2023 |
| Autor |
LATIN AMERICAN LEGAL STUDIES Vol. 11 N° 2 (2023), pp. 182-254
Cómo citar este artículo:
MILLAR, Cristóbal (2023). “20 Years from Aedo v. Fisco: Is There Still Something of the
Old Public Law Nullity?”, Latin American Legal Studies, Vol. 11 N° 2, pp. 182-254.
DOI: 10.15691/0719-9112Vol11n2a5
20 Years from Aedo v. Fisco: Is There Still Something of the Old Public
Law Nullity?
A 20 años de Aedo con Fisco: ¿Aún queda algo de la vieja nulidad de derecho
público?
CRISTÓBAL MILLAR*
Resumen
El 27 de noviembre del 2000, la Excma. Corte Suprema falló el caso
“Aedo con Fisco”, el cual sentó un precedente importante en el
entendimiento que la doctrina y jurisprudencia tradicionales tenían
sobre la nulidad de derecho público y sus alcances. Transcurridas
dos décadas, surge la pregunta por la vigencia de esta línea
jurisprudencial. A partir del examen de diez casos posteriores, se
presenta un breve análisis de los nuevos contornos que la Corte
Suprema ha delineado sobre el régimen general impugnatorio de la
acción de nulidad de derecho público. A la luz de la evidencia que
arrojan los fallos, el autor cuestiona la vigencia de esta acción como
mecanismo general de protección de los derechos de los
administrados, constatando el preocupante estado de la cuestión
contenciosa administrativa nacional.
Palabras clave: Derecho Administrativo; Corte Suprema; Contencioso Administrativo;
Jurisprudencia; Nulidad de Derecho Público; Justicia Administrativa; Aedo con Fisco.
Abstract
On November 27, 2000, the Supreme Court decided the case "Aedo
v Fisco", which set an important precedent regarding the
understanding that traditional doctrine and case law had regarding
public law nullity and its scope. After two decades, the question
arises regarding the validity of this line of cases. Based on the
examination of ten subsequent cases, a brief analysis of the new
contours that the Supreme Court has set out regarding the general
* Barros y Errázuriz Abogados (cmillarb@gmail.com). ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9818-
5044. Artículo recibido el 12 de septiembre de 2022, y aceptado para su publicación el 12 de
diciembre de 2022.
20 Years from Aedo v. Fisco: Is There Still Something of the Old Public Law Nullity? 219
regime of the action for public law annulment is presented. In light
of the evidence provided by the rulings, the author questions the
validity of this action as a general mechanism for protecting the
rights of the administered, noting the troublesome state of national
administrative litigation.
Keywords: Administrative Law; Supreme Court; Administrative Litigation; Case law; Public Law
Nullity; Administrative Justice; Aedo v Treasury.
I. INTRODUCCIÓN: DELIMITANDO LA CUESTIÓN A TRATAR
1.1 Notas sobre la nulidad de derecho público y “lo contencioso administrativo”
La “acción de nulidad”, “acción de nulidad administrativa”, “nulidad del acto
administrativo”, “acción constitucional de nulidad” y “acción de nulidad de derecho
público” han sido, entre otras, las denominaciones que hacen alusión a una misma
institución: una acción no consagrada (al menos expresamente1) en la legislación positiva
que operativiza una sanción a la actuación ilegal de la Administración del Estado, cuya
creación fue en un comienzo doctrinaria y posteriormente tuvo recepción
jurisprudencial y que por décadas ha sido objeto de las más candentes discusiones en el
derecho público nacional.2
La Corte Suprema tradicionalmente ha definido a la acción de nulidad de derecho
público como:
La acción que se ejerce para obtener la sanción de ineficacia jurídica que afecta
a aquellos actos de los órganos del Estado en los que faltan algunas de las
exigencias que el ordenamiento establece para su existencia y validez.
Este enunciado evidencia con nitidez el rol que dentro de nuestro
ordenamiento le corresponde a la nulidad de derecho público como una
institución destinada a garantizar la vigencia del principio de legalidad, de
acuerdo con el cual los órganos del Estado deben someterse en el desarrollo de
sus actividades a lo preceptuado en la Constitución Política de la República y
en las leyes dictadas conforme a ella.3
1 Al respecto la Corte Suprema ha señalado que el único reconocimiento que existe a la existencia
de esta acción está en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado en
Nahuel Quintana con Municipalidad de Corral (2020).
2 Si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema reconoció que la nulidad de derecho público
podía ser impetrada tanto por vía de acción como de excepción, véase Lewin Lindstrand con
Empresa de Correos (2003), el énfasis ha estado puesto en la acción de nulidad de derecho público
propiamente tal.
3 Covarrubias Rodríguez con DOM de Quilpué (2013).
220 Cristóbal Millar
Esta acción se encuadra en (y, probablemente, se explica por) un disperso panorama de
lo contencioso-administrativo en Chile, cuyo sistema recursivo se compone de cerca de
doscientas acciones especiales, diferentes unas de otras,4 y diferentes tribunales con
competencia administrativa respecto de materias concretas.5 Sin ir más lejos, pese a
excepcionalísimas disidencias,6 este panorama ha sido catalogado como cualitativamente
deficitario, desfavoreciendo el acceso a la justicia,7 inorgánico,8 segmentado y
asistemático,9 y derechamente discriminatorio.10
En ese contexto algo desolador, la importancia principal de la acción de nulidad
de derecho público radica en que está situada como una de las dos acciones
jurisdiccionales generales que contemplaría el ordenamiento jurídico chileno para el
control de la actividad administrativa, junto a la acción de protección,11 constituyendo
así una solución que permite hacer frente a la impunidad administrativa.12 Luego, su
relevancia durante las últimas décadas como acción de impugnación general de los actos
administrativos en Chile es innegable.
En efecto, bajo su amparo se han dejado sin efecto la más variada gama de actos
administrativos, tales como desvinculaciones de funcionarios,13 términos de contratos
4 Esta diferencia va desde su denominación, tramitación, plazos de interposición y medios de
prueba, entre otros. Véase FERRADA (2011), p. 266.
5 A modo ejemplar, en materia de contratación pública mediante la Ley 19.886 (2003) se creó el
Tribunal de la Contratación Pública; en materia eléctrica, mediante la Ley 19.940 (2004) se creó
el Panel de Expertos; en materia tributaria mediante la Ley 20.322 (2009) se crearon los
Tribunales Tributarios y Aduaneros; y en materia ambiental, mediante la Ley 20.600 (2012) se
crearon los Tribunales Ambientales.
6 VERGARA (2014), pp. 269-292. Este lo ha elogiado como expresión de un deseable modelo de
hiperespecialización jurisdiccional.
7 ARÓSTICA (2008), p. 103.
8 CORDERO (2016).
9 JARA (2018), p. 60.
10 FERRADA (2011), p. 251.
11 Este fenómeno -algo burdo- es tan palmario que la misma Corte Suprema ha establecido que
frente a la inexistencia de un procedimiento contencioso administrativo general, el control
necesariamente puede y debe hacerse a través del recurso de protección; véase Sociedad
Educacional Alcántara Ltda. y otros con Seremi de Educación (2016). No obstante, no debe pasarse
por alto una cuestión relevante: la acción de protección está lejos de reunir las condiciones
mínimas que debiese tener un contencioso-administrativo robusto. FERRADA et al. (2003), pp. 67-
81.
12 BERMÚDEZ (2010), p. 114.
13 Barría con Fisco (2020).
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