Violencia rural: Solo el 5% de las querellas del Gobierno tienen sentencia condenatoria
En la respuesta se señala que en la Región de La Araucanía, hasta el 5 de agosto se habían presentado 152 querellas por delitos asociados a violencia rural. De estas, 63 se encontraban terminadas y en 57 de ellas el Ministerio Público tomó la determinación de no perseverar.
Respecto del bajo número de condenas, el director de la Multigremial de La Araucanía, Emilio Taladriz, señala que en la zona "ha habido un estándar distinto para el tema de evaluación de pruebas". A lo que agrega que "la escasa protección a los testigos va en contra de la alta evaluación de pruebas que suelen pedir los jueces en La Araucanía y en contra de tener una mayor efectividad".
Gloria Naveillán, de la Agrupación de Agricultores de Victoria, señala que el Gobierno "presenta querellas que no llevan a ninguna parte y que solo implican gasto de papel y tiempo, porque falta un seguimiento a las causas".
A juicio de Naveillán, "hay que reformar el sistema judicial, porque está muy mal diseñado y ningún gobierno ha puesto el hincapié necesario para mejorarlo".
Los Ríos y Biobío
En las otras regiones que viven violencia rural la situación no mejora. En Los Ríos se han presentado 15 querellas contra quienes resulten responsables de atentados y de ataques incendiarios, con cero condenados.
En Biobío, dentro de un total de 110 querellas, hubo solo ocho sentencias condenatorias.
"Nosotros terminamos por pedirle al intendente Andrés Jouannet que no presentara más querellas", afirma el dirigente camionero José Villagrán. A lo que agrega: "Siempre se dice que se van a tomar las medidas, interponer querellas, pero no pasa de ser una receta. Es buena poesía, pero al final los resultados son cero". A lo que sentenció que "acá eso está fracasando".
Según el diputado Silva -uno de los congresistas que pidieron la información-, "llama la atención la baja efectividad. No solo no ha logrado condena, sino que tampoco un efecto disuasivo".
Para Luis Correa, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior, la efectividad tiene una explicación legal, pues "las investigaciones desformalizadas, cuando usted no tiene un imputado conocido, en rigor no tiene plazo conocido", afirma.
Además, señala que cuando se tiene un imputado conocido, "el plazo ordinario es de dos años; por ende, si las querellas fueron presentadas en 2014 con resoluciones en 2016, por decirlo de alguna manera, están en plazo más que razonable dentro de los estándares judiciales chilenos".
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