Las vallas que deberá saltar la fiscalía para acreditar apremios ilegítimos en caso Lissette
Esta será la primera imputación en una de las aristas del caso Sename que dirige el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, y en ella se aludirá al delito tipificado en el artículo 150 A, el cual sanciona los tormentos y apremios ilegítimos -físicos o mentales- por parte de funcionarios públicos.
Si bien este ilícito fue modificado el 22 de noviembre pasado (tipificando la tortura y los apremios), como los hechos de esta investigación ocurrieron en diciembre de 2015 y abril de 2016, la fiscalía tiene que utilizar la forma como estaba descrita anteriormente en el Código Penal (ver recuadro).
Imputar este delito en un caso de violencia contra menores de edad, bajo la protección del Estado en un centro del Sename, sería algo inédito.
La razón para escogerlo, según comentó Emilfork en la comisión investigadora del Sename que conformó la Cámara de Diputados, es que "lo que está sosteniendo la fiscalía es que en el caso de Lissette se le ejerció violencia física estando en custodia del Estado", agregando que en las otras indagatorias existen líneas investigativas respecto de cuasidelitos o, incluso, aspectos farmacológicos.
Según la ley, hay tres elementos clave para acreditar este delito: que los imputados sean funcionarios públicos, que las víctimas estén privadas de libertad y que se pruebe la aplicación -como también su ordenamiento o consentimiento- de los tormentos o apremios ilegítimos.
En el primer elemento, los Cread son los recintos administrados directamente por el Sename, por lo que todos sus trabajadores son funcionarios públicos. Sin embargo, los desafíos de la fiscalía estarían en probar los otros dos factores.
Tratados internacionales
Como antecedente de lo que puede ocurrir en la formalización del caso Lissette, es clave ver lo que pasó en una causa paralela, aunque si bien son casos distintos y no vinculantes.
El 19 de noviembre, el fiscal jefe de Alta Complejidad Occidente, Tufit Bufadel, formalizó a dos funcionarios del Cread de Pudahuel del Sename, formulando cargos a dos funcionarios del mismo, por apremios ilegítimos en contra de un menor de 17 años.
En esa audiencia, Bufadel, para acreditar que los menores están privados de libertad, recurrió a la legislación internacional y citó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, la cual en uno de sus artículos menciona que los Estados deben "velar porque ningún niño sea sometido" a torturas, penas crueles o degradantes.
También mencionó que la Corte...
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