Transantiago: Nueva licitación obligaría al pago de $30 mil millones por finiquitos
Una de ellas, según acusa la ex subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt, reside en el costo que tendrá el próximo sistema, si bien se ha afirmado que el Transantiago tiene ingresos anuales por US$ 1.500 millones, financiados por las tarifas y el subsidio estatal.
"Deben transparentarse los costos del sistema, es una de las grandes incertidumbres que genera mayores riesgos y costos en las eventuales propuestas", dice Gloria Hutt.
Esta solicitud reside en costos adicionales que estaría acumulando el "nuevo Transantiago", más allá de los previstos en el alza de US$ 147 millones que tendrá el subsidio a partir del próximo año, desde los US$ 715 millones proyectados para este año a US$ 862 millones estimados en la ley para 2018, por la entrada en operaciones de las líneas 3 y 6 del metro.
El ítem, según Juan Carlos González, gerente de la fundación Transurbano y ex jefe jurídico del Ministerio de Transportes, no consideró pasivos adicionales como la reciente decisión del Ejecutivo de otorgar más viajes semanales a los adultos mayores en el metro, además del crecimiento sostenido de pasajeros (con viajes subsidiados) del tren Alameda-Nos.
Según González, a esto podrían sumarse cerca de $30 mil millones por el pago de finiquito a seis mil conductores del consorcio colombiano Alsacia-Express, que culmina sus operaciones en 2018.
La firma Alsacia ha manifestado su intención de someterse a una reorganización. Esto, según González, evidencia que no cuenta con los recursos para finiquitar a los trabajadores. "En la medida en que las empresas no tengan en caja estas provisiones contables y como existen compromisos firmados por el Gobierno, eventualmente, esto tendría que ser compensado por el sistema", afirma en relación con el acuerdo complementario firmado el 19 de diciembre pasado, por el ex ministro Andrés Gómez-Lobo y su par del Trabajo, Alejandra Krauss, con la Confederación Nacional Unitaria del Transporte (Conutt).
"Aunque no es un compromiso financiero, para los trabajadores hay uno político y eso alcanza una dimensión financiera", añade.
La subsecretaria Hutt sostiene que "la situación es tremendamente compleja; hay empresas que no tienen la capacidad financiera de cubrir finiquitos. Aquí hay recursos no considerados en la planificación del sistema. El compromiso asumido por el Gobierno puede ser interpretado como una garantía del Estado", afirma.
Al respecto, la ministra de Transportes, Paola Tapia, descarta que el Estado deba costear el...
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