Tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.
| Fecha | 05 Enero 2005 |
| Número de Iniciativa | 3778-18 |
| Fecha de registro | 05 Enero 2005 |
| Etapa | Tramitación terminada Ley Nº 20.507 (Diario Oficial del 08/04/2011) |
| Autor de la iniciativa | Burgos Varela, Jorge, Bustos Ramírez, Juan, Ceroni Fuentes, Guillermo, Galilea Vidaurre, José Antonio, Mella Gajardo, María Eugenia, Muñoz D'Albora, Adriana, Navarro Brain, Alejandro, Palma Flores, Osvaldo, Quintana Leal, Jaime, Saa Díaz, María Antonieta |
| Materia | TRAFICO DE PERSONAS |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA EL DELITO DE TRÁFICO DE NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS Y ESTABLECE NORMAS PARA SU PREVENCIÓN Y MÁS EFECTIVA PERSECUCIÓN CRIMINAL
BOLETÍN 3778-18
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Crimen Organizado Transnacional y el Tráfico de Niños
Hoy en día es un hecho indiscutido que una de las máximas amenazas a la seguridad de los estados y de las personas es la existencia de organizaciones criminales. El fenómeno de la violencia y de la criminalidad, ha asumido la complejidad de los nuevos tiempos, se ha adaptado exitosamente a ellos y ha sabido aprovechar en su beneficio los adelantos tecnológicos en el área de las finanzas, las comunicaciones y los medios de transporte.
La gran delincuencia ha asumido formas empresariales para el desarrollo de sus actividades y hace ya mucho han sido capaces de traspasar las fronteras de los estados nacionales, creando verdaderos sistemas de redes que operan empleando cuantioso recursos, para la explotación de uno o varios “giros” delincuenciales. Entre ellos, el del tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, para fines ilícitos que van desde la explotación sexual, hasta la extracción de órganos, pasando por cierto por la generación de contingentes de personas para la mano de obra que trabaja bajo régimen de esclavitud en importantes centros fabriles del Tercer Mundo.
Chile no está ajeno a la amenaza del crimen organizado. Es un hecho público, que ha existido preocupación por parte de las administraciones chilenas por la mal utilización que puedan hacer bandas criminales de nuestras ventajas económicas comparativas, como son la alta desregulación de los mercados, nuestro acceso a tecnología y las facilidades y oferta variada en materias de comunicación y transporte aéreo, marítimo y terrestre en nuestro país. Si ha ello le agregamos el hecho de que en el caso de la delincuencia transnacional, el sólo hecho de que una persona o mercancía, provenga de Chile, cuando accede a fronteras en el Primer Mundo, genera un estatus más elevado de seguridad en el país receptor, con lo cual los controles de seguridad policiales o administrativos se hacen menos rigurosos que en el caso de personas o bienes provenientes de países considerados de alto riesgo.
Atendida esta situación y ante la carencia en nuestro país de una legislación general de combate al crimen organizado y al delito transnacional moderno, creemos indispensable, innovar en esta materia, recogiendo especialmente nuestra experiencia normativa en materia de investigación y persecución criminal, que hasta la fecha ha sido exitosa en relación a la lucha en contra del narcotráfico y del terrorismo.
Una de las nuevas áreas de acción del crimen organizado transnacional es el tráfico de personas y dentro de ellas del tráfico de niños. Chile puede ser utilizado tanto como país suministrador de menores para el tráfico, como país de paso de bandas que trafiquen con ellos.
En un reciente estudio efectuado por la Organización No Gubernamental Chilena, Raíces, referido al magnitud del problema del tráfico de niños en los países del MERCOSUR, Chile y Bolivia, se ha podido establecer preocupantes evidencias de la proliferación de estas expresiones delictivas que urgen tomar medidas de resguardo político y administrativo para enfrentar el fenómeno y lo más importante, también es urgente avanzar en nuevas regulaciones penales y procesales penales para permitir a los estados nacionales una ofensiva que permita desterrar estas prácticas contrarias a los más elementales principios de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Raíces, citando un estudio de la OIM señala que en el caso de Bolivia, tan solo en los últimos cuatro años, “al menos 24.000 niños entre 8 a 12 años fueron sacados del país con fines de explotación laboral y sexual” y agrega que, “Según un registro de casos publicados por la prensa boliviana, sólo el 30% de las víctimas han sido recuperadas o repatriadas y devueltas a sus padres u hogares. De 13 casos registrados sólo 2 llegaron a juicio con sentencia condenatoria para los traficantes basados en falsedad ideológica, alteración o sustitución del estado civil y uso de documentos falsificados, contemplados en el Código Penal en ausencia de figuras jurídicas que penalicen el tráfico de niños y adolescentes.
Por su parte en relación a la situación en nuestro país, Raíces indica que “según estadísticas del Servicio Nacional de Menores (SENAME), a diciembre del 2003 ingresaron a su red, 185 casos de niños y niñas extranjeros. De éstos, 13 se encontraban indocumentados (5 casos de Argentina, 5 de Bolivia, 2 de Perú y 1 caso de Uruguay) concentrándose 8 casos en la I y II regiones del país. Además, fue descubierta una red que traficaba bebes al extranjero para la adopción ilegal. El hecho quedó al descubierto cuando en el aeropuerto se detuvo a una pareja de españoles no videntes que transportaban un bebé, a partir de este momento se detuvo al abogado que tramitó la adopción ilegalmente, constándose que este abogado había efectuado un delito similar con otros tres lactantes que fueron enviados a Francia, Alemania y Canadá, contraviniendo la ley de adopción chilena.”
Por otra parte, a nuestro juicio resulta fundamental, entender que existen ciertos factores de vulnerabilidad y riesgo para niños y adolescentes de caer en manos de estas mafias trasnacionales, como son la pobreza, desprotección, abandono, violencia intrafamiliar, discriminación (género, etnia), analfabetismo, deserción escolar, trabajo infantil, parentalización, falta o debilidad en las legislaciones, corrupción, entre muchos otros. Todos estos elementos contribuyen a que los niños que sufren mayor vulneración de sus derechos se encuentren más susceptibles de ser traficados, sea con fines de explotación sexual, laboral, adopción, reclutamiento para conflictos armados o extracción de órganos.(Raíces, 2004).
De los resultados de la Encuesta Casen 2000, el Ministerio de Planificación y Cooperación (“Documento Situación de la Infancia en Chile, MIDEPLAN, 2000) indica que el 32,6% de la población chilena, en ese año era menor de 18 años y por lo tanto niños para todos los efectos internacionales. Del total de esos niños, el 29,1% son pobres, los cuales se desglosan entre un 8,5% de niños indigentes y un 20,6 % de niños pobres no ingentes. Estos porcentajes pese a haber disminuido drásticamente en la última década, en casi 22 puntos porcentuales no puede dejar de preocuparnos.
LA ONG Raíces, citando un documento oficial de UNICEF-CEPAL, indica que “al iniciarse el siglo XXI, más de la mitad de los niños y adolescentes de América Latina son pobres. Entre 1990 y 1999, el total de menores de 20 años que viven sumidos en la pobreza aumentó de 110 a 114 millones.” De hecho estos órganos especializados de Naciones Unidas haciendo un verdadero llamado a la acción a los gobiernos de la Región señalan que “aún subsisten enormes retos … como la prevención de la anemia por deficiencia de hierro, la mortalidad materna, el acceso a agua potable, el analfabetismo adulto, la lactancia materna, la protección de los derechos del niño y la equidad de género, entre otras. Asimismo, en el curso de la década pasada, se han intensificado y surgido nuevos problemas que afectan a la infancia y adolescencia en la Región. Entre otros, la persistencia de la pobreza y la exclusión, la discriminación, la expansión del VIH/SIDA, la violencia, el abuso y la explotación infantil, así como el deterioro del medio ambiente y la severidad cada vez mayor de los desastres”. Finalmente, se indica oficialmente que en América Latina y el Caribe hay “193 millones de niños, niñas y adolescentes, los que representan un 38% de toda la población de la región” y lo grave es que alrededor de la mitad de estos niños vive en la pobreza, situación de vulnerabilidad que claramente los enfrenta al riesgo de ser traficados e incluso vendidos por sus progenitores.
En relación a otro de los factores de riesgo como es el trabajo infanto juvenil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala “Para los países de América Latina (exceptuando el Caribe) se estima que a fines de los 90 habría alrededor de 7.6 millones de...
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