Tiempos inquietantes
Bulliciosos asadores y centros comerciales que abundan. Hay pocos indicios de que el 30 de julio Argentina podría caer en default o cesación de pago por octava vez. Sin embargo, las posibilidades están aumentando.
La cuenta regresiva comenzó el 16 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que no se involucrará en la batalla de Argentina con NML Capital, un fondo de cobertura que tomó una deuda barata después del default de Argentina en 2001 y que ha litigado para el pago del préstamo total, así como de los intereses principales.
La decisión deja intacto un fallo de Thomas Griesa, un juez de distrito de la corte de Nueva York, que prohibió a Argentina el pago a los acreedores que en 2005 y 2010 canjearon 93% de la deuda de default para la realización de valores, si el país tampoco paga a NML lo que quieren.
Argentina se quedó solo con opciones espinosas: pagarle a NML los US$ 1,3 mil millones más el interés concedido por el juez Griesa, para negociar su liquidación con el fondo de cobertura; o dejar de pagar a los tenedores de bonos de cambio.
El pago total sería difícil de soportar. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre se ha opuesto a hacer campaña, y un pago generoso a NML abriría la puerta a pagos similares a otros acreedores. El consenso ha sido que Argentina alcanzaría un acuerdo negociado con los acreedores.
Argentina había hecho un buen progreso en su afán por recuperar su acceso a los mercados de capitales -resolviendo controversias con el Club de París de los gobiernos acreedores, por ejemplo-. Abordar el problema de retención sería el siguiente paso lógico. El precio de la deuda de default en dólares subió por encima de su valor nominal después de la sentencia del Tribunal Supremo, la apertura de una brecha denominada en euros que no está sujeta a la Ley de Nueva York.
Sin embargo, las semanas desde entonces se han malgastado. La táctica principal de Argentina ha sido tratar de ganar una extensión del juez Griesa. Afirma que no puede organizar una solución con los acreedores sin desencadenar los Derechos Sobre Ofertas Futuras (RUFO), por su sigla en inglés, escrita en sus bonos reestructurados-. Esta cláusula, que expira el 31 de diciembre, establece que Argentina no puede ofrecer voluntariamente a los acreedores un acuerdo mejor que el que hizo durante las reestructuraciones de 2005 y 2010 sin extender la oferta a todos los acreedores de bonos.
Argentina ha argumentado que de violar esta cláusula...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba