Tercerización, la estrategia de Guatemala contra la corrupción
Ahora, con el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, tras las rejas -la primera vez que un líder elegido democráticamente deja el poder en este país bajo cargos de corrupción-, los políticos y el público de toda América Latina están prestando atención a una de las jugadas más arriesgadas en los anales de la lucha contra la corrupción.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o Cicig, tiene amplios poderes para poner en marcha sus propias investigaciones penales. Una vez que las completa, trabaja junto con la Fiscalía General de Guatemala para llevar los casos a juicio. El personal de la Cicig incluye nacionales de 20 países, desde italianos que han luchado contra la mafia hasta colombianos expertos en el combate del lavado de dinero.
Cicig remece a Guatemala
Durante los últimos meses, la Cicig ha convulsionado a la política y a la sociedad guatemaltecas al presentar cargos en una variedad de escándalos de corrupción contra el Presidente y la Vicepresidenta en funciones; los jefes del banco central, la aduana, la agencia tributaria, y el instituto de seguridad social; los líderes del Congreso y de varios partidos políticos; así como un juez y un candidato a la Vicepresidencia. Casi todos están detenidos. La mayoría de los acusados, incluyendo a Pérez Molina, niega haber cometido delito alguno.
La experiencia de la Cicig en Guatemala permite apreciar la profundidad de la corrupción en muchos otros países en desarrollo, así como lo que la verdadera justicia podría llegar a hacer. Activistas anticorrupción en Honduras y México ya piden sus propias versiones de la Cicig. Pero eso también plantea una paradoja: las imágenes de un Presidente llevado a la cárcel probablemente asustarán a los gobiernos de aquellos países que más necesitan una agencia semejante.
Desde que la Cicig comenzó a funcionar en 2007, la agencia ha llevado a cabo más de 200 investigaciones que derivaron en acusaciones contra más de 160 funcionarios de gobiernos pasados y actual; entre ellos, el ex Presidente Alfonso Portillo, ex ministros de Defensa e Interior, ex directores de la Policía Nacional, generales retirados, políticos, empresarios, narcotraficantes y sicarios. Casi todos fueron condenados. Portillo fue absuelto en Guatemala por el robo de fondos del Ministerio de Defensa, pero se declaró culpable de lavado de dinero en EE.UU. y pagó casi seis años de prisión entre los dos países.
Los cambios tras su implementación
Cuando la Cicig comenzó sus...
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