A más tardar el 23 de marzo el gobierno y las FARC firmarán la paz definitiva en Colombia
El Presidente Juan Manuel Santos dio el paso más decisivo hacia un acuerdo final de paz en el país, tras reunirse en La Habana con el líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez, alias "Timochenko", y anunciar en conjunto que las partes resolvieron en las negociaciones una de las mayores trabas para terminar con la guerra: el mecanismo judicial con que se procesará a los guerrilleros desmovilizados.
"Hoy es un día crucial y muy positivo en el avance de nuestro país hacia la paz y hacia la terminación de un conflicto armado que nos ha desangrado por más de medio siglo. Me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo de 2016", señaló Santos, quien participó en una conferencia junto con "Timochenko" y el Presidente cubano, Raúl Castro, además de los representantes de los países garantes, Noruega y Cuba, y de las naciones acompañantes, Chile y Venezuela.
Según el Mandatario, 60 días después de firmada la paz, los guerrilleros deberán dejar las armas indefinidamente.
Previamente, los negociadores dieron a conocer los principales lineamientos de lo que se ha llamado la "justicia transicional" en Colombia. Esta contempla una ley de amnistía para los delitos políticos -partiendo por rebelión- y la creación de tribunales especiales, compuestos por jueces nacionales y en menor medida extranjeros, que no solo procesarán a los guerrilleros de las FARC, sino a "todos los que de manera directa o indirecta" fueron responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad; esto es, incluye también a civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Este sistema hará distinciones entre quienes confiesen sus crímenes y contribuyan a reparar a las víctimas, y los que no. Los primeros serán sometidos a penas de entre 5 y 8 años de lo que se llamó "restricción efectiva de libertad", lo que se interpretó como la aplicación de condenas que no significarán su reclusión en cárceles regulares, sino la reparación a través de salidas alternativas como el desarrollo de obras en beneficio de las víctimas. Sin embargo, para quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente -esto es, antes de la sentencia-, se aplicará esa misma pena, pero en condiciones ordinarias de ejecución, mientras que los que no colaboren con la justicia, y sean hallados culpables, arriesgan penas de hasta 20 años de prisión.
Otro de los puntos...
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