Suprema mantiene criterios de Contraloría al obstaculizar despidos de personal a contrata del Gobierno
El último fallo de la Corte Suprema que obstaculiza los despidos de personal a contrata del Gobierno ha despertado debate en el ámbito judicial. Esta resolución sigue los mismos criterios jurídicos que tiene en la actualidad la Contraloría General de la República.
Así lo confirma un análisis de jurisprudencia de 61 sentencias -desde 2006 hasta la actualidad- realizado por el Observatorio Judicial, que concluye que comparte el criterio del órgano contralor de que si existe una relación laboral a contrata que excede los dos años y se renueva reiteradamente se transforma en una relación indefinida. Por lo tanto, en caso de que ya no se necesite la contrata deberá avisarse a más tardar el 30 de noviembre, antes de que se renueve la designación.
El fallo exige que el acto administrativo que pone término a la contrata contenga "el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta".
La sentencia del 13 de marzo de 2018 del máximo tribunal acogió un recurso de protección interpuesto por un ex funcionario público contra la Superintendencia de Valores y Seguros. El funcionario, que se encontraba sujeto al régimen a contrata, fue desvinculado de la administración pública luego de que la superintendencia no renovara su designación.
En un fallo dividido, la Tercera Sala acogió el recurso argumentando que cuando ha habido renovaciones de empleos a contrata por más de dos períodos, ello se traduce en "relaciones indefinidas para el Estado". De hecho, la sentencia va más allá, y argumenta la necesidad de que se expresen las razones del término laboral. Además, revisaron los fundamentos del acto administrativo dictado por la Superintendencia de Valores y Seguros, y al no encontrarlos satisfactorios, ordenó la reincorporación del funcionario.
La decisión se adoptó con los votos de los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz. La disidencia fue de los ministros Rosa Egnem y Arturo Prado.
La contrata es la forma más común de contratación entre los funcionarios públicos y tiene un "carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución". Esta relación laboral dura hasta el 31 de diciembre de cada año y no puede ponérseles término de manera anticipada, pero sí pueden ser prorrogados con 30 días de anticipación a lo menos.
La Contraloría ha sostenido que "cuando una designación a contrata ha sido dispuesta con la fórmula 'mientras sean necesarios sus servicios', el superior puede...
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