Superintendencia de Educación Superior - 16 de Julio de 2013 - El Mercurio - Noticias - VLEX 449284270
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Superintendencia de Educación Superior

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Vincent

Pese a las protestas de los estudiantes, la tramitación de los proyectos educacionales sigue avanzando con sorprendente lentitud. Cierto es que los jóvenes que protestan preferirían que tales proyectos no avanzaran y, más aún, que fueran retirados, para orientar la discusión política y legislativa hacia otras materias. Tienen para ello motivos ideológicos y vinculados a sus estrategias y tácticas de movilización bastante obvios, que incluso han hecho explícitos en no pocos casos. No obstante, son los dirigentes políticos -y, redobladamente, los parlamentarios- quienes tienen la responsabilidad de buscar soluciones a los problemas que se han detectado en el sistema nacional de educación superior. Y esto, con independencia del vocerío de los violentistas en las calles, y de las presiones estudiantiles mismas: se presume que su función se debe, antes que nada, al interés nacional común, y no al de grupos.

Según se ha informado, la ministra de Educación, Carolina Schmidt, ha resuelto impulsar uno de esos proyectos clave, el de la Superintendencia de Educación Superior. El origen de la propuesta gubernativa guarda relación con la prohibición del lucro para las universidades, que no rige para los centros de formación técnica ni los institutos profesionales. Al parecer, el proyecto se ha trabado debido a discrepancias relativas a las transacciones con empresas relacionadas que pueden realizar las universidades. Como se ha dicho, de las 59 universidades chilenas, 53 de ellas -públicas y privadas- tienen 366 empresas relacionadas, y a través de algunas de ellas se podrían estar retirando excedentes. Si bien parece ser una realidad que en la mayoría de los casos tales empresas solo cumplen tareas académicas, como pueden hacerlo las casas editoriales u otras que gestionan patentes, se ha hecho gran caudal de este vacío en la legislación chilena que prohíbe el lucro en esas instituciones, pero no lo define ni lo sanciona. Y, efectivamente, en algunos casos, las empresas inmobiliarias que pertenecen a los mismos dueños de las universidades se han prestado para celebrar contratos...

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