Quién es el 'super' de Medio Ambiente que vigila a mineras, salmoneras y eléctricas
"Eran tan pobres que ni siquiera estaban en los registros de pobreza oficiales... estaban aislados, fuera del mapa de la gente que necesita ayuda". Eso es lo que más le impresionó a Juan Carlos Monckeberg (36 años, geógrafo y primer superintendente de Medio Ambiente) en su trabajo de 13 meses con los recolectores de algas de Lebu, en el golfo de Arauco, hace once años. Ahí, entre el barro y el mar, en el "paisaje potente" de Isla Mocha, Chimpe, Morguilla y Millongue, haciendo el "Servicio País" de la Fundación para la Superación de la Pobreza, se dio cuenta de que quería trabajar en el sector público.
Lo logró. Pero primero estudió (tiene un magíster en Derecho Ambiental en la U. de Chile), se fogueó en una consultora ambiental (Jaime Illanes Consultores), trabajó en una hidroeléctrica (la australiana Pacific Hydro) y luego entró al sector público, como jefe de fiscalización del Sistema de Evaluación Ambiental. Hoy tiene en vilo a la mayor productora de oro del mundo, Barrick Gold, por haberle cursado una multa de US$ 16,4 millones y paralizar su proyecto más emblemático, Pascua Lama. Y consiguió que salmoneras, eléctricas, mineras y gran parte de las empresas estén inquietas por su cumplimiento ambiental.
¿Sanción ejemplificadora? "Es evidente que al aumentar las sanciones en cerca de 240 veces, la intención del legislador con la nueva ley fue generar un efecto disuasivo", comenta. Las sanciones máximas pasaron de $20 millones a $4.800 millones.
Monckeberg es el primer superintendente de Medio Ambiente, aunque aún es subrogante mientras la Alta Dirección Pública dilucida si se queda o no en una organización que debutó en enero de 2013 y a la que llegó en junio de 2012 para ponerla en marcha. En sus cinco meses de vigencia, la SMA ha infraccionado a tres salmoneras, multó y paró a la minera Pascua Lama y se prepara para fiscalizar las emisiones de las termoeléctricas.
Admite que las compañías no estaban preparadas para esta nueva entidad. "Yo creo que no han leído la ley", comenta. Porque el organismo que dirige es una especie de "policía ambiental", que tiene instrumentos y equipos sofisticados para detectar infracciones, una fuerza de 90 funcionarios altamente especializados y la colaboración de todas las otras superintendencias (servicios sanitarios, electricidad, salud, etc.) así como de la brigada de delitos ambientales de la PDI, el SAG, etc.
Para entrenarse han recurrido a la agencia extranjera con más experiencia: la Agencia de...
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