Subsidios al transporte en regiones superan por primera vez el presupuesto disponible
Desde que en 2009 se creara la denominada "Ley Espejo", que iguala el aporte que cada año efectúa el Estado para subsidiar el Transantiago con un monto idéntico para las regiones, una serie de proyectos de infraestructura de transporte y subsidios a los servicios en zonas aisladas y/o rurales se han visto beneficiados con estos montos.
Una inversión que en la Ley de Presupuestos 2018 supera los US$ 858 millones para el transporte regional, pero que enfrenta problemas como la falta de competencias técnicas en algunas regiones para presentar proyectos viables, o que un porcentaje de los recursos se está destinando a iniciativas que nada tienen que ver con transportes.
Ahora se sumó una nueva complejidad: por primera vez, los servicios subsidiados y comprometidos superan el presupuesto para financiarlos. Lo confirma la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien sostiene que trabajan soluciones para enfrentar la brecha: "Es una estimación preliminar, pero calculamos que el déficit fluctúa en torno a $5.000 millones".
La administración de los fondos sigue un diseño enrevesado (ver infografía), pero que en términos simples se distribuye en un tercio al Ministerio de Transportes y los otros dos al Fondo de Apoyo Regional (FAR). En el primer caso la cartera los asigna a programas para mejorar la conectividad en zonas aisladas y rurales, financiar la renovación del transporte público en regiones y subsidiar pasajes. En el segundo, los gobiernos locales deciden su uso. Es en la partida de Transportes donde se produjo el déficit, que se detectó tras ordenar los contratos para este año y cuadrar las cuentas, comparados con los recursos disponibles.
Mayor fiscalización
Según la actual administración, el problema se arrastra desde fines del gobierno anterior, por la inexistencia de suficientes herramientas para controlar los más de 1.700 contratos vigentes. En algunos casos, estos comenzaron a operar sin tener los convenios formalizados. "Prefiero ser bien pensada, pero los contratos y el cuadre de cuentas no se hicieron con el rigor que se necesitaba", afirma Hutt, quien lo atribuye al frenesí propio del término del gobierno.
El Ejecutivo busca asegurar que el déficit no afecte la continuidad de los servicios, que en localidades de Aysén y Magallanes resultan vitales. Es el caso de Villa O'Higgins, cuyo alcalde Roberto Recabal está pidiendo ampliar a tres las frecuencias semanales del subsidio aéreo: "Hoy tenemos dos, con siete pasajeros en cada viaje...
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