Subsidiariedad y Estado social - 9 de Agosto de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 908496252
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Subsidiariedad y Estado social

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Vincent

En el fragor político de imaginar escenarios posplebiscito, algunos dirigentes reiteran una afirmación errada: que la subsidiariedad sería incompatible con un Estado social. Sea que se pronuncie como transacción anticipada en búsqueda de acuerdos ante el eventual rechazo del borrador plebiscitado, o como reiteración de una consigna favorita en la campaña que promovió el actual proceso, se trata de un error conceptual. Clarificarlo puede contribuir a despejar de impurezas el debate, a la hora de discutir el marco que nos regirá luego del 4 de septiembre.En lo conceptual, la subsidiariedad es compatible con un despliegue social activo del Estado ya desde su primera formulación política por el obisbo Von Ketteler, en la Alemania de mediados del siglo XIX. El profesor, diputado y prelado de Maguncia fue el primer pensador que sugirió rescatar la obligación social del Estado de desbordar el liberalismo propio del " laissez faire ", pero siempre respetando la autonomía de las agrupaciones intermedias. Especialmente orientado a reconocer sindicatos y derechos del obrero, este primer paso en la doctrina social de la Iglesia Católica orientó luego a los papas León XIII, en 1891, y Pío XI, en 1931, para enmarcar la subsidiariedad. Este sería un principio dinámico y flexible en las respectivas encíclicas: un Estado respetuoso de las libertades de la persona, sin suplantar lo que las asociaciones pueden lograr por sí mismas, pero convocando al Estado a contribuir activamente al bien común y la cuestión social. Sabemos que estas primeras ideas irradiaron a las definiciones políticas del siglo XX.En lo jurídico, las formulaciones de la subsidiariedad en el Tratado de la Unión Europea, y nuestro propio artículo 1° en la Carta Fundamental actual, permiten el juego de esta dinámica de distribución de competencias. Donde los estados (Europa) o cuerpos sociales (Chile) estén capacitados para actuar, no se les reemplaza; se les regula, fiscaliza, orienta, pero sin suplantaciones. Allí donde requieren apoyo estatal para beneficio del bien común, la misma subsidiariedad impone al Estado el deber de estimular ese rol social pendiente, o asumirlo directamente -sin asfixiar esfuerzos privados-, hasta asegurar "la mayor realización material y espiritual posible", como reza la Constitución.Pero, además, pregonar el divorcio entre...

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