Subsecretario advirtió dos veces al Segundo Piso sobre efectos de desistirse de Ley Antiterrorista
"La Presidenta tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero yo veré lo que tengo que hacer luego".
El mensaje, desde Buenos Aires, no dejó dudas entre quienes lo conocieron ese viernes: el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, no solo no compartía la decisión del Gobierno de pedir levantar la calificación de delito terrorista para el ataque a un templo evangélico del que estaban acusados cuatro comuneros mapuches en huelga de hambre, sino que estimaba que una resolución así era incompatible con su propia permanencia en el cargo.
El punto es clave para dilucidar la aparente contradicción entre las versiones que se han conocido desde que Aleuy se reuniera el martes pasado con la Presidenta Michelle Bachelet y se anunciara después el inicio de un feriado de 18 días cuyo desenlace es hoy una incógnita. Porque, mientras en el PS y el mundo político se ha dicho que el enojo del subsecretario obedece a no haber sido informado oportunamente de lo que pasaba, fuentes de La Moneda han insistido en señalar que en realidad el alto funcionario sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en Palacio ese viernes, cuando las autoridades negociaban intensamente con los familiares de los huelguistas. ¿Quién tiene la razón? En rigor, ambas versiones.
Miembros del equipo de Aleuy estuvieron al tanto de lo que ocurría en la reunión en que, la mañana del viernes 29, el ministro del Interior, Mario Fernández, y la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte, recibieron a los familiares de los huelguistas. Una cita en la que los representantes del Gobierno fueron golpeados por la decisión del juez de Garantía de Temuco, Mauricio Torres, quien rechazó la solicitud de Interior de rebajar a los comuneros la medida cautelar de prisión preventiva (ver página 6). Con ello se venía abajo la estrategia de La Moneda de intentar desactivar la huelga consiguiendo que los imputados pudieran volver a sus domicilios. Entonces, empezaba a esbozarse la posibilidad de que el Ejecutivo hiciera lo que hasta el día anterior aseguraba que no haría: pedir la recalificación del delito.
La primera advertencia fue antes de viajar
El rechazo de Aleuy a esa salida era algo que tenían claro todos los que en La Moneda se habían involucrado directamente en el manejo del caso. En efecto, cuando el miércoles 28 se resolvió apostar a rebajar las cautelares, también se concordó que ese era el límite máximo que el Gobierno podía ceder. El mismo subsecretario habló el tema con Ana...
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