SQM y Corfo alistan artillería para enfrentar la polémica por el millonario contrato por el Salar de Atacama
Célebre en el mundo por su atractivo turístico, el Salar de Atacama es hoy un objeto de disputa entre el Estado, representado por Corfo, y la minera SQM, controlada por Julio Ponce. En medio de los escándalos por el financiamiento ilegal a la política que tiene a la compañía no metálica como una de sus protagonistas, la entidad fiscal pidió, en el marco del juicio arbitral con la firma controlada por Julio Ponce, terminar con el contrato por la explotación de 28.054 pertenencias mineras en este depósito salino, el tercero más grande del mundo en su tipo.
Aunque no hay nada oficial aún, puesto que las partes están en lo formal en un arbitraje y en período de conciliación, lo cierto es que el 11 de junio el comité ejecutivo de Corfo decidió pedir el término del contrato e intentar que otros actores exploten la zona, rica en nitratos, potasio y litio, así como otros minerales. De hecho, la entidad fiscal ya trabaja en crear un comité para que privados exploten estos recursos. Una decisión, señalan conocedores del acuerdo, que ha causado molestia porque Corfo rompió el deber de confidencialidad del arbitraje.
Terminar el convenio no es fácil. Primero, porque existe un acuerdo que expira en diciembre de 2030 y que extraoficialmente SQM valora en US$ 6 mil millones. Segundo, porque además de Julio Ponce hay inversionistas extranjeros que pusieron sus fichas en la compañía y en sus actividades en el Salar. Y tercero, porque el desarrollo de este conflicto está muy ligado al desenlace de las acusaciones de financiamiento ilegal a la política de parte de SQM.
Según BICE Inversiones, la disputa podría durar uno o dos años si las partes no llegan a un acuerdo conciliatorio. Quien quede descontento puede recurrir a la Corte Suprema.
La pelea es de proporciones. Según SQM, los productos que vienen del Salar de Atacama representan el 39% de sus ventas totales, que llegaron en 2014 a US$ 2.014 millones. Corfo, en tanto, estima que esta porción es mayor, de entre 60% y 75% de los ingresos. En el mercado calculan que un cambio en el contrato de explotación del Salar de Atacama afectaría entre 45% a 50% de la facturación global de la minera no metálica.
Corfo tiene como asesores legales externos a Ignacio Vargas y Joaquín Morales y el caso es llevado por el fiscal Pablo Lagos Puccio, primo del vocero de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio, quien fue director en Pampa Calichera (controladora de SQM) en 2012 y 2013.
Y un dato anecdótico. La...
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